El saneamiento industrial de la ría de Avilés, por su contaminación, y la regasificadora de Gijón, por su mala gestión ambiental, han recibido dos de las 48 “Banderas Negras” concedidas en España por Ecologistas en Acción, que ha puesto el foco sobre los vertidos relacionados con sistemas de saneamiento y depuración deficientes y los desarrollos urbanísticos invasivos en el litoral.
En su informe la organización critica que ahora se intente poner en marcha la regasificadora de Gijón, una infraestructura que califica de “ilegal” e “innecesaria”, especialmente en un momento en el que es necesario avanzar en la transición energética para hacer frente a la crisis climática.
Ecologistas en Acción no ve otra alternativa que no sea la demolición de la infraestructura al entender que “el futuro pasa por el desarrollo de las energías renovables y el abandono de las energías fósiles como es el gas”.
Sobre la ría de Avilés, la organización advierte de que el colector de aguas industriales que discurre por la margen derecha ha continuado sin recoger el agua residual de todas las industrias que hay establecidas en la zona, como es el caso de Fertiberia y Saint-Gobain, según detalla el informe.
Por ello, apuesta por tomar medidas para recoger el agua residual de todas las industrias y también por la completa legalización de la depuradora de Maqua y su acondicionamiento “para que pueda realizar esta función correctamente”-
48 banderas en toda España
Ecologistas en Acción ha presentado este martes el informe «Banderas Negras 2022», en el que explican que, “otro verano más se mantienen las problemáticas”, tras un análisis de los 8.000 kilómetros de costas españolas, en el que se ha adjudicado una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión a cada una de las provincias costeras españolas.
De las 48 banderas, 14 se han concedido por “vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración” y otras 10 corresponden a “la urbanización de la costa que invade el dominio público marítimo-terrestre”, las dos causas más abundantes de este año.
Por su parte, las “afecciones a la biodiversidad” (5 banderas negras), los “dragados y ampliaciones” (4), “el desarrollo de zonas industriales costeras” (4), la erosión del litoral (3), la acumulación de basuras marinas (3) y otras como la “acuicultura” y la “contaminación química” (4), son las otras causas que han justificado la concesión de banderas negras este año.
El informe destaca que “por primera vez se ha otorgado una bandera negra al impacto de las cremas de protección solar, un “importante agente contaminante” en Nerja, (Málaga), debido a la masificación turística en las playas semicerradas de las calas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Según los ecologistas, los filtros solares que incorporan las cremas de protección solar pueden contener sustancias como los disruptores endocrinos, que constituyen un “importante” peligro para la biodiversidad marina.
Sin embargo, ante estos “atentados ecológicos”, surgen “movimientos vecinales” concienciados con la salud de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos, “un impulso ante el que las diferentes administraciones hacen oídos sordos”, aseguran, por lo que “los cambios apenas son perceptibles”.
A pesar de la “lentitud de las administraciones”, existen algunos casos de éxito gracias a la movilización ciudadana, como por ejemplo las iniciativas jurídicas espoleadas por la presión social ante la crisis del Mar Menor (Murcia) o las mejoras en las depuradoras de Barbate (Cádiz) y Roquetas de Mar (Almería).
En el caso del Mar Menor, aunque se han observado “algunas mejoras debido a la presión social”, aún queda “mucho por hacer” en este ecosistema que pretende ser el primero de Europa con personalidad jurídica, y por ello sigue recibiendo una bandera negra.
La portavoz de Ecologistas en Acción, Ana Aldarias, ha señalado que a pesar de estos avances, ”tenemos que hacer hincapié en que son actuaciones que entran dentro de las obligaciones de las administraciones“, y que todavía “queda mucho por hacer”.
El también portavoz ecologista, Cristóbal López Pazo, ha añadido que este informe “es una herramienta para visibilizar casos flagrantes de contaminación y mala gestión ambiental de nuestras costas”, unos problemas ante los que las administraciones “deben actuar de manera inmediata” para “mejorar la salud de los ecosistemas, la economía y de las propias personas”.
