Colombianos en Asturies: Así están viviendo el conflicto social en su país

La comunidad colombiana, que suma más de 4.000 personas en todo el Principado, se ha volcado en la solidaridad con sus compatriotas.

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Sonia Moreno
Sonia Moreno
Corresponsal de la Cadena SER en el Magreb, y coloboradora habitual de El Español y Eldiario.es. Vive desde 2010 en Marruecos, donde también trabajó para el diario Público hasta su cierre en papel.

En el barrio ovetense de Pumarín varios negocios regentados por migrantes colombianos echaron la persiana para desfilar hasta el centro de la capital asturiana y acudir a las concentraciones de la Plaza de la Escandalera en apoyo y solidaridad con sus compatriotas, que salen a las calles a protestar en toda Colombia.

Desde el 28 de abril, que comenzó el Paro Nacional en Colombia, más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones, según datos del ministerio de Defensa de Colombia, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades. Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Pero, además se registran 67 muertes verificables, y cientos de personas desaparecidas.

El 15 de junio, los miembros del Comité de Paro Nacional decidieron interrumpir temporalmente las movilizaciones, pero la población sigue en las calles con marchas en diferentes ciudades colombianas. En estos 49 días, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció “brutalidad policial contra manifestantes” y solicitó “una reforma policial para prevenir futuros abusos”. 

El alrededor de cuatro mil colombianos que residen de manera regular en el Principado de Asturias ha puesto el corazón también en estas protestas. “Fue emocionante. Me puso los pelos de punta ver a grupos de compatriotas desfilando por la calle peatonal comercial con banderas y gritando consignas contra Uribe (Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, y mentor del actual presidente, Iván Duque), en favor de Colombia”, recuerda Jenny Mora, abogada defensora de derechos humanos colombiana y vecina de Oviedo.

La primera manifestación en Oviedo “fue enorme”. “Hay una implicación. Un amor por esa patria, que hoy se despierta, por esa gente que está luchando. Un sentimiento de dignidad y de orgullo tan fuerte, que la gente se autoorganiza”, detalla Mora.

Llegaron al centro de Oviedo organizados desde los barrios, y de otras ciudades de Asturias. Se observó implicación. El permiso para la concentración en la Plaza de la Escandalera era para cien personas, pero se concentraron hasta medio millar de colombianos.

“Ni nosotros mismos sabíamos que teníamos ese potencial acumulado. Era tal la rabia, la indignación y esa gana de decir: ‘Estoy con mi país, tengo que hacer algo’”, explica emocionada Jenny Mora. Así, las protestas recorrieron también las calles de Gijón, Pola de Siero y Avilés.

Ni están convocadas ni sus mayores participantes son las ONG, que históricamente son las que se solidarizan. Son puntos de concentración de colombianos convocados por colombianos y a las que llegan mayoritariamente colombianos. Participantes identificados con el país, ataviados con la bandera, la camiseta, el poncho, la mochila, toda la carga patriota que los identifica, y de la que se muestran orgullosos.

Es una situación inédita porque el pueblo colombiano está muy polarizado. Sin embargo, esa guerra que se justificó durante más de 60 años hoy se ha trasladado a los barrios populares de las ciudades. Y los migrantes vienen de esas ciudades, conocen a las personas que están taponando o bloqueando las vías. Esa cercanía con la lucha popular con Colombia hoy hace que los migrantes en Asturias no se queden en casa callados, cuando pasan noches “con el corazón en la mano” presenciando lo que ocurre en directo a través de las redes sociales: violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas.

“A los 4.000 colombianos regulares, se suman muchas familias que todavía no tienen una situación administrativa legalizada”

“Ha sido muy sencillo. Comunicarse entre pocos, se decide organizar algo, se mueve en redes y llega a mucha gente que ni siquiera sabes que existía, que nunca habías visto en Asturias”, presume Mora. A los 4.000 colombianos regulares, se suman muchas familias que todavía no tienen una situación administrativa legalizada.

El movimiento es tan popular que se cuela en todos los hogares en los que haya un colombiano. Existe una voluntad política de los colombianos en el exterior de participar en lo que está pasando en el interior del país.

Cerraron comercios para unirse a las marchas

En Asturias hay familias enteras pasándolo mal, incluso pendientes de su aprobación de asilo. Sin embargo, en medio de esa dificultad de sobrevivir, dedicaron su tiempo y salieron a quejarse por las muertes, los desaparecidos y los desplazados en Colombia.

“Se ha negado permanentemente manifestar que en Colombia hay una dictadura, que se violan los derechos humanos y hay terrorismo de Estado. Esa negativa se traduce en que los trámites de asilo o refugio sean dificultosos”, denuncia Jenny Mora.

Es el caso de la familia de Gustavo Higuera, un joven de 24 años que llegó a España con sus padres hace algo más de año y medio. Abandonaron Cali por extorsión, poco antes de que comenzase la pandemia. El padre, Luis, propietario de una cafetería dentro de una universidad no podía hacer frente a los pagos exigidos por un grupo armado.

“Un día cualquiera nos dijo que nos teníamos que marchar del país. Pensamos en España porque tenemos familia y no estamos solos. Vendimos todo: casa, carro, moto… ¡Dejamos todo! No ha sido fácil, hay que adaptarse a un nuevo ambiente, muy diferente al de Colombia. Aunque nos han acogido muy bien, la verdad”, recuerda Gustavo dentro de la panadería que regenta en Oviedo.

“El cambio lo esperamos desde que hubo las elecciones presidenciales pasadas, sobre todo, los jóvenes. Desgraciadamente, no lo hubo. A ver si para estas próximas hay un cambio para bien para nuestro país, que hay mucho potencial y no se le da buen manejo por parte del gobierno”, lamenta.

Muchos de sus amigos en Colombia optaron por no volver a las marchas porque están desapareciendo. De hecho, no saben nada de uno desde hace dos semanas. “Nos tienen reprimidos, no quieren que nos expresemos, me da mucho pesar que mi amigo está desaparecido y no va a aparecer. Yo como ciudadano también hubiera salido”, dice apenado Gustavo.

Es larga la lista de quejas que enumera, desde el intento de privatización de su universidad, o la retirada de medicamentos a su abuela por parte del Estado, hasta la muerte de su tío por la Covid al no poder trasladarlo a un hospital. “Hay plata para el armamento y la guerra, pero no hay plata para los estudios, la sanidad, para crear empresas… Es triste ver todo esto. Necesitamos un cambio urgente. Lo vamos a lograr; y ojalá sea pronto”, sentencia Higuera.

Se les deniega el asilo

En España, les denegaron el asilo, “aunque teníamos pruebas”, y ahora el abogado les está tramitando la residencia. Su sueño es terminar los estudios, que interrumpió en Colombia, y algún día ser economista. Tampoco descarta alistarse en el Ejército. Mientras, además de trabajar en el negocio familiar, es voluntario de la Cruz Roja.

“Se les deniega el asilo porque el gobierno español y la UE decide en donde hay dictadura. En Colombia ha sido evidente desde décadas, ahora es terrible, la corte interamericana está vigilando y diciendo con informes que se torturó, que hay desapariciones. Sin embargo, la comunidad internacional y Europa guardan silencio porque preservan una relaciones económicas y políticas que les convienen a determinadas personas, empresarios y multinacionales, pero no pensadas para los ciudadanos”, afirma Jenny Mora.

Con la vuelta a la normalidad, han remontado económicamente, y el negocio de la panadería está funcionando bien. “Echamos una mano a los colombianos, que llegan en la situación en la que estábamos nosotros. La idea es ayudarnos entre todos”. También se solidarizan con el Paro Nacional en su país.

La familia Higuera cerró el negocio para acudir a las concentraciones de Oviedo. De hecho, la panadería fue el punto de reunión para salir desde el barrio periférico al centro. “Estuvimos un buen tiempo compartiendo, escuchando las propuestas porque es preocupante lo que pasa en Colombia en este momento. Hay que hacerlo notar desde el exterior. La idea es que nos hagamos sentir y ayudar en las diferentes actividades. Ahora pidiendo firmas para que abran un consulado en Asturias”, explica Gustavo.

Consulado para votar

Colombia no tiene consulado en el Principado de Asturias. Para cualquier trámite, los colombianos residentes tienen que desplazarse hasta Bilbao. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina (mayo de 2021), en un contexto de levantamiento popular, la participación cuenta.

Sin embargo, en Asturias la votación en los comicios podría ser baja porque la población trabaja y no dispone del tiempo o los recursos económicos para desplazarse hasta el consulado de Bilbao. “El inmigrante colombiano que tiene su trabajo no deja un día de trabajar, no puede, aunque quisiera, para viajar a Bilbao… gastar en transporte, comer y volver”.

Es la lucha actual, intentar que instalen una oficina consular en Asturias. Si no es posible, al menos, mejorar las condiciones actuales, con mayor presencia. Por ejemplo, que se desplace el consulado móvil.

César, periodista colombiano recién aterrizado en Gijón con el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, muestra su interés en votar.

Asturias acoge temporalmente a seis defensores de derechos humanos

Este periodista, especializado en medio ambiente, forma parte de un grupo de cinco defensores de derechos humanos que pasará seis meses en una casa de acogida en Gijón dentro del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.

Estos meses les sirven “para tomar aire” y alejarse por un tiempo de las amenazas y persecuciones que sufren, coinciden todos durante una visita de NORTES a los dos días de su aterrizaje. Sin embargo, todos muestran preocupación por sus familias y llegados que dejaron en el país.

Hasta 2021, ya han pasado 129 personas por este programa veterano en España. Llevan dos décadas acogiendo a personas amenazadas en Colombia. “Este programa y estas personas vienen de un estado democrático que se desmorona y va hacia el totalitarismo. Regresan a comienzos de diciembre sin garantías por parte del estado colombiano”, advierte Javier Orozco, coordinador del programa de acogida.

Las historias de Yubitza, Jacqueline María, Víctor, Jaime y César son difíciles de digerir. Cada uno defiende los derechos de distintos colectivos: las mujeres, los sindicalistas, los jóvenes, los indígenas o los periodistas. Todos han sido amenazados de muerte. La solución para su protección que les ofrece el Estado no es suficiente: un chaleco salvavidas, un teléfono por minutos o un escolta. “De que me sirve tener un escolta si no tengo carro”, se queja Víctor de Cauca.

Además, casi todos coinciden que es mejor no usarlos para no llamar la atención. Primero vienen las persecuciones, después llegan las amenazas, más tarde los desplazamientos y finalmente los intentos de terminar con su vida. Como le pasó ya en dos ocasiones a Jaime, de la reserva indígena Emberá.

Es especialmente doloroso, escuchar el temor de las mujeres a ser violadas. Yubitza viene de Santa Marta, la región Caribe de Colombia. Allí, sobre todo en la Sierra Nevada, las mujeres son utilizadas como esclavas sexuales. “Me amenazaron dentro del territorio, los grupos ilegales por bandos paramilitares que disputan por el territorio”, denuncia. Entonces, salió de ese territotio desplazada dentro del país, y desde el 10 de junio pasará en Gijón seis meses.

Según el informe de la XVII visita asturiana de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia el primer trimestre e 2021, los tres motivos del estallido son: el fracaso del modelo económico, que privatizó todo, incluidas las tierras colectivas de los indígenas; los niveles altísimos de corrupción y de penetración del narcotráfico en instituciones, que ha hecho que la policía se comporte como un grupo paramilitar; y la actuación del gobierno actual, que está desmontando el estado de derecho, al copar los organismos que lo controlan. El texto advierte que Colombia está a punto de convertirse en una dictadura con la militarización de los territorios.

Carbón de Colombia llega al puerto de El Musel

De hecho, está llegando carbón colombiano de la región del Macondo de ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez al puerto de El Musel en Gijón. Lo están enviado cuatro multinacionales que operan en Colombia, responsables del exterminio de las reservas indígenas.

“No somos más que el reflejo de lo que vuestras empresas están haciendo allá, con el permiso del gobierno colombiano y el con el terror paramilitar”, reprocha Orozco.

Lo que practica este programa es una diplomacia ciudadana por la paz. Más allá de denunciar, pretenden pasar de generar consideración a crear una reacción política y de la sociedad de indignación, en la que se le exija a España que aplique las cláusulas de los derechos humanos que contienen los tratados comerciales que se firmaron con Colombia. Además, por supuesto, solicitan al ejecutivo que no se venda más armamento a Colombia.

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