El fantasma de la Transición (ecológica)

¿Van a tener que pagar los peajes aquellos a los que la especulación inmobiliaria ha expulsado de la ciudad y convertido en dependientes del coche?

Recomendados

Fruela Fernández
Fruela Fernández
Escritor, traductor y profesor universitario.

Vivo en Sant Joan, un pueblo de apenas 2000 habitantes en el interior de Mallorca. Como en la mayoría de pueblos pequeños, nuestras conversaciones suelen girar en torno a aquello que nos falta. La impresión compartida —y bastante acertada— es que cualquier municipio cercano funciona mejor. Aun así, nos aferramos a lo que aún tenemos: dos supermercados, un estanco-papelería-quiosco, dos panaderías o un médico de cabecera. Hay escuela de primaria, aunque no guardería: el edificio lleva seis años en obras (sobre la incompetencia del alcalde ya hablaremos en otra ocasión). La biblioteca abre tres horas al día; la oficina de Correos, media. Ahora quedan dos bancos, pero pronto pasarán a ser uno: ambos pertenecen al nuevo engendro de las fusiones. Eso sí, tenemos un taller de coches, otro de camiones e incluso un concesionario: el vehículo es el rey.

“La biblioteca abre tres horas al día, la oficina de Correos, media”

Más allá de lo que opinemos sobre las bondades del campo y de la ciudad, quienes vivimos aquí podemos dividirnos en dos grandes grupos, condicionados por el dinero y la presión inmobiliaria. De una parte, quienes se han quedado en el pueblo por la tranquilidad de una casa familiar: en el territorio con los alquileres más altos y las hipotecas más largas del Estado, tener una vivienda cedida o heredada es un punto de apoyo inigualable. En ese grupo entraríamos también quienes, después de años en otros lugares, hemos regresado por ese mismo incentivo: el de tener un techo que no sea un lastre cada mes.

El segundo grupo lo formarían quienes, pese a no tener vínculos con el pueblo, han acabado aquí ante la incapacidad de pagarse una vivienda en otro lugar. Son muchas las franjas dentro de este grupo, tantas como escalones dentro de su capacidad económica: desde quienes pueden permitirse un alquiler razonable a quien ha de aceptar una caseta de aperos sin electricidad ni agua corriente. De hecho, una de las derivas más preocupantes en muchas zonas rurales de Mallorca ha sido la aparición de todo tipo de viviendas precarias en huertas y prados: casas prefabricadas, casetas de obra o incluso remolques y caravanas como última solución.

Aunque hable desde un escenario muy concreto, intuyo que estamos ante un patrón repetido en los movimientos de relativa “repoblación” que han visto muchos pueblos en los últimos años: de un lado, los residentes más o menos privilegiados; del otro, los expulsados y desposeídos. Entender esa dualidad es imprescindible antes de hacer grandes afirmaciones sobre las dinámicas de los espacios no urbanos, sus perspectivas o sus carencias. Y también, por supuesto, antes de plantear medidas de alto impacto, como la propuesta —apenas explicada, pero ya tan polémica— de introducir peajes en todas las autovías y su previsible extensión a otro tipo de carreteras.

En un pueblo como el nuestro, la dependencia del automóvil es extrema. Apenas hay empleos en el municipio; lo habitual es desplazarse a otro pueblo más grande, a las ciudades o a algún polígono aislado. Muchas necesidades básicas —desde llevar a tu hijo al pediatra hasta comprarte una prenda de ropa— pasan también por el coche (o por la compra en línea, que es otra forma de dependencia del vehículo). El transporte público es casi ornamental: cada dos horas pasa un autobús que conecta con el tren a Palma, mientras que, llamando con un día de antelación, se puede concertar una parada del autobús que va a Manacor; el resto de trayectos no existen.

“El transporte público es casi ornamental: cada dos horas pasa un autobús”

Aceptemos, por un momento, que la idea de introducir peajes a gran escala sea una medida técnicamente sensata, útil para cuadrar cuentas y para avanzar hacia la sostenibilidad ecológica. Aceptemos también que las personas como yo —que, hasta cierto punto, han elegido vivir aquí en vez de en la ciudad— compensaríamos de buen grado nuestra huella de desplazamiento o nos adaptaríamos a las limitaciones del transporte público. ¿Qué se le ofrecería, en cambio, a ese segundo grupo del que he hablado, el de quienes usan el pueblo como refugio? ¿Van a ser penalizados doblemente, al expulsarlos primero de las ciudades —por la nula voluntad de controlar la extorsión inmobiliaria— y al cobrarles después su dependencia del coche? ¿Qué se plantea para esa variedad de trabajadores precarios, contratados hoy en un resort de la costa y, dentro de dos meses, tal vez en una tienda de la zona opuesta? ¿Se seguirá fomentando una política de transporte de larga distancia a la vez que no se ofrecen alternativas razonables en el más básico y cotidiano? ¿Se llegará, en fin, al absurdo de aplicar medidas contra una dispersión poblacional que es consecuencia de la falta de políticas ambiciosas en materia de trabajo y de vivienda? Y todo ello sin que hayamos tocado siquiera la aberración ecológica de los subsidios a la aviación y al turismo…

Cuando se repite —con razón— que la transición ecológica “será justa o no será”, quizás no se tiene en cuenta el carácter doble del reto: no se trata tan sólo de que la justicia domine el proceso, sino de que cualquier decisión que se tome habrá de aplicarse sobre un cuerpo social fracturado por la desigualdad. Hablamos, por tanto, de la necesidad de una justicia que afronte el futuro restañando también las deudas del pasado y las consecuencias de un modelo económico indigno. Proponer soluciones basadas en categorías burdas y simplistas no contribuirá a hacer más sencilla la tarea. 

- Publicidad -spot_img

Actualidad

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here