La CSI y otros síndicatos de ámbito territorial, los vascos ELA, LAB y ESK, los gallegos CIGA y CUT, el andaluz SAT, y otras organizaciones como las intersindicales valenciana, canaria y catalana han redactado un manifiesto conjunto en el que critican el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE. Los sindicatos firmantes consideran que el pacto alcanzado “no deroga ni la reforma laboral del 2012 ni tampoco la reforma laboral del 2010 Gobierno de Zapatero”. Señalan también que “la prioridad del gobierno de atraer a la patronal al acuerdo le ha otorgado a esta última el derecho a veto, y la falta de presión y movilización de los sindicatos firmantes ha derivado en una Reforma Laboral hecha a la medida de los intereses de la patronal”.
“La prioridad del gobierno de atraer a la patronal al acuerdo le ha otorgado a esta última el derecho a veto”
Los síndicatos firmantes, algunos de ellos mayoritarios en sus comunidades autónomas, ponen especial énfasis en que la Reforma Laboral no contempla medidas para “corregir la estatalización de la negociación colectiva impuesta por las reformas laborales de 2010 y 2012, por lo que los convenios sectoriales acordados en nuestros territorios seguirán subordinados a los convenios estatales”. Según estas organizaciones “el marco estatal de negociación se ha demostrado menos combativo y la sacralización que esta reforma hace de ese marco es un intento de atenuar las luchas sindicales de los territorios”.
La otra crítica a la Reforma Laboral es que no modifique la normativa establecida por la reforma laboral de 2012 en materia de despidos. “Tal y como hemos visto durante estos últimos años, la patronal ha utilizado esta reforma para despedir a las y los trabajadores de forma unilateral, sin ninguna garantía ni defensa para las y los mismos” denuncian.
Para los sindicatos que firman el manifiesto la propuesta de Reforma Laboral se ajusta a las exigencias de Bruselas y sus chantajes para poder acceder a los Fondos Europeos, que definen como “ayudas económicas a las grandes corporaciones para que puedan hacer frente a los cambios estructurales que necesitan abordar”.
“Si el Gobierno más progresista del Estado español no tiene capacidad para derogar la Reforma Laboral, ni de hacer políticas en beneficio de la clase trabajadora y las clases populares, queda claro que el único camino para un cambio de modelo, también para la clase trabajadora del Estado, es el ejercicio del derecho a decidir de los pueblos, para que seamos los pueblos quienes decidamos libre y democráticamente nuestro futuro y por supuesto también nuestro modelo socioeconómico” concluyen los sindicatos firmantes del manifiesto.
