Este jueves algo más de un millar de personas recorrió las calles de Uviéu para protestar contra el recorte de 790.000 euros que la Consejería de Bienestar Social pretende realizar en las partidas destinadas a financiar proyectos de intervención social en Asturies. No fue una marcha multitudinaria, pero sí la primera de cierta envergadura que afea la distancia entre la realidad y los hechos en el discurso de Adrián Barbón. Otro dato importante. Esta vez los que protestaban no eran los “sospechosos habituales”, sino que en gran medida se trató de fuego amigo. Gritos como “Alta traición, gobierno de Barbón” no sorprenderían en una marcha convocada por la Corriente Sindical de Izquierdas, pero resultaban en cambio chocantes en una movilización promovida por entidades sociales muy heterogéneas, Caritas y Cruz Roja incluidas, cuyo estilo no suele ser escenificar el conflicto en la calle, y en la que, claro está, participaban muchos fieles votantes del PSOE.
Gritos como “Alta traición, gobierno de Barbón” no sorprenderían en una marcha de la CSI, pero si en una manifestación en la que participaban muchos fieles votantes del PSOE
Evidentemente Barbón puede dormir tranquilo. Es el presidente asturiano más popular desde Tini Areces y mil personas gritando en el centro de Uviéu no van quitarle el sueño, pero lo del jueves supone un toque de atención a tener en cuenta ante el incierto futuro que se avecina con la segunda ola de la pandemia. La ciudadanía que votó progresista en las últimas convocatorias electorales no pide la nacionalización de los medios de producción bajo control obrero, pero seguramente aspire a una gestión de la crisis distinta a la que enfrentó a Zapatero con sus propias bases sociales y generacionales cuando entre 2008 y 2011 llegaron en cascada los recortes sociales, la reforma laboral y la modificación express del artículo 135 de la Constitución.
Unidas Podemos pide subir los impuestos a los ricos y el PSOE se hace el remolón. Mejor en 2023 ha dicho la ministra de hacienda. Sin embargo, para que el no dejar a nadie atrás no se quede en un mero eslogan hace falta algo más que el dinero de la UE, y ese dinero solo puede salir de la reforma fiscal que aún no sabemos si el PSOE está dispuesto a hacer. De momento los de Pedro Sánchez parecen muy interesados en buscar un pacto con Ciudadanos, partido alérgico a gravar a las grandes fortunas. Pedro Sánchez sabe mucho de ganar elecciones que yo, y quizá haya llegado a la conclusión de que sus electores valoran más un PSOE centrista que un PSOE que cumpla la agenda reformista, tibiamente socialdemócrata, que pactó con Pablo Iglesias en enero de 2020, es decir, hace un millón de años. Lo que está claro es que sin el maldito parné promesas como la de mejorar la conciliación familiar son irrealizables, o solo realizables en una versión de gama muy baja, “low cost”. En los últimos meses las expectativas de converger con los países más avanzados de la UE se han ido disipando. Ya no se trata de impulsar y hacer gratuita la red de 0 a 3 años, ampliar las bajas de maternidad y paternidad o dotar de recursos suficientes a la Ley de la Dependencia, sino de lograr algo tan básico como poder atender a un menor en cuarentena. Cientos de miles de familias debieron de preguntarse esta semana qué pasaba por la cabeza de la ministra de hacienda y portavoz gubernamental María Jesús Montero cuando afirmó que los padres y madres sanos no podrán cogerse la baja laboral para cuidar a sus hijos si caen enfermos y necesitan cuarentena.
Sin el maldito parné promesas como la de la conciliación familiar llegarán en una versión absolutamente irreconocible a las familias
Solo la comparación con el desastre del Madrid de Ayuso ayuda a salvar los muebles socialdemócratas y disimula las deficiencias de los servicios públicos en comunidades como Asturies, que presumen de cuidarlos. Un ejemplo local: la llamada “vuelta segura a las aulas”. Según CCOO de Asturias hacen faltan 3.000 nuevas contrataciones para asegurar una educación 100% presencial a todo el alumnado. De momento solo se han hecho 800.
“Teresa Ribera engaña a la clase obrera”. Otra vez fuego amigo. Quienes llaman mentirosa a la ministra de transición ecológica son trabajadores de la central térmica de Lada afiliados al sindicato socialista UGT. Temen con razón por su trabajo cuando la central cierre, que será pronto. Todo al cocer mengua, pero en el caso de los fondos para la transición energética justa el dicho popular resulta especialmente atinado. En 2019 la ministra Ribera anunció 600 millones de euros para las comarcas mineras. El reparto de la Comisión Europea entre los países miembros rebajó esa cifra a la mitad. 307 millones para España. Tras la crisis de la Covid19 los fondos europeos que finalmente llegarán para financiar alternativas laborales en las zonas afectadas por cierres de explotaciones mineras y centrales térmicas aún será menor. La reconversión verde de la economía no puede hacerse sin una fuerte inversión pública en los territorios en declive. ¿Está dispuesto el Gobierno a hacer esa inversión, aportando fondos propios, o lo que se viene es una “transición low cost” con lo poco que llegue de Europa?
Todo al cocer mengua, pero en el caso de los fondos para la transición energética justa el dicho popular resulta especialmente cierto
La crisis sanitaria ha sido el pretexto para que varias comunidades hayan decretado el cierre de los prostíbulos. La medida ha sido aplaudida desde el sector abolicionista del feminismo, que pide que este cierre no sea temporal, sino permanente y definitivo. Los sindicatos de prostitutas y el sector del movimiento feminista que las apoya pone sin embargo el acento en que 60.000 mujeres están siendo arrojadas a la calle de manera improvisada y sin ningún Plan B. La negación del “trabajo sexual”, un debate en apariencia muy teórico, se traduce sin embargo en algo tan práctico como no poder acogerse a un ERTE, mientras que quienes trabajan como porteros o sirven copas en la barra del club pueden en cambio beneficiarse de la medida más eficaz hasta la fecha del escudo social del Gobierno.
Asturies es una de las comunidades que prepara el cierre de prostíbulos. ¿Habrá alternativas para quienes pierden su modo de vida con el cierre de los clubes? ¿De verdad se van a movilizar los recursos económicos necesarios? El sector del feminismo que en estos momentos defiende a contracorriente un reconocimiento de las prostitutas como trabajadoras sexuales duda de ello, y desconfía de un “abolicionismo low cost” más preocupado por la imagen de los burdeles cerrados, y así decretar el fin oficial de la prostitución, que por el día después de las prostitutas.
Sin la inversión necesaria el gobierno puede terminar limitándose a ofrecer una colección de promesas devaluadas, en una versión “low cost” solo apta para usos propagandísticos. La batalla por la reforma fiscal será clave en el curso incierto y crucial que comienza. De eso irá el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados, pero también en la Junta General, donde Barbón, a pesar de la holgada mayoría progresista, hace guiños a Ciudadanos, el partido que en la capital asturiana mantiene, a pesar de la crisis, la reducción de un millón de euros en becas escolares.
