Mucho se está hablando estos días sobre el acuerdo en materia de legislación laboral que acabamos de firmar. Sin duda los resultados no han defraudado las expectativas, pero han sido necesarios meses de movilizaciones y duras negociaciones para conseguirlo. El acuerdo responde, en la forma y en el fondo, a lo que necesita el país, lo que necesitamos las trabajadoras y trabajadores.
En la forma porque deja atrás las políticas de recortes tras la crisis financiera. Luis de Guindos no se equivocaba cuando alardeaba por Europa de que habían impuesto una reforma “extremadamente agresiva”: consiguieron desmantelar derechos laborales, universalizar la precariedad y dar un cheque en blanco a las empresas para despedir. Buscaban individualizar las condiciones de trabajo y, por lo tanto, imponer la ley del más fuerte, rompiendo el juego de equilibrios que debe caracterizar cualquier sistema laboral democrático.
Gracias al acuerdo que acabamos de alcanzar, no solo se ponen los pilares fundamentales para corregir esa situación, sino que, al contrario que hace diez años, el nuevo marco normativo es fruto del acuerdo y del diálogo social: tiene legitimidad para permanecer en el tiempo y con ello articular una nueva legislación capaz de afrontar los retos del futuro.
Y en el fondo porque deroga los aspectos centrales de las reformas laborales anteriores: se introducen medidas para garantizar más estabilidad en el empleo, recuperar derechos laborales y reforzar la protección en el trabajo.
“Hemos doblado el pulso a las políticas que pretendían debilitar y expulsar del escenario a las organizaciones sindicales”
Hemos conseguido cambiar la lógica de la temporalidad por la estabilidad en la contratación. Las nuevas modalidades recuperan la causalidad, así que nos han de permitir abandonar el podio europeo de la vergüenza, pues tenemos el triste honor de estar a la cabeza en temporalidad (solo nos supera Polonia) y de personas que aun trabajando no pueden salir de la pobreza. También se consolida el modelo de ERTE que se ha puesto en marcha durante la pandemia y que ha resultado ser una excepcional medida para evitar los despidos, garantizando prestaciones y formación, sin destruir empleo.
Hay que destacar otro aspecto: las organizaciones sindicales y los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras volvemos a la centralidad en la negociación de las condiciones de trabajo, de tal manera que se recupera la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial y de jornada, también la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos (la vigencia del que se negocia hasta que haya uno nuevo) y una nueva regulación más garantista de la subcontratación.
Sin duda hemos doblado el pulso a las políticas que pretendían debilitar y expulsar del escenario a las organizaciones sindicales, las mismas de quienes gritaban en el Congreso “que se jodan” refiriéndose a las personas sin trabajo, o las que defienden un modelo laboral basado en el abuso de poder y el miedo (“te callas o te echo”).
Pero quizás, y lo dice un representante de los trabajadores y trabajadoras, lo más destacable es que este acuerdo se produce en un momento político clave, a mitad de legislatura, con la derecha y la extrema derecha tiradas al monte. Frente a los recortes de antaño, el ruido e incluso el odio que ahora están intentando generar, el país necesita estabilidad, convivencia y ofrecer certezas para seguir avanzando en igualdad y derechos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, el acuerdo sobre el sistema público de pensiones y ahora sobre la reforma laboral son el camino para avanzar, para mejorar la vida de la mayoría de este país. Y también es el mejor antídoto contra quienes utilizan las instituciones para socavar la democracia.
“Frente a los recortes, el ruido yel odio, el país necesita estabilidad, convivencia y ofrecer certezas para seguir avanzando en igualdad y derechos”
Sin duda es un buen acuerdo para coger fuerzas. Tenemos que seguir haciendo frente a la pandemia y garantizar una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Para conseguirlo hay que poner orden en el oligopolio eléctrico y evitar que la factura de la luz ponga contra las cuerdas a millones de familias y de empresas, provocando también una subida generalizada de precios. Debemos poner freno a esos empresaurios que llevan años bloqueando convenios (una década en el caso del de la hostelería de Asturias), que ofrecen subidas salariales irrisorias (en el de la limpieza de Asturias defienden 0,53 euros de subida mensual) o que piensan que es el momento de desmantelar el sistema de protección social justo ahora, en mitad de la crisis más grave desde la Guerra Civil, eliminando las prestaciones que luchan contra la pobreza grave y severa (la patronal asturiana de la construcción sin ir más lejos).
Lo importante es que hoy estamos en mejores condiciones que ayer para afrontar los retos que más preocupan a la mayoría de nuestro país.
