El interés superior de quienes son menores de edad es el principio legal que debería protegerles ante cualquier realidad familiar y social. Pero, si nos ponemos a pensar en todas las circunstancias actuales, nos daremos cuenta de que prima antes todo lo demás a los derechos de las y los menores. Los derechos que, supuestamente, defienden a la infancia en situaciones de violencia de género o de desestructuración sociofamiliar todavía velan más por los intereses de las familias que por las necesidades de las y los menores.
Incluso el bullying o acoso escolar no es más que un reflejo de una sociedad enferma que discrimina y maltrata al diferente, que oprime y somete al más débil (niñas, infancia LGTBI+, niños que reproducen masculinidades subalternas o alternativas, infancia con diversidad funcional, etcétera). Una parte importante de nuestra infancia vive con los rencores, miedos y prejuicios que se reproducen en el seno de sus familias. Las luchas por la custodia, algunas situaciones de riesgo social o de desprotección, la violencia secundaria y la violencia vicaria han tenido más presentes las circunstancias de las personas adultas que las necesidades reales de las y los menores. En ocasiones, incluso cuando los servicios sociales aportaban informes negativos, los juzgados se obstinaron en dar oportunidades a quienes, de forma reiterada, no tenían interés real en cambiar la situación y mejorar para consolidar un espacio seguro y afectivo donde un o una menor pudiera crecer saludablemente. La legislación específica sobre menores ha cambiado, con las leyes de 2015 y 2021. Por lo que, quizás, pueda comenzar una nueva etapa favorable para la infancia. Las leyes protegen formalmente los derechos de la infancia. Los servicios sociales y, especialmente, los juzgados tienen una gran responsabilidad en velar por cada caso, de forma individual, personalizando las respuestas a las necesidades concretas de cada menor.
“Las familias pueden cubrir nuestras necesidades y derechos individuales, pero también pueden ser el mayor impedimento de desarrollo personal”
Tampoco nos podemos olvidar del pin parental, una nueva forma de desprotección de las y los menores. Las familias no tienen plenos poderes sobre su descendencia. Vivimos en sociedad y la convivencia nos obliga a respetar las leyes porque garantizan nuestros derechos individuales, como personas (menores o mayores de edad). Las familias pueden cubrir nuestras necesidades y derechos individuales, pero también pueden ser el mayor impedimento de desarrollo personal. Por eso, el Estado a través de sus leyes debe garantizar, de forma subsidiaria, los intereses de las y los menores.
Nadie debe estar al margen de la Ley y, por tanto, de los derechos de la infancia. Tampoco la Iglesia Católica que, en España, está siendo reticente a llevar a cabo investigaciones a fondo y a admitir responsabilidades sobre los abusos sexuales en la infancia, sobre todo, por parte de algunos religiosos. Ninguna situación debe ser ocultada y debemos asumir los errores (delitos) de quien lo hizo y de quien miró para otro lado. Esos niños y niñas seguirán viviendo el dolor de la culpabilidad que no le corresponde, así como la esclavitud de un silencio frustrante que les impide vivir en paz.
Lejos de nuestras fronteras existen también otros contextos en donde las y los menores son también objeto y sujeto de violencia, como es el caso de las niñas y los niños soldado. Otras situaciones medio ambientales han llevado también a las y los menores a circunstancias graves, como es el caso de Chernóbil.
“Debemos replantearnos qué debemos cambiar para que quienes van a ser el futuro de la humanidad puedan tener unas vidas más saludables y puedan desarrollar con calidad todas sus capacidades”
En Asturias, familias de Lena, Gijón y Luanco -a través de las Asociaciones Expoacción, Acoinfa y Humanitarios con la infancia Asturias– han llevado a cabo acogimientos de menores ucranianos y bielorrusos desde 2012 hasta 2020 con problemas afectivo-emocionales y de salud. Las y los participantes en el programa eran niñas y niños huérfanos o en riesgo de exclusión social, afectados por la catástrofe nuclear de Chernóbil, que pasaban el verano y la navidad con sus familias españolas. Quizás alguno de esos jóvenes, que compartieron una parte de su vida en Asturias, forman parte del grupo de jóvenes que el presidente Lukashenko amenazó, en los últimos años, con el reclutamiento para el servicio militar para defender a la patria. Hace unos días, Polonia denunció la utilización de menores -por parte de Bielorrusia– como arma de propaganda.
Así, tanto en el ámbito español como en el internacional, muchas de las realidades de las y los menores se encuentran al margen de sus derechos. Debemos replantearnos qué debemos cambiar para que quienes van a ser el futuro de la humanidad puedan tener unas vidas más saludables y puedan desarrollar con calidad todas sus capacidades. Para todo ello, es necesario incrementar los recursos que protejan y potencien todos los espacios: educativos, psicológicos, sociales, sanitarios, jurídicos, etcétera. Defender una vida digna para nuestra infancia y juventud es pensar en el presente con visión de futuro.
“Defender una vida digna para nuestra infancia y juventud es pensar en el presente con visión de futuro”
Cuando hablamos de cómo viven nuestros menores nos debe hacer reflexionar sobre qué les ofrecemos y qué les estamos dando. Nuestros valores y acciones concretas son el espejo en el que aprenden y la base sobre la que reproducen sus actos. La educación en familia -entendida en sentido amplio- debe ser cuidada, así como todos los espacios de socialización. Aislar a las y los menores de la realidad social no es la solución. La mejor opción es acompañar los procesos, abriendo horizontes, escuchando y esperando con paciencia y sin perder el humor, que es uno de los grandes recursos a utilizar.
Las y los menores vienen sin prejuicios a la vida en convivencia. El entorno familiar y social es el que va posibilitando o negando oportunidades. El naciente año da esperanza a nuevos sueños y, personalmente, deseo que el 2022 sea el momento de inicio de un nuevo ciclo de vida que acoja la diversidad, no solo con justicia, sino también con ternura.
