El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba el bono al alquiler joven dotado con una ayuda de 250 euros y destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el IPREM. La cuantía cubriría alquileres por un importe máximo de 600 euros y hasta 900 en zonas tensionadas, también reconoce como beneficiarios a inquilinos de habitaciones por importe de hasta 300 euros.
Veníamos acostumbrados a que la política de vivienda en el marco estatal quedase relegada a propuestas bizarras como las KeliFinder o directamente a la inacción así que mejorar lo presente no era tarea difícil, pero tengo ciertas reservas sobre la medida. Pedro Sánchez ha vuelto a salir en tono triunfalista, diciendo que esta medida empodera a la juventud. Pienso que la mejor forma de empoderar a la juventud es proporcionarle las medidas para que pueda desarrollar un proyecto de vida independiente, en ese aspecto no hay mejor medida que promover el acceso al mercado laboral en condiciones dignas.
Sánchez afirma que la Ley de Vivienda será el quinto pilar del Estado del Bienestar, pero un bono joven al alquiler sin Ley de Vivienda es empezar la casa por el tejado. Podemos hablar de los informes desfavorables de un caduco Consejo General del Poder Judicial y podrán poner mil excusas para retrasar la tramitación del proyecto legislativo, pero un Gobierno tiene la función de gobernar y no debería dejar pasar la pelota. Como dato menor creo necesario recordar que somos el Estado de la UE con el parque de vivienda pública en alquiler más pequeño.
Probablemente tengamos aspectos de la Ley de Vivienda que sean mejorables, pero es necesario intervenir en el mercado del alquiler desde lo público. Por un lado, para que no sea una jungla especulativa que degrada las ciudades e impide el acceso a la vivienda digna y por otro para dar más garantías a inquilinos y pequeños propietarios frente a prácticas especulativas. Decía la Ministra Raquel Sánchez que con el umbral de 900 euros en Madrid se cubre el 30% de la oferta de alquiler y en Barcelona el 20%. Es un dato terrible, porque indica que un 70%-80% del alquiler en las grandes ciudades se situaría por encima de los 900 euros, si esto es tolerable, que nos digan con qué sueldo quieren que coman los y las jóvenes después de pagar el alquiler. La medida quizás pueda ser beneficiosa en aquellas zonas no tensionadas, pero se corren ciertos riesgos, por ejemplo, en las comunidades autónomas con alquileres más bajos pero que han experimentado subidas importantes en los últimos años, nadie garantiza sin una regulación de precios que en medio plazo las rentas más económicas se adapten al umbral máximo, convirtiéndose de esta forma en un bono casero más que en un bono joven.
“Probablemente tengamos aspectos de la Ley de Vivienda que sean mejorables, pero es necesario intervenir en el mercado del alquiler desde lo público”
Por otra parte, recuerdo la adopción del término ‘cogobernanza’ para definir lo que debería ser la colaboración entre diferentes Administraciones y actores políticos. En este caso, si las competencias en materia de vivienda están transferidas a las diferentes Comunidades Autónomas quizás hubiese sido adecuado abordar previamente esta medida con ellas y analizar su encaje con programas autonómicos, quizás también hubiese sido positivo contar con la participación de los propios jóvenes como parte interesada en el desarrollo de la medida. Parece que se repiten malos vicios en la concepción o diseño de las políticas de juventud que conducen a la ‘cogobernanza’ o el ‘empoderamiento’ por decreto.
Mientras tanto, el primer semestre de 2021 el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España registró el dato más bajo de emancipación juvenil del siglo XXI (14,9% estatal; 13,9% en Asturias) y el reciente Informe FOESSA indica que 2,7 millones de personas entre 16 y 34 años están afectados por procesos de exclusión social intensa. Esta es la realidad y no podemos construir una vida sobre parches.
