Amnistía Internacional compara la situación de Palestina con la Sudáfrica del Apartheid y pide sanciones para Israel

Carlos de las Heras estuvo esta semana presentando en Asturies el último informe de la ONG sobre la guerra del sionismo contra la población palestina.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

En 2019, las fuerzas armadas israelíes mataron a 214 civiles palestinos, 46 de ellos menores de edad. Es tan solo la punta del iceberg de un sistema colonial que ha convertido a la población palestina en una “amenaza demográfica” y trabaja activamente para “privilegiar a la población israelí judía en el reparto de tierras y recursos, y reducir al mínimo la presencia y el acceso a la tierra de la población palestina”. Carlos de las Heras, responsable de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados de Amnistía Internacional España estuvo esta semana en Asturies para presentar el exhaustivo informe El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad“. Un trabajo de casi 200 páginas que documenta cómo “las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina” son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivalen a las leyes y las prácticas del apartheid sudáfricano vigentse en este país contra la población negra y otros grupos étnicos desde 1948 hasta 1991. Este sistema se mantiene con violaciones de derechos que, concluye Amnistía Internacional, “constituyen apartheid como crimen de lesa humanidad según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid“. Si la caída del apartheid sudafricano pudo ser posible gracias a la combinación de la lucha en el interior del país y una ola de solidaridad internacional que fue aislando al régimen, Israel goza en cambio de una situación de impunidad que según Amnistía debe concluir. La organización pro derechos humanos reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a Israel, que debería abarcar todas las armas y municiones, así como sanciones selectivas, como el bloqueo de activos, “a las autoridades israelíes más implicadas en el crimen de apartheid”.

Presentación del Informe en la sede de la Coordinadora de ONGD´s de Asturies. Foto: Alisa Guerrero.

Al igual que durante las décadas del racismo institucional sudafricano, para Amnistía el sionismo se comporta con los palestinos y palestinas como un grupo racial inferior y al que se le priva sistemáticamente de sus derechos, ya vivan en los territorios ocupados o en el propio Israel. Con respecto al 19% de palestino que residen en Israel AI señala que “en 2018, la discriminación contra la población palestina cristalizó en una ley constitucional que, por primera vez, consagraba a Israel exclusivamente como el Estado nación del pueblo judío“. La ley también promueve la construcción de asentamientos judíos y rebaja la categoría del árabe como lengua oficial. Asimismo, otros grupos étnicos minoritarios como los beduinos, unas 68.000 personas, no están reconocidos por Israel, lo que significa que están desconectados de las redes nacionales de suministro eléctrico y de agua, y son blanco de reiteradas demoliciones, concluye el informe.

¿Cómo se practica este régimen de racismo institucionalizado? El informe que este jueves y viernes se presento en Xixón y en Oviedo/Uviéu explica cómo las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las “draconianas restricciones a la circulación en los territorios ocupados, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar”. El informe documenta también traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y homicidios ilegítimos tanto en Israel como en los territorios ocupados.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que estos actos “forman parte de un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población palestina y que se cometen con la intención de mantener el sistema de opresión y dominación”. Por tanto, constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid. Amnistía Internacional pide por tanto a la Corte Penal Internacional que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los territorios ocupados y pide a todos los Estados que ejerzan la jurisdicción universal “para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes de apartheid”.

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