Subir el salario mínimo también beneficia a los que no cobran el salario mínimo

Aumentar la capacidad de consumo de las clases populares siempre tiene un efecto inmediato sobre la economía.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 8 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, situándolo así en el objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio al final de la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que el salario mínimo se ha incrementado un 47 % en los últimos cinco años y ha señalado que estas subidas no son “un dato más” sino que “permiten cambiar la vida de la gente”.

“Aumentar la capacidad de consumo de las clases populares tiene siempre un efecto inmediato sobre la economía”

Díaz ha defendido estos incrementos como la mejor herramienta para luchar contra la pobreza, reducir la desigualdad y también la brecha de género, ya que las mujeres son, junto con los jóvenes, el sector que peores salarios cobra.

La subida, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y consensuada solo con los sindicatos UGT y CCOO, afecta de forma directa a unos 2,5 millones de trabajadores, pero su radio de acción es mucho mayor. Y es que subir el salario mínimo también beneficia de manera indirecta a los que no cobran el salario mínimo ya que aumentar la capacidad de consumo de las clases populares siempre tiene un efecto inmediato sobre el consumo y la economía. Es fácil de entender que esos 80 euros más en los hogares de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras no se irán a una cuenta bancaria sino a comprar alimentos de más calidad, acudir a la consulta del dentista, adquirir ropa, o consumir servicios de ocio o restauración. Como apuntaba en su cuenta de Twitter el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, “mejorar los salarios y contener los márgenes de beneficios debe ser un objetivo prioritario de la política económica para reforzar la equidad, pero también para evitar un freno en el consumo de las familias que ralentice la inversión y la creación de empleo”.

Evolución del SMI desde 2.000. Fuente: Gobierno de España.

Pronósticos agoreros

En las antípodas de los estudios empíricos de los ganadores del Premio Nobel de Economía, David Card, Joshua D Angrist y Guido W. Imbens, en febrero de 2019 el Banco de España pronosticaba que la subida del SMI hasta los 900 euros destruiría 125.000 empleos. Sin embargo, lejos de cumplirse las predicciones de la institución presidida Pablo Hernández de Cos, a día de hoy, febrero de 2023, España tiene más afiliados a la Seguridad Social que en 2019, y un salario mínimo no de 900, sino de 1.080 euros.

El ejemplo español parece haber dado la razón a David Card y su equipo de economistas, cuyos trabajos de investigación desmienten que las subidas del SMI repercutan sobre la creación de empleo. Si algo se contrae cuando suben los salarios más bajos son los beneficios empresariales, y esto es lo que parece irritar a una parte de los economistas españoles, que siguen cargando contra la subida del SMI con argumentos que la realidad ha desmentido.

Trabajadores de Windar Avilés. Foto: Tania González

La política económica de la anterior crisis, de la que el Banco de España fue un entusiasta colaborador, buscó activamente la bajada de los salarios para recuperar las tasas de ganancia del empresariado en un contexto de crisis global. El gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, fruto del ciclo de protesta social iniciado en 2011, ha revertido parte de aquellas políticas. La reforma laboral ha disparado el empleo fijo y las sucesivas subidas del SMI nos han ido acercando a los países europeos con mejores condiciones laborales. El objetivo debería ser el progresivo abandono de nuestra especialización en una economía de bajos salarios para ir transitando hacia una economía dedicada a la producción de bienes y servicios con mayor valor añadido. Qué tipo de economía queremos para España es el debate político de fondo.

Entre la subida de las pensiones, del SMI, del ingreso mínimo vital y de los trabajadores públicos, el Gobierno beneficiará las rentas de 17 millones de personas. Medidas imprescindibles para evitar el desplome del consumo, pero insuficientes en un contexto de inflación desbocada. Mantener el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras requerirá una fuerte regulación de los precios. El problema es que no todo el Gobierno está dispuesto a limitar las ganancias de quienes se están haciendo de oro con la inflación aplicando el famoso consejo de la consultora Bain & Company a sus asesorados: “cuando los tiempos son difíciles, jodan a sus clientes mientras puedan hacerlo”.

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