Soy de los que piensan que las vacaciones de verano son fundamentales para el alumnado. Tras el estudio debe venir la recompensa, que es el descanso. Cuando existían los exámenes de septiembre, el verano se convertía incluso en una línea divisoria entre aquellas personas que habían aprobado todo, y tenían como recompensa dos meses para disfrutar, y aquellas otras que tendrían que sacrificar parte de su tiempo libre para compensar lo que no estudiaron durante el curso. Sin embargo, mi profesora de primero y segundo de primaria en La Llamiella, mi querida Raquel, nos ponía siempre unos deberes muy importantes en verano: leer. Lo que quisiéramos, pero leer. Estábamos aprendiendo a leer y había que reforzar el hábito. A veces los deberes para el verano son imprescindibles para forjar el futuro.
Nos encontramos frente a la constitución de un nuevo gobierno autonómico, lo que implica también una nueva Consejería de Educación (en el momento en que escribo estas líneas desconozco si van a seguir al frente de la Consejería las mismas personas o si serán otras). Durante este verano, los nuevos responsables de la Consejería deberían hacer muchos deberes, porque tienen mucha tarea pendiente, y porque planificar la próxima legislatura es, como las lecturas que Raquel nos encomendaba, imprescindible para forjar el futuro.
Las compañeras y compañeros que imparten clase en infantil y primaria están trabajando jornadas maratonianas, con un número de horas lectivas que no permite ni la preparación de las clases, ni la coordinación entre docentes, ni la realización de la absurda burocracia a la que nos somete la Administración
La Consejería debe planificar como va a llevar a cabo el cumplimiento del artículo 105 e) de la Ley de Educación, relativo a la reducción de jornada lectiva al profesorado de más de 55 años. Esta reducción va a suponer necesariamente un aumento de plantilla, que tiene que verse reflejado en los prepuestos que el gobierno presentará a finales del año 23. Si no se llega a tiempo para los presupuestos, no podrá aplicarse en el curso 24/25, y habrá que esperar otro año más para que el profesorado asturiano pueda disfrutar de un derecho que la ley le reconoce y que en otras comunidades ya está implantado. Lo mismo ocurre en lo relativo al artículo 1.2 de la Ley 4/2019, en el que se recomienda a las comunidades autónomas limitar el máximo de horas lectivas semanales del cuerpo de maestros a 23. Hace ya 4 años que los profesores de secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas artísticas logramos que se revirtiesen los recortes de Rajoy, que nos aumentaban la jornada lectiva para reducir el número de docentes. Esto suponía una merma en el tiempo que teníamos para preparar las clases, planificar la atención a la diversidad, o coordinarnos entre nosotros. En definitiva, una merma en la calidad de la enseñanza. Las compañeras y compañeros que imparten clase en infantil y primaria están trabajando jornadas maratonianas, con un número de horas lectivas que no permite ni la preparación de las clases, ni la coordinación entre docentes, ni la realización de la absurda burocracia a la que nos somete la Administración. Aun así, la enseñanza sigue funcionando. Sigue funcionando porque el profesorado carga sobre sus espaldas las carencias del sistema, trabajando un montón de horas extra no remuneradas, superando con creces la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, para poder dar respuesta a las necesidades de su alumnado. Un alumnado cada vez más diverso, que necesita una atención cada vez más individualizada en las etapas que, precisamente, son la base sobre la que se van a depositar el resto de aprendizajes durante toda su vida.
La Consejería debe planificar un curso bajo la nueva ley educativa con las cosas claras. Que el profesorado no tenga, como durante el presente curso, que realizar «situaciones de aprendizaje», programaciones «multinivelares y dualizadas», y demás jerga «lomloeniana» sin que nadie nos diga qué es toda esta ininteligible neolengua ni, menos aún, cómo realizar eso que nos piden, y que no sabemos lo que es. No es de recibo que la respuesta sea un cursillo a mitad del curso académico, con pocas plazas, y del que fuimos excluidos la gran mayoría del profesorado.
La Consejería debe presentar en septiembre una alternativa realista para evaluar al alumnado. Debe ser en septiembre porque nuestro sistema educativo se basa en el principio de evaluación continua, esto quiere decir que no se evalúa únicamente en junio para poner las calificaciones finales, sino que la tarea evaluadora se extiende a lo largo del curso, siendo la calificación final el resultado de este largo proceso. Y debe ser realista porque la propuesta realizada en el presente curso es ridícula, absurda, e impracticable. Aunque hay que reconocer que las alternativas que aparecen en algunas comunidades autónomas son incluso peores.
Si la Consejería de Educación no realiza este verano sus deberes, en septiembre suspenderá, como ya suspendió en junio. Y, sin ninguna duda, este suspenso significará repetir curso, porque significará repetir todos los errores del curso pasado en un interminable día de la marmota de despropósitos educativos.
