“Esperan liquidar a la plantilla para aceptar inversores”

José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Alu Ibérica, acusa a los políticos de mentir para eliminar los puestos de trabajo de Avilés

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Marta Rogia
Marta Rogia
Periodista, abogada, guionista. Cinéfila y apasionada de la radio, a la que he prestado voz mucho tiempo. Continúo con mi búsqueda de la autenticidad mediante narraciones que nos conecten a través de la emoción.

José Manuel Gómez de la Uz (Cuideiru, 1976) es sindicalista de CCOO y presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, anteriormente la aluminera pública Inespal. Tras tres años liderando la lucha de los trabajadores de la planta avilesina contra el cierre, se enfrenta ahora a uno de los momentos más duros de una historia que cada vez se complica más: el ERE de extición de toda la plantilla al no haber ningún inversor que quiera hacerse cargo de la fábrica.

El conflicto de Alu Ibérica es complejo por la sucesión de empresas, actores y temas jurídicos involucrados, además de su dilatación en el tiempo. ¿Puede repasar cómo arranca?

En octubre de 2018, Alcoa plantea el cierre de las fábricas de  aluminio de Avilés y A Coruña basándose en su obsolescencia, los costes eléctricos y temas económicos; las pérdidas, según su versión, eran muy grandes en ese momento.

Es la época en que se producen las concurridas manifestaciones con el lema: “Alcoa no se cierra”

A partir de ahí empieza toda la movilización de trabajadores y trabajadoras basadas en dos caminos: uno, que Alcoa accediera a vender las plantas; dos, que el Gobierno pusiera encima de la mesa un marco estable con costes eléctricos razonables para este tipo de empresas.

En enero de 2019 firmamos con Alcoa el expediente de regulación, en el cual acordamos que ella se comprometía a vender las plantas; tiene 6 meses para resolverlo y deja claro que la decisión será suya y lo hará a un socio solvente, riguroso, con capacidad para que opere las plantas. Después, se crea una mesa de seguimiento en la que Alcoa nos informará de los posibles inversores. También en enero de 2019, el Gobierno se compromete a buscar una solución a los costes en 6 meses, redactando un estatuto de electrointensivos. Se trataba de que tuviéramos costes estables y razonables a largo plazo, que pudieran ser competitivos en Europa.

Y llega la venta

En el verano de 2019, Alcoa vende a Parter Capital, que dice que según sus filtros es la mejor opción y con el aval del Gobierno español. Nosotros hicimos una marcha desde Avilés a Madrid porque no nos fiábamos y queríamos una auditoría de los posibles inversores que decidiera quién podía o no comprar las plantas.

En todo este tiempo, el Gobierno no redactó el estatuto mencionado, vinieron dos elecciones generales y tras año y medio sacan una norma de electrointensivos que vimos que no servía, sino que era un marco estable para otro tipo de fábrica, es decir, mintió en lo que estaba haciendo.

Luego, Parter vendió las plantas en abril de 2020, cosa que estaba prohibida, al Grupo Riesgo, del que más tarde descubrimos su presunto carácter delictivo y que lo único que hizo fue tratar de ganar dinero y no operar correctamente las plantas. Pasaron los dos años acordados en que se aseguraban los sueldos y a partir de ahí, dejamos de cobrar y estamos donde estamos.

¿Parter operaba a través de Blue Motion Technologies que a su vez constituyó Alu Holding?

Parter Capital tenía empresas pantalla que fue entrelazando entre ellos y las Alu Ibéricas que fueron creando. Al final, no era un grupo inversor, sino que no tenía capacidad ni solvencia. Son una trampa también. Lo que quedó claro a través de dos sentencias es que la venta de Alcoa fue fraudulenta y además hay un proceso penal  en el que se están viendo los delitos que se fueron dando por parte del Grupo Riesgo.

José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Alu Ibérica Foto: Alisa Guerrero

Existen entonces dos procesos en la Audiencia Nacional

Sí, los trabajadores denunciamos y uno es laboral y ya tiene sentencia, no firme porque estamos esperando el recurso del Tribunal Supremo; pero va en este sentido: no respetaste la parte de vender las plantas a un socio solvente, riguroso y con capacidad, pues ahora debes cumplir con la parte de abonar las indemnizaciones. El otro proceso es penal y está en fase de instrucción.

¿Y qué se deriva del penal?

El penal hizo que la jueza sacara de las plantas a la administración y nombrara primero un administrador judicial y luego uno concursal. Esto fue cuando vio que a los interventores destinados a controlar las plantas no se les hacía caso y designa al judicial, que visto el estado de las plantas, insta un concurso de acreedores porque no había manera de operarlas y la deuda era enorme.

Hace unos días se hablaba de que había tiempo para buscar inversores, sin embargo, poco después el discurso varía y se plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción. ¿Qué ha cambiado?

Hay dos discursos distintos, el Gobierno de España manifiesta que existen inversores. La ministra, con nosotros aquí, dijo que había inversores para la planta de Avilés y que se debía esperar al concurso de acreedores, porque era el marco en el que podían aparecer.

Cuando llega el concurso de acreedores, el administrador judicial dice que no hay dinero para mantener las plantas, no hay actividad y tampoco hay inversión, luego se debe ir a un ERE de extinción, porque no se puede crear deuda en la masa y él sigue lo que dice el libro. Al principio, antes de la fase de liquidación, se habló de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) porque le habían trasladado que existía viabilidad, pero en esta situación no la hay y se debe echar a la plantilla y punto.

El que no está aportando los inversores que anunciaba que había es el Gobierno. ¿A qué parece que apunta todo esto? A que están esperando que liquiden a la plantilla y luego que aparezca cualquier inversor.

Todo el proceso se ha desarrollado con conocimiento de los gobiernos, el central, los autonómicos. ¿Qué papel han jugado las administraciones? Hay quien dice que su misión no era verificar los antecedentes de posibles inversores

Habría que preguntar entonces que pintaban allí. Primero, la administración asturiana creó una oficina y contrató a una consultora para buscar posibles inversores. No sé en qué quedó todo eso. El Gobierno estaba allí, en esa mesa y supongo que no para escuchar lo que decía Alcoa, que para eso ya estábamos nosotros. Se supone, y además nos lo dijeron, que se habían entrevistado con todos los inversores y se supone que conocían quiénes eran todos, porque si no lo estaban haciendo faltaron a su deber. Nosotros siempre pensamos que el Gobierno de España estaba tutelando y velando que Alcoa no hiciera fechorías, que ya sabíamos que nos quería cerrar y lo teníamos claro. Bien es cierto que al final ya no nos fiábamos del Gobierno, por eso hicimos aquella marcha. Además,  recuerdo que había una propuesta para Avilés que no tenía nada que ver con lo que luego pasó, que se desechó aunque el Ejecutivo asturiano dijo que era mejor que la otra. Fue bastante gordo lo que pasó.

¿Y de quién era esa oferta?

De Quantum Capital. El Gobierno asturiano dijo que era mejor proyecto y que admitía el de Parter Capital por lealtad institucional.

José Manuel Gómez de la Uz y trabajadores de Alu Ibérica FOTO: Alisa Guerrero

¿Cuál era la diferencia entre uno y otro?

Los de Quantum Capital venían con un proyecto exclusivamente de fundición, sin electrolisis, pero con una fundición a un nivel bastante amplio y aunque no fuera el mejor fondo del mundo, tiene fábricas de aluminio de este tipo, unas cuatro o cinco, por Europa; por tanto, eran más fiables o con más conocimiento de la situación.

¿Cree que hay futuro para la producción del aluminio primario en Avilés?

No, Quantum Capital decía que en España no se podía producir aluminio primario por los costes eléctricos. Aunque fuera una fábrica nueva, de paquete, si no hay nadie que legisle sobre los costes eléctricos, sería imposible ahora en España.

¿Qué contestaría si alguien le indicara que los costes eléctricos están disparados en todo el mundo y que a lo mejor el Gobierno no puede intervenir fácilmente sobre ellos?

Es un tema coyuntural en este momento, pero hay que tener en cuenta que los costes eléctricos en España se calculan al marginal, es decir, el que marca el precio español en este caso es el gas, que es el que está disparado. Si esta gente no cerrara todas las térmicas, el 14% que está metiendo el gas lo meterían las térmicas, por lo tanto, el coste estaría en cuatro, cinco o seis veces más barato de como está ahora. También hay que considerar los costes regulados o los impuestos, tasas y demás, que era lo que pedíamos que se rebajara. Pero había que hacer algo especial para este tipo de fábricas o que estas fábricas se asociaran a las productoras de aluminio como puede ser  la nuclear o la eólica, más baratas. Hay posibilidades, otros países lo hacen.

“Antes la SEPI no podía entrar porque había inversores, ahora tampoco porque está judicializado”

Según declaraciones del presidente Barbón el día 4 de enero, en la inauguración de la biblioteca de Piedra Blancas, parece que la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), algo que el Comité de Alu  pretendía, queda descartada porque el proceso está judicializado

Da bastante la risa el presidente Barbón, la ministra y alguno más. Antes la SEPI no podía entrar porque había inversores y no podían competir con ellos. Ahora que no hay inversores, tampoco puede entrar porque está judicializado. Cuando no estaba judicializado, que no podían hacer nada hasta que se judicializase y así sucesivamente. Mienten y si no mienten, tergiversan la verdad para que la SEPI no actúe, cuando lo está haciendo en muchas fábricas. Además, nosotros no pedimos que opere las plantas, sino que durante un tiempo mantenga las instalaciones, los gastos fijos y que después lo ceda a un tercero con nuestra plantilla. Y eso lo puede hacer perfectamente y lo sabe de sobra él. Otra cosa es que no quiera.

¿De cuánto tiempo de actuación de la SEPI estaríamos hablando?

Todo depende de la gente que esté interesada. Ahí está el problema. Nosotros no sabemos si hay gente interesada. Y luego, depende de si a esta gente se le puede ayudar con fondos europeos  a tener un proyecto de inversión.

José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Alu Ibérica FOTO: Alisa Guerrero

¿Y cómo va el tema de las entrevistas con los políticos? Después del acto de la biblioteca en Castrillón, donde varios trabajadores de Alu increparon al presidente del Principado, ¿están rotos los puentes de diálogo o desean reunirse de todas maneras?

Nosotros queremos reuniones con todos siempre, pero la frustración de los trabajadores está ahí y es normal, ya no creen a nadie. Hace muy pocos días el consejero nos dijo que no había prisa, porque había dos meses para que aparecieran inversores y a los dos días, el administrador nos dice que nos echa. ¿Quién miente o quién tiene información? Parece que el Gobierno asturiano quiere pasar la pelota a no se sabe quién, supongo que al ministerio. Inclusive estamos escuchando declaraciones ahora echando la culpa al administrador concursal, que es lo que faltaba.

Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés, también declaraba el 31 de diciembre que se había de reclamar la ejecución de la sentencia laboral de la Audiencia Nacional

Ya, pero cuidado con la trampa. Lo que está diciendo Mariví Monteserín y los demás políticos es que estemos tranquilinos, que nos echen a todos y a ver si conseguimos que Alcoa nos pague la indemnización. Pero nosotros lo que queremos es un trabajo, no dinero. Estamos en los tribunales porque no nos queda otra, pero la gente quiere trabajar, no un despido y que nos paguen.

Si se entrevistan con Reyes Maroto, la titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, ¿qué expectativas tienen después de todo lo ocurrido?

Confío muy poco en esta gente. Nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance: presionar, presionar y reunirnos. Ahora bien, fiarnos de la palabra de este ministerio después de tres años diciendo mentiras es un poco complicado.

Según el ministerio hay dos posibles interesados en adquirir las plantas. ¿Qué saben de ello?

Esta gente juega con las palabras. Que nos digan claramente si quieren las plantas con la plantilla o sin ella. He ahí la diferencia. Nosotros estamos luchando por los trabajadores, ya sabemos que va a venir alguien a comprar los restos y que van a contratar a cuatro por sueldos míseros.

¿A cuántos trabajadores afecta?

Pues cada vez a menos, porque la plantilla se está diluyendo. Éramos trescientos y pico y ahora somos doscientos cincuenta en Avilés

¿Y estos nuevos inversores, quiénes son?

La verdad es que lo publicó La Nueva España y yo ni lo investigué, ¿para qué?

¿Han organizado movilizaciones?

El sábado, 8 de enero nos concentramos delante del Ayuntamiento de Avilés, a las doce de la mañana. También estamos preparando una caravana de coches de Avilés a Oviedo y lo que vaya surgiendo. Vamos a ver si somos capaces de tener asambleas lo más próximas posibles e ir viendo lo que podemos hacer con una plantilla muy quemada, muy cansada y con casos familiares que rozan el desastre.

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