Si algo se le puede exigir a una fuerza política es que cumpla con su palabra, sean cuales sean los obstáculos que se encuentre en su camino, o los intereses que se alineen en su contra. Durante muchos años Podemos trabajó desde la oposición para contribuir a que las reivindicaciones de las plataformas, colectivos y movimientos por el derecho a la vivienda ocupasen un lugar central en la agenda política y mediática. Unidas Podemos, en cuanto se logró conformar el Gobierno de coalición, se puso manos a la obra para impulsar una Ley de Vivienda que permitiera cambiar la concepción de la vivienda en el Estado español. Frente a la vivienda concebida como bien de mercado, nosotras reclamamos, uniéndonos a millones de voces, el derecho inalienable a una vivienda digna. Este nuevo paradigma termina con la anomalía española, un islote jurídico en el contexto europeo, en donde incluso los sectores más conservadores asumen con naturalidad la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda para impedir que la especulación arrase la capacidad adquisitiva de jóvenes y familias. La aprobación de la Ley de Vivienda es un hito que, a pesar de llegar más tarde de lo que debería, nos ofrece herramientas para abordar, de una vez por todas, la terrible crisis habitacional en la que nos encontramos.
Edificio en venta en Llangréu. Foto: Iván G. Fernández
No se puede infravalorar la extensión y profundidad de la crisis de la vivienda. Según estudios del Conseyu de la Mocedá, un joven de Uviéu, por ejemplo, tendría que invertir de media más del 70% de sus ingresos en un alquiler. En Asturies, al igual que en el resto del Estado, es prácticamente imposible acceder a una vivienda de calidad y asequible, con lo que resulta muy difícil para la juventud plantearse un proyecto de vida. No es casual que la tasa de emancipación juvenil sea una de las más bajas de Europa, como tampoco lo es que una de cada cuatro personas en Asturies estén en riesgo de exclusión residencial. En Asturies solo hay 22 viviendas públicas por cada 1.000 viviendas principales, y el ritmo de construcción de viviendas públicas, lejos de acompasarse con las necesidades de la ciudadanía, se ha desplomado en los últimos años. Hay miles de familias que necesitan desesperadamente un hogar, y decenas de miles de viviendas vacías, muchas sin acondicionar, y otras tantas en manos de especuladores y grandes tenedores. Sin embargo, hoy por hoy en Asturies solo están disponibles en régimen de alquiler 108 viviendas públicas. Nos encontramos, sin duda ninguna, ante un drama habitacional.
“La Ley de vivienda es un hito a pesar de llegar más tarde de lo que debería”
¿Cómo actúa la Ley de Vivienda de Unidas Podemos y PSOE sobre esta situación? Hay que comenzar por destacar dos medidas fundamentales para regular el mercado inmobiliario: en primer lugar, los grandes propietarios estarán obligados por ley a bajar los alquileres en las zonas donde los precios hayan crecido por encima de lo razonable. Por otra parte, los pequeños propietarios tendrán incentivos fiscales para mantener los precios, y aún más para bajarlos. Poner en el mercado las viviendas vacías también será uno de los grandes objetivos de esta Ley, que permitirá que los ayuntamientos apliquen un recargo en el IBI de hasta un 150% sobre los inmuebles que lleven dos años vacíos sin causa justificada. Igualmente, se reservará el 30% en todas las promociones para vivienda protegida, y la mitad de esa reserva deberá destinarse a alquiler social. Recordemos que el porcentaje de vivienda social en el Estado español no supera el 2,5%, frente al 30% de Países Bajos o el 24% de Austria. Es de justicia contar con una Ley de Vivienda que ponga coto al mercado y es urgente trabajar para que entre en vigor sin demora.
Concentración de inquilinos e inquilinas de VIPASA. Foto: Iván G. Fernández.
Y esa urgencia debe trasladarse a las comunidades autónomas, auténticas garantes de que la Ley de Vivienda sirva para poner fin a la crisis habitacional. Aquellos gobiernos que, como el asturiano, adujeron sistemáticamente que no podía legislarse en materia de vivienda a nivel autonómico sin contar con una ley estatal, pueden demostrar ahora que sus reparos tenían que ver, en efecto, con la forma y no con el fondo. Gracias al Gobierno de coalición disponemos de un marco jurídico que nos permitirá actuar sobre el mercado de alquiler para garantizar que prevalezcan los derechos de la mayoría sobre los privilegios de unos pocos. La oposición desleal del Partido Popular, que ya ha advertido de que se negará a aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades en las que gobierna, no debe hacernos titubear; al contrario, debe servir de acicate para avanzar con mayor decisión si cabe. Cuanto antes demostremos que hay otra forma de gestionar el mercado inmobiliario, más insostenible será la postura de los reaccionarios que se oponen a cualquier medida que tenga carácter social. Ya no hay disculpa que valga para no aprobar una ley asturiana que blinde la función social de la vivienda, asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna, incluyendo el acceso a los suministros básicos, regule el mercado del alquiler de viviendas impidiendo precios abusivos mediante mecanismos de control, garantizando un alquiler estable, seguro y asequible, y aumente el parque público de vivienda en alquiler.
