Golpe a la democracia

El Tribunal Constitucional desata la mayor crisis institucional de toda su historia

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Víctor Guillot
Víctor Guillot
Víctor Guillot es periodista y adjunto a la dirección de Nortes. Ha trabajado en La Nueva España, Asturias 24, El Pueblo de Albacete y migijon.

Mientras Núñéz Feijóo reclamaba este lunes el adelanto de las elecciones durante el bautismo popular de Diego Canga, candidato del PP en Asturias, el Pleno de Garantías del Tribunal Constitucional rechazaba la recusación de los magistrados caducados, interpuesta por PSOE y Podemos. Inmediatamente después, el Alto Tribunal se disponía a deliberar sobre las cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular mediante recurso de amparo con el que trataba impedir que el desbloqueo del TC continuara su tramite legislativo, cuya votación final estaba prevista para próximo jueves en el Senado. Después de más de 12 horas de discusión, su presidente, Pedro González-Trevijano, magistrado caduco, anunció el fallo (del que dependía su propia continuidad) a favor del recurso del PP, provocando la mayor crisis institucional de nuestro país, abriendo una enorme grieta en la arquitectura de nuestro sistema constitucional y atizando un auténtico golpe a la democracia española.

Por primera vez, en casi medio siglo de historia de nuestra Constitución, un órgano jurisdiccional interrumpe el procedimiento legislativo del Parlamento español, amordazado por unos magistrados que no quieren someterse al imperio de la ley, por muy defectuosa que sea, en términos técnicamente jurídicos. Ni siquiera la democracia más imperfecta debe suspenderse ante el uso fraudulento del derecho. El poder donde reside la soberanía popular no puede ser secuestrado por los intereses particulares de unos jueces parciales, ni el Tribunal Constitucional debe ceder a las presiones de un partido que anhela, antes que nada, una crisis institucional de la gravedad suficiente como para coaccionar a un gobierno, impeliéndole por la vía de los hechos a una convocatoria adelantada de las elecciones generales.

Pedro González-Trevijano

Por la vía de los hechos, hemos digerido la parcialidad del Tribunal. Mientras en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, situaba al país en un escenario apocalíptico, rechazaba una moción de censura a la que había sido invitado por VOX e instaba al Presidente del Gobierno a un adelanto electoral, en la sede del Tribunal Constitucional se colmataba un golpe al Parlamento que se ha ido pergeñando desde el día en que la derecha extrema y la extrema derecha calificaron, hace tres años, al gobierno de coalición como un gobierno ilegítimo. Era necesario que el Alto Tribunal lo declarase también, negro sobre blanco, en una sentencia judicial para cerrar la operación, aunque con ello hubiera que aceptar que un órgano jurisdiccional invadiera las funciones del Poder legislativo y rompiera el principio de presunción de constitucionalidad de todas las leyes hasta que son aprobadas en la sede de la soberanía popular. Quién necesita una moción de censura, teniendo a su lado al Tribunal Constitucional.

El Parlamento español ha sido humillado. La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, han reconocido que la instrumentalización del TC significa una degradación de nuestro sistema democrático. Ambos anunciaron, antes de que se cumpliera la medianoche, los recursos que, previsiblemente, se formularán ante la Fiscalía del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos, una vez se conozca el alcance y el contenido de la sentencia.

Las navidades están siendo realmente diabólicas. El próximo sábado se espera el discurso del Rey, Felipe VI, quien no parece haber intercedido en ningún momento para impedir el quebranto de la legalidad constitucional. Entendemos que el monarca no ha sido capaz de ser un arbitro en este conflicto sin precedentes que ha tensionado a las más altas instituciones del Estado que representa, hasta romperlas, dejando a la soberanía popular desarmada ante la intromisión de un órgano jurisdiccional. La decisión del Tribunal Constitucional afectará al conjunto del sistema, incluido también el Rey. Por el momento, al Parlamento sólo le queda acatar el fallo y al conjunto de la ciudadanía iniciar una movilización cívica en defensa de la legitimidad del Parlamento español y la democracia.

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