La prohibición de la caza del lobo sigue siendo fuente de una agria polémica. Las recientes movilizaciones ganaderas en Oviedo han señalado el problema del lobo como uno de los principales del campo asturiano, denunciando que “ni cobramos los daños que nos ocasionan ni nos dejan controlar la población”. Por el contrario, grupos ambientalistas como Ecologistas en Acción llaman a las comunidades autónomas a que “cumplan con la orden de protección del lobo y adopten urgentemente medidas para hacerla cumplir” y asegurar así “la coexistencia entre lo lobo y la ganadería”.
Para los ecologistas “la orden de protección del lobo supuso un gran avance para la conservación de esta especie y de la biodiversidad en general”. La inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial obliga a las comunidades autónomas a adoptar medidas para evitar la caza de dicho animal. Además, deben colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la realización de estudios científicos sobre la situación de la población lobera y sus diferentes grupos reproductores, destinar parte de sus presupuestos autonómicos a apoyar la ganadería extensiva.
Aunque fue recurrida por las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, así como por diversas asociaciones ganaderas, la Audiencia Nacional mantiene la normativa vigente. Sin embargo, Castilla y León se ha negado a aplicar la orden y no está tramitando las indemnizaciones que les corresponden a los ganaderos por los ataques de lobos. En Galicia, el SEPRONA está investigando una supuesta red de caza ilegal de lobos.
Según Ecologistas en Acción, las comunidades autónomas afectadas están “bloqueando” la aprobación e implementación de esta normativa. La organización ecologista invita a las comunidades a aplicar “la normativa vigente en lugar de gastar dinero público con estos estériles procesos judiciales”.
