En 1985 España tenía 130 empresas públicas o semi públicas. Hoy la participación accionarial del Estado se limita a 16 empresas. La cifra más baja de la UE. El economista David Rivas, profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que la empresa pública cogió mala fama en España durante el franquismo. La dictadura, como la mayoría de países europeos después de la Segunda Guerra Mundial tiraría del Estado para la reconstrucción económica y para desarrollar un tejido industrial históricamente débil en España. Desde el punto de vista del crecimiento industrial la política sería relativamente exitosa. En 1975 el sector secundario aportaba el 30% del PIB español. La eficiencia de muchas de las grandes industrias públicas ya era otra cosa. La dirección de las empresas del Estado se llenaban entonces con excesiva frecuencia de políticos franquistas escasamente capacitados para desempeñar sus funciones, y cuya presencia al frente de estas tenía más que ver con recompensas políticas y premios a la fidelidad, que con una gran visión empresarial.
Lejos de acabar con esta costumbre, los gobiernos democráticos mantendrían la tendencia a colocar a políticos con escasa capacidad gestora al frente de las empresas del Instituto Nacional de Industria. La función de muchos de estos “gestores” era en la mayoría de las ocasiones más preparar el camino hacia la privatización, que lograr el relanzamiento de una industria pública que en torno a la Transición había entrado en crisis, por otra parte como buena parte del tejido industrial español. Llegados a la década de 1980 España no podía rivalizar en innovación y modernidad con los bienes fabricados por los países europeos más avanzados, pero tampoco era un país de sueldos baratos que pudiera competir con otros países donde la mano de obra cobraba menos. La crisis mundial capitalista, la apertura del mercado español con la entrada en la CEE, que limitaba la protección de los países a sus industrias nacionales, la aparición de nuevos competidores, sobre todo en Asia, con sueldos más bajos, y el desprestigio de las empresas públicas, asociadas a ineficiencia, sueldos altos y absentismo laboral, provocaron la tormenta perfecta para la desmantelación del tejido industrial de España, que en gran medida dependía de empresas estatales.
En 1985 España tenía 130 empresas públicas o semi públicas. Hoy la participación accionarial del Estado se limita a 16 empresas
Los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar se distinguirían por una furia privatizadora que dejaría esquelética la industria pública española. Después de invertir grandes sumas de dinero en sanear industrias públicas como SEAT o ENSIDESA estas serían vendidas muchas veces no “al mejor postor”, sino al mejor relacionado con el Estado. Un informe del Tribunal de Cuentas de 2005 dictaminó que durante los gobiernos de José María Aznar se vendieron en España 48 empresas públicas por debajo de su valor real.
Entre las empresas públicas vendidas por debajo de su valor estaba ENSIDESA. Francisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico de CCOO de Asturias, y durante muchos años sindicalista en la siderurgia pública, recuerda que desde el sindicato se luchó sin éxito contra la privatización, y cuando se dio la batalla por perdida, “reclamamos que al menos el Estado conservara lo que de aquella se llamaba la acción de oro, la capacidad de bloquear decisiones del accionariado privado”. No se logró. Eran los años en que economistas neoliberales como Álvaro Cuervo tenían barra libre en la prensa asturiana, y se hablaba despectivamente de Asturies como INI-landia o el último país socialista de Europa. ENSIDESA fue 100% privatizada. Aquello era el progreso y la modernidad. Hoy sin embargo el futuro de la locomotora económica regional depende exclusivamente de los intereses del multimillonario anglohindú Lakshmi Narayan Mittal. Por cierto, a pesar de su carácter exclusivamente privado, Mittal sigue recibiendo cada año cientos de miles de euros públicos.
Aunque la incorporación a la CEE y posteriorme el Tratado de Maastricht que fundaría la Unión Europea incentivarían la desmantelación del sector público, esta no era una tendencia irreversible. Rivas señala el sinsentido de que ENSIDESA se privatizase para acabar convirtiéndose en una empresa con participación pública del Gran Ducado de Luxemburgo. Otro tanto ocurriría con SEAT, vendida al grupo Volkswagen, donde el land, el estado regional de Baja Sajonia, sigue teniendo una participación fundamental. Y es que en países como Alemania, Francia, Suecia o Polonia el Estado sigue teniendo una importante cartera de participaciones accionariales en empresas estratégicas de la automoción, las aerolíneas, la energía o las telecomunicaciones.
En Alemania, Francia, Suecia o Polonia el Estado sigue teniendo una participación en empresas estratégicas de la automoción, las aerolíneas, la energía o las telecomunicaciones
La crisis del Covid19 está reabriendo el debate sobre la excesiva especialización de la economía española en el turismo y los servicios, la debilidad de la industria española, así como sobre la posibilidad de que el Estado participe en empresas estratégicas de nuestra economía. Esta semana los sindicatos CCOO y UGT señalaban la necesidad de que el Estado entrase en el capital de algunas empresas clave, dado que, según Pepe Álvarez, líder de UGT, “somos el único país de la Unión Europea que ha desaparecido de todos los sectores estratégicos”. Los sindicatos defienden que el Estado y la empresa pública deben ser agentes fundamentales en el proyecto de reconstrucción del país que defienden. Esta apuesta por la iniciativa del Estado supone toda una novedad después de muchos años de cautela en este tema. Para Prado Alberdi la crisis ha puesto de relieve que “no tenemos capacidad ni para hacer mascarillas: vivimos a costa del turismo y de ser un país de salarios bajos”. En opinión del presidente de la fundación de CCOO, “necesitamos un nuevo tejido industrial, pero la iniciativa privada piensa en el corto plazo y en los beneficios inmediatos, así que el Estado tendrá que jugar un papel clave”.
En clave asturiana, PODEMOS Asturies lleva tiempo proponiendo la entrada de capital público, nacional y autonómico, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), en empresas claves como Mittal, Viesgo, EDP o Alú Ibérica, la antigua ALCOA. En palabras de la portavoz de la formación morada en el Parlamento asturiano, Lorena Gil, el futuro del tejido industrial asturiano “no puede estar al albur de grandes empresas cuyos centros de decisión se encuentran a miles de kilómetros de aquí y fondos especulativos sin ningún compromiso con la industria asturiana”. El partido ha desarrollado un plan industrial en este sentido, y ha lanzado una campaña titulada “Recuperar nuestra industria es recuperar Asturies”. Enrique Gallart, redactor jefe de La Mayoría, y uno de los responsables del plan, considera que la Seguridad Social, la sanidad y educación pública, servicios como el transporte público y muchas infraestructuras, “son pequeños destellos de otra lógica diferente basada en el beneficio colectivo, no privado”. En opinión de Gallart, “a nadie se le pasa por la cabeza dejarlas caer, ¿por qué no aplicar la misma lógica a la intervención del Estado en las empresas?”.
Lorena Gil: “el futuro de la industria no puede estar al albur de grandes empresas cuyos centros de decisión se encuentran a miles de kilómetros de aquí”
Los movimientos en la antigua ALCOA, salvada in extremis de su cierre en agosto de 2019, con la venta a un fondo de inversión suizo, Parter Capital, han vuelto a encender las señales de alarma. A mediados de marzo, en pleno estado de alarma, Parter Capital traspasaba sus acciones al Grupo Industrial Riesgo. Hay muchas dudas sobre esta operación, por mucho que Riesgo defienda su solvencia empresarial. Los trabajadores han pedido la intervención del Estado a través de la SEPI para blindar de posibles maniobras especulativas las plantas alumineras de Galicia y Asturies, de propiedad pública hasta 1998. Aunque el presidente asturiano, Adrián Barbón ha manifiestado su inquietud por la fiabilidad del comprador de Alu Ibérica y exigirá a Industria que revierta la venta en caso de que la operación, en investigación, carezca de “la adecuada seguridad”, el PSOE se resiste por ahora a hablar de nacionalización, algo que primero caricaturizó como una medida propia de un país comunista, en unas polémicas declaraciones de Magdalena Valerio, muy duramente contestadas, en noviembre de 2018. Luego el PSOE asturiano se atrevió a mencionar esa posibilidad cuando las movilizaciones por el futuro de ALCOA comenzaron a presionar seriamente al Gobierno autonómico y español en este sentido. Para Gil, de PODEMOS, “no sabemos cuántas evidencias más necesita el Gobierno para entender que, si de verdad quiere defender la industria asturiana, no puede seguir concediendo ayudas a fondo perdido a empresas multinacionales sin arrancarles ningún compromiso y limitarse a la búsqueda de socios industriales”.
El deterioro de la situación económica está reabriendo el debate sobre la nacionalización de empresas estratégicas en toda Europa, y con gobiernos de todos los colores. Para David Rivas “no tiene sentido que el Estado venda vinos o flanes, pero si que tenga una banca pública, porque introduciría eficiencia en el sistema financiero”. Para el economista asturiano la participación pública puede ser tanto del Estado, de las comunidades autónomas o, lo que consideraría, más deseable, de la Unión Europea, pero subraya, “lo verdaderamente importante es que al frente de las empresas públicas estén buenos gestores, y no el político de turno”.
