Desde que triunfara la moción de censura, que hizo a Pedro Sánchez Presidente, la esperanza de una reforma laboral ha estado ahí, pero sin que acabase de pasar del espectro a la realidad. Llegada la mitad de la legislatura llego el momento de pasar de las musas al teatro, y de poner nombres y apellidos a lo que realmente se va hacer. O lo que es lo mismo pasar del fetichismo de las palabras a la “dura lex” del BOE.
Quienes cotidianamente operamos en juzgados y tribunales, en defensa de los derechos de la clase trabajadora sabemos perfectamente cuales son los aspectos más lesivos de las sucesivas contrarreformas laborales que se han venido haciendo, de la mano de PP y también PSOE, en los últimos 39 años. Creo que a nadie se le escapa, sobre todo a quien lo sufre en sus tajos, que el problema de la temporalidad y la precarización de derechos, que ello conlleva, viene de la mano de una realidad, que existe, pero muchas veces se niega: En España el despido es libre. Pagado, pero libre, a discreción de la empresa. Y todas las contrarreformas dictadas han tenido como objetivo básico abaratar el despido, lo cual hace que hoy sea mas fácil despedir a un trabajador/a que resolver un contrato de permanencia con una empresa de telefonía. Por eso escuchar que en la reforma laboral en ciernes no se va tocar el tema del despido resulta claramente frustrante.
“En España el despido es libre. Pagado, pero libre, a discreción de la empresa”
La legislación laboral vigente aun garantiza derechos a la parte trabajadora, pero su ejercicio se hace muy difícil cuando se sabe que se te puede despedir, incluso de forma improcedente, de forma muy barata y a veces hasta gratis, porque resulta muy fácil simular insolvencias para trasladar ese coste al Fondo de Garantía Salarial, para que seamos todos y todas quienes paguemos decisiones arbitrarias e ilegales. Es difícil nadie se niegue a hacer excesos de jornada por encima de su contrato tiempo parcial, si sabe que le pueden despedir; lo mismo negarse a currar sin tener vacaciones o no hacer horas extra, por poner solo algún ejemplo cotidiano. Por lo tanto, establecer que la opción de readmisión, en caso de despido improcedente, sea del trabajador, es un elemento imprescindible para superar la precarización. Y por supuesto recuperar, cuando menos, la indemnización de 45 días de salario, por año trabajado, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 1 año, eliminando la actual limitación a un máximo de 24 mensualidades, y como no la recuperación de los salarios de tramitación, con independencia que exista o no readmisión.
Dichas contrarreformas previas han tenido como otro instrumento de abaratar el despido, para desvalorizar la fuerza del trabajo, el despido objetivo, del Art. 52 del Estatuto de los Trabajadores. Es tanto así que a día de hoy se puede despedir, con solo 20 días por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades, por el mero hecho de tener expectativas de perdida beneficios en años venideros, lo cual resulta un total escándalo. Por lo tanto, una reforma laboral, que pretenda reequilibrar la relación trabajo capital exige también prohibir los despidos por causas económicas en empresas con beneficios y cuado menos elevar, en este tipo de despido, la indemnización a 33 días sin limites de mensualidades. Con ello se ayudaría bastante a evitar deslocalizaciones empresariales como las que con tanta frecuencia hemos vivido en Asturies, donde empresas caza subvenciones han venido cogido el dinero y marcharon dejando detrás un páramo laboral.
Podríamos hablar también de la necesidad de recuperar la autorización preceptiva por parte de la autoridad laboral en todo tipo de ERES y ERTES, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la vuelta a la plena ultractividad de los convenios; la prioridad del convenio general sobre el de empresa; o la eliminación de prestamismo laboral, la supresión de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs); modificar la legislación concursal, donde el despido aun es más barato,por situar los aspectos mas demenciales de la legislación vigente.
Todo lo anterior debería llevarnos a un nuevo Estatuto del Trabajo, que codifique una legislación que responda a la recuperación de la causalidad en el empleo, la protección de la fuerza del trabajo por encima de la fuerza del capital y la democratización de las relaciones socio-laborales. El gobierno de cohabitación progresista tiene una gran oportunidad de no defraudar a quienes depositaron sus esperanzas en que sus palabras iban a convertirse en hechos. ¿Lo hará?, si lo hace que el electorado se lo premie, sino que las urnas le den la oportuna respuesta.
