Cafetería de la Junta General. Finales de 2020, tras la primera ola de la pandemia. Meses atrás, el vicepresidente Cofiño había exigido recortar el gasto en personal de la administración asturiana, lo que valió una oleada de críticas. ¿Había una agenda de derechas dentro del ejecutivo? ¿No iba eso en contra de su discurso público y de su trayectoria anterior? Por eso me dirigí al presidente. “Adrián, ¿por qué durante la pandemia propusisteis recortar el número de funcionarios? ¿No fue un error?”. La respuesta, propia de Isabel Díaz Ayuso, me dejaría helado: “confrontar con los funcionarios para reducir la burocracia puede ser impopular, pero da votos, porque la gente lo apoya… Le funcionó a Aníbal en Mieres”, añadió.
Si la llegada de Amazon ya había encendido las alarmas, los guiños y cariños a Ciudadanos, la aprobación de leyes neoliberales y el alejamiento progresivo de Podemos e IU, parece dejar claro que Barbón quiere acabar su mandato a hombros de las derechas. Aunque ya había mensajes en esa dirección que parte de la izquierda no quiso reconocer, ¿por qué se han precipitado los acontecimientos?
El volantazo de Barbón
“Sé que Podemos e IU no apoyarán el presupuesto por electoralismo”, añadió el líder socialista tras el acercamiento al partido que fundó Albert Rivera. Las causas, sin embargo, se encontraban a 1.000 kilómetros de distancia. El CIS andaluz mostraba un cambio en el sentido común. La centralidad había pasado a ser Moreno Bonilla. Su mayoría absoluta lo demostró, mientras Feijóo va como un tiro. La última encuesta publicada en El Periódico era demoledora. La mayoría de los votantes del PSOE preferían un gobierno con el PP de Feijóo en vez de reeditarlo con Unidas Podemos, aunque entre las mujeres y los menores de 45 años eran mayoría quienes quieren a Yolanda Díaz. Con este panorama, acercarse a Pedro Sánchez ya quema. Era la hora del volantazo.
Y comenzó la fiesta. Ximo Puig forzó a Mónica Oltra a salir del gobierno. Lambán dinamitó las Olimpiadas de invierno de 2030 para atacar a Catalunya y recibir el voto ultra. Y Adrián Barbón se montó una inverosímil gira en Madrid para la defensa de Asturias: “Me dicen los ministros que no habían visto a nadie así desde Fraga”, señaló el presidente hablando sobre él. No se escandalicen: suele alabarse a sí mismo en tercera persona.
El drama del jefe del ejecutivo asturiano es que los tres ejes de su mandato (Estatuto, gestión sanitaria y fondos europeos) se han venido abajo y ya no dan votos. Se oyen más los despidos de Saint-Gobain y Danone o el cierre de Alcoa que las promesas de 480 millones en fondos europeos. Se escucha más a los sanitarios y pacientes descontentos con la presión sanitaria que a los defensores de la gestión de la pandemia. Se oirá más a los anti y pro oficialidad que al presidente. ¿Cómo acabar entonces airoso la legislatura?
El drama de Barbón es que los tres ejes de su mandato (Estatuto, gestión sanitaria y fondos europeos) se han venido abajo y ya no dan votos
Dando un giro profundo, mimetizándose con Feijóo, buscando una causa a la que abrazar. Un presidente de izquierdas que se modera y asume principios de las derechas por el interés general, ‘por Asturies’. “Es la hora de las obras, frente a la inversión social”, diría el vicepresidente y motor del ejecutivo Juan Cofiño, lanzando claves de hacia dónde esperan caminar. En ese contexto, el acuerdo con Ciudadanos y el discurso de la reforma (liberal) de la administración, la ‘guerra contra la burocracia’, será su santo grial.
Fuego de distracción
Que Barbón, el líder del sanchismo en Asturias, quien se aupó al poder bajo el discurso del acercamiento a Podemos y el rechazo al pacto de Javier Fernández con el PP, acabe abrazado a Canteli en Oviedo y a Ciudadanos en Asturies es una interesante pirueta. ¿Cómo justificarlo? Con fuego de distracción. Descalificaciones y provocación.
“No les considero diputados, sino agitadores”, abriría fuego Juan Cofiño contra los diputados de Podemos en una entrevista en El Comercio. Una semana después se reiteraría, atacando al diputado podemista Ricardo Menéndez Salmón en una comparecencia en relación al contrato secreto firmado por parte de su gobierno con Amazon: “Yo no hago descuentos a nadie”, concluía fijando la mirada en el reconocido escritor asturiano. Cofiño no iba por libre. Continuaría el consejero de industria, Enrique Fernández, a preguntas sobre el cierre de Pizza Hut, calificando de ‘incendiarias’ las posiciones de Podemos en la Junta General. Minutos después, Ciudadanos y PSOE se pondrían de acuerdo en la necesidad de apoyar a la empresa Fortia, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, el incombustible Carlos Paniceres, que cuenta con una concesión de las ambulancias del SESPA durante los próximos 8 años. ¿Extraño? No tanto.
“No les considero diputados, sino agitadores”, dijo Juan Cofiño sobre los diputados de Podemos
Izquierda Unida alzaría la voz: “Hay un pacto de Adrián Barbón con los lobbies empresariales y, en especial, con la Cámara de Comercio de Oviedo de Paniceres, donde Ciudadanos es el armador de ese acuerdo”. Ojo a este inteligente movimiento de la coalición de izquierdas. Ovidio Zapico busca ocupar la posición de la izquierda pactista, útil, dialogante; y a la vez se ha lanzado a por el espacio de la izquierda anti-régimen, la que se enfrenta a los poderes económicos. La respuesta de Cofiño no tardaría: “vuelvan a la cordura, dejen el galanteo con los agitadores de Podemos”.
La agenda naranja
Ciudadanos ya no es un partido, esto es, una organización de personas que se unen para impulsar determinadas ideas políticas. Es más un colectivo de intereses particulares que caducará dentro de 11 meses, en las elecciones de mayo de 2023. Un partido zombie. Han muerto, pero siguen moviéndose. Por eso Barbón lleva dos años sosteniéndoles con respiración artificial, incluyéndoles en acuerdos donde eran innecesarios, dándoles visibilidad, sembrando (la geometría variable, donde el PSOE buscaba acuerdos a izquierda y derecha, pretendía bajar la puja y facilitar acuerdos presupuestarios sin concesiones significativas a su izquierda). ¿Qué función cumplen los diputados de un partido zombie? Mientras Inés Arrimadas habla de ‘refundación’, y aquí se ha aislado a sus sectores más progresistas, sus bases en los parlamentos están más preocupadas en cómo solucionar su futuro laboral. Un trabajo futuro, un contacto fiable en una empresa pública o privada o un partido donde aterrizar. Pero los más espabilados de entre los ‘naranjas’ han leído en la necesidad de ‘volantazo’ de Barbón una oportunidad de conseguir cosas ya.
Al comienzo de la legislatura, el ex presidente de Fade y propietario de Asturfeito, Belarmino Feito, soñó con ser la oposición al Presidente, lanzando proclamas anti-impuestos desde la patronal. Una estrella emergente, que se apagó rápidamente, porque no entendió que Asturies no es Madrid. Dada nuestra condición periférica, que dificulta competir con empresas radicadas en Madrid, necesitamos del apoyo público al sector privado para sobrevivir. Paniceres, consejero delegado de Transinsa, ha sido más listo, porque ha entendido cómo funciona la política asturiana: respaldo empresarial al gobierno socialista en Asturies y al popular en Oviedo, que nutren con inversiones y contratos públicos a las empresas que entran en la rueda y que a su vez, a cambio, logran colocar en puestos de dirección a dirigentes de esos partidos. El cable metálico que une el Ayuntamiento de Oviedo con el Palacio de la Presidencia pasa por el intercambiador de la Cámara de Comercio de Oviedo, de la mano de Ciudadanos. Entrelazar empresas y estado. De ahí su plan para generar 50.000 empleos en Asturias, convertir a la Fábrica de armas en un campus biotecnológico, ayudar en el aterrizaje de Amazon y de Quirón Salud, etc…
Dar barra libre a las empresas, convertir los recursos naturales en un bien económico goloso, externalizar la labor de la administración, primar lo privado sobre lo público
Pero el proyecto estrella de Paniceres-Barbón va por otro lado: reformar la administración para reducir los controles públicos y ambientales a las inversiones empresariales. Dar barra libre a las empresas para proyectos económicos, convertir los recursos naturales en un bien económico goloso, externalizar la labor de la administración, primar lo privado sobre lo público. Situarse más cerca de la Comunidad de Madrid que de la Unión Europea. Una agenda que se encontraba en el deseo del gobierno asturiano desde el principio.
Lo recuerdan en un artículo 18 organizaciones ecologistas. La nueva ley de Calidad Ambiental permitirá “desarrollar actividades empresariales en el medio natural, con el único requisito de una declaración responsable y sin evaluación ambiental previa”. Dejará en manos de los ayuntamientos la labor inspectora y sancionadora, lo que reducirá los controles y saturará los servicios municipales. Aún es más escandaloso, se elimina la obligación de restauración ambiental permitiendo una especie de “amnistía fiscal ambiental”. Proyectos que se consideren como de “menor incidencia ambiental” (una cantera, por ejemplo), sólo necesitarán una declaración responsable de los promotores. Se incluyó además el derecho a la confidencialidad, es decir, generalizar el modelo Amazon y evitar el acceso público a la información de potenciales impactos ambientales. ¿Qué sectores podrían ver reducidos sus controles? Canteras para la extracción de hasta 200.000 toneladas al año, estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) para hasta 100.000 habitantes (Xixón), plantaciones de eucaliptos, concentraciones parcelarias, subestaciones y líneas eléctricas, modificaciones de trazados de carreteras y creación de enlaces; explotaciones ganaderas de hasta 600 cabezas de ganado, etc… Recuerden los conflictos ciudadanos y ambientales que hemos tenido en los últimos años y que fueron bloqueados (canteras de Priorio, depuradora de Gijón, estaciones eléctricas y líneas de alta tensión, modificación de carreteras, macrogranjas). Y sobre todo, piensen: ¿quién gana con todo ello?
La guerra contra la burocracia
Hay un imaginario popular que evoca la palabra ‘burocracia’ o ‘funcionarios’: trabajadores públicos ‘vagos’, que vivirían del erario público y que pasan su tiempo leyendo el periódico o tomando cafés ante la falta de trabajo. Privilegiados. Éste es el prejuicio que sirve a las derechas como excusa para privatizaciones o recortes en las ofertas de empleo público y que ahora recoge Barbón. Pero no es cierto. La administración no es ineficiente, sino que tiene medios insuficientes. En España hay un empleado público (la mayoría en sanidad y educación) por cada 36 habitantes, mientras que en Francia hay uno por cada 27 habitantes y en Alemania uno por cada 29. Si incluyéramos en el cómputo a todos los trabajadores públicos, España sería la cuarta administración de la Unión Europea con menos funcionarios por habitante, uno por cada 16. Asturias tiene el mismo porcentaje de funcionarios respecto a la población total que la Comunidad de Madrid. Ni siquiera aquí hay excesos.
Las tasas de reposición de Rajoy impidieron cubrir las jubilaciones. El resultado fue servicios que perdieron a buena parte de su personal. Sin gente y con una plantilla envejecida, la consecuencia era obvia. Lentitud en los trámites. Retrasos en la resolución de convocatorias. Entre uno y dos años en el acceso a las ayudas de vivienda o a la dependencia. Listas de espera descomunales en sanidad. Quienes critican a la burocracia sin ampliar profesionales, prometen el pensamiento mágico: “si recortamos el número de funcionarios, acabaremos con la burocracia, los procedimientos administrativos se acelerarán”, dicen. Es tan burda esa hipótesis, que ofende. Evidentemente, el objetivo es bien distinto. Sin funcionarios, sólo existen dos alternativas: la privatización de los servicios públicos o la eliminación de las garantías de control público existentes (hacer desaparecer a la administración). Existían otras alternativas: refuerzo de plantillas, impulso a la oficina anti-corrupción (bloqueada desde el 2018), reducción del gasto en asesores, impago de la deuda de SOGEPSA y Zalia (300 millones de euros), auditoría del coste de las privatizaciones de servicios públicos, reducción de la administración paralela… todas ellas, ineficiencias con menos interés en atajar. Por eso, durante los próximos meses, veremos un conglomerado de leyes pactadas con Cs. Un programa legislativo, ultra-liberal, que el gobierno sólo puede sacar adelante con este partido. Se facilitará la especulación y hacer negocio con nuestros espacios naturales, se reducirán trabajadores públicos al ritmo que avance la privatización, se dotará a los lobbies empresariales de más margen de acción. Prepárense.
¿Y la izquierda qué?
La izquierda debe salir de su síndrome de Estocolmo con Barbón. Izquierda Unida lo ha entendido perfectamente: no es un giro discursivo ni táctico del PSOE, estamos ante un giro estratégico e ideológico. El presidente asturiano quiere acabar la legislatura abrazado a Ciudadanos y escorado hacia temas que engarzan con el sentido común de las derechas porque cree que eso le da más votos. Aquí no hay principios, sino intereses. Barbón buscó abiertamente a este partido en todos los presupuestos y leyes aprobadas en estos años. Y ahora dará un paso más allá. ¿Qué hacer?
Acompañar al presidente en ese viaje es suicida, aunque habrá incentivos en Podemos (donde Castañón apostó por un acercamiento ‘incondicional’ al PSOE) e IU para respaldar gratis sus presupuestos. Pero no es 2020 y el jefe del ejecutivo brilla menos que entonces. Y ¡ojo!, auto-impugnar nuestra trayectoria crítica con el ex alcalde de Laviana, no nos hará ganar posiciones sino que demostrará nuestra debilidad y acelerará el giro neoliberal del presidente. El motivo por el que el PSOE va a la derecha es porque considera que el espacio a su izquierda está tan débil que no es una amenaza electoral real. Las expulsiones en Podemos, espoleadas por el líder socialista (reflexionen por qué), acrecentarán esa debilidad. Mientras, en el PSOE creen que acercándose a Ciudadanos, sólo tienen las de ganar. No lo olviden: Barbón sólo cambiará sus políticas si existe un espacio fuerte, amplio, no sectario, plural y unitario a su izquierda, que impulse un programa político de ampliación del estado del bienestar, de la financiación pública y de participación pública en la economía.
