Iván López, de 44 años, técnico de electrólisis, se sintió un afortunado cuando entró a trabajar hace seis años en la planta avilesina de la multinacional Alcoa. Tras pasar por varias empresas asturianas creía haber encontrado “el lugar para jubilarme”. Jamás pensó que de un día a otro se enteraría de que la fábrica cerraba y estaba despedido, o que la empresa en la que trabajaba acabaría primero en manos de un fondo buitre, Partner, después de otro, Riesgo, y finalmente de un administrador judicial. Este lunes Iván se manifestó junto a sus compañeros por las calles de Uviéu para reclamar al Gobierno nacional y autonómico que algún día pueda jubilarse en una fábrica que los trabajadores llevan tres años luchando porque no desaparezca.
A la movilización social le pasa como a los altos hornos. Una vez que se paran resulta muy costoso volver a ponerlos en marcha. A los trabajadores de la antigua Alcoa, que también tiene sus hornos paralizados, les ha pasado algo parecido. Tras el parón de la pandemia reconocen que les ha costado regresar a las calles. Sin el punto de encuentro físico en la empresa, aislados en sus casas, han pasado meses manteniéndose casi exclusivamente en contacto por las redes sociales. Este lunes, con la pandemia en vías de control, el cabreo se ha desvirtualizado. Centenares de personas se han unido a ellos en las calles de la capital asturiana para reclamar una solución al futuro de una fábrica estratégica para la comarca de Avilés, y más allá, para el conjunto de la economía asturiana.
Llevan meses de juicios y sentencias que han logrado desenmascar la naturaleza criminal del Grupo Riesgo, la última empresa en quedarse con las instalaciones de lo que un día fue la división española de Alcoa, hoy Alu Ibérica. Entre tanto, mientras la justicia hace su trabajo y decide a quién le toca pagar los platos rotos, las situación para muchas economías familiares se sigue deteriorando. Llevan tres meses sin cobrar, y como comenta en la marcha Oli Alonso, de 39 años, “las letras siguen llegando”. El ERTE acordado por la justicia supone un alivio de unos 1.000 euros, pero no deja de ser visto como un “parche” temporal. Su reivindicación es la intervención del Estado para evitar que se liquide por completo la fábrica avilesina. Quieren que el Gobierno evite el desgüace de la factoría y exigen al Estado que intervenga de manera temporal mientras se busca un comprador solvente que reinicie la actividad industrial. Están convencidos de que hay futuro para su actividad, pero que hay que buscarlo de forma activa. Uno de ellos pone como ejemplo el reciclaje de aluminio, un sector en auge, que además no exigiría tanto gasto en electricidad como la producción, y cuya tecnología ya estaba en funcionamiento en la planta asturiana.
La marcha del lunes arrancó en la Delegación de Gobierno y terminó a las puertas de la Presidencia del Principado. Combatir la resignación y el desencanto es a día de hoy fundamental para seguir unidos. Lo saben, pero no resulta fácil. Sienten muchas traiciones a sus espaldas. También cansancio. Hay compañeros que se han buscado la vida fuera de la fábrica ante un futuro tan incierto. Ha sido un goteo que les ha hecho perder masa crítica. En la marcha estaban presentes diputados de Podemos e IU, pero en la plantilla no ocultan la decepción con un Gobierno de coalición que consideran debería haber dado ejemplo con una actuación decidida en defensa del empleo y la actividad industrial. “Es triste que sea la Audiencia Nacional la que esté poniendo orden porque el Gobierno no está haciendo nada” lamenta un ex trabajador que no ha querido hoy faltar a la cita con sus compañeros.
En la plantilla les sorprende que el Gobierno no hiciera nada cuando las plantas de Avilés y A Coruña quedaron en manos de gente como Partner y Riesgo, que, según comenta un trabajador asistente a la manifestación, “con una simple búsqueda en Google se veía que eran unos pufistas y unos mafiosos”. A los trabajadores nunca les gustaron, desconfiaron de sus intenciones y tuvieron presiones para que bendijeran unas operaciones de compraventa que temían que fueran como terminaron siendo. Un fraude. “Si los del Grupo Partner eran ladrones de guante blanco, estos son delincuentes comunes” señala uno de los asistentes a la marcha en referencia al Grupo Riesgo, apartado de la dirección de Alu Ibérica por decisión judicial, tras comprobarse su voluntad de liquidar la empresa. Y es que aunque al común de los mortales nos cueste entenderlo, cerrar empresas puede ser en la España de la reforma laboral un negocio tan o más lucrativo que abrirlas. Mientras tanto, los de Alu Ibérica seguirán luchando para que los liquidadores no se salgan con la suya.
