Paz y garantías para las defensoras de los DDHH en Colombia

El conflicto armado interno no terminó, se reconfiguró y se degradó más debido al sabotaje de los dos últimos gobiernos

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Javier Arjona
Javier Arjona
Minero jubilado y militante internacionalista.

Está viajando ahorita de regreso a Colombia Javier Orozco.

Es la primera vez que su visita a la matria se produce con un cambio de gobierno favorable a la defensa de los derechos humanos. A primeros de mes ya habían regresado las cino personas del programa asturiano de DDHH que Orozco coordina.

El jueves pasado se cumplían 6 años de la formalización del Acuerdo para la Paz entre estado colombiano y FARC, y esta semana se han reiniciado las conversaciones con el ELN.

Nada más llegar ya está preparada reunión del comité de selección del PAV asturiano en Bogotá: seleccionar las personas que llegarán el año próximo, y preparar el recorrido-agenda de la que será 19 delegación asturiana de verificación a los dddh, son sus cometidos.

Adicionalmente los cambios que se avecinan y que apenas comienzan su andadura, tienen en la reforma agraria-reforma rural uno de sus campos más perentorios de actuación.

Orozco presidió en su día el sindicato de funcionarios del Incora, la instancia que supuestamente debiera haber realizado la reforma agraria, que no se hizo.

De aquella eran 4000 técnicos/as afiliados al Sintradín. Posteriormente la persecución y la destrucción del Incora dejó en el limbo (laboral y de cometido a desarrollar) a la mayoría de estas personas formadas para acompañar al campesinado.

Con la nueva tesitura varias decenas de ellas y ellos se han vuelto a autoconvocar  y han formalizado una asociación: son personas con veterana capacidad técnica agraria probada en el campo. Y se ofrecen al nuevo gobierno, que no tiene funcionariado para acometer las necesarias y urgentes reformas en el agro colombiano.

Tiempo tendrá tal vez ahora en pocas semanas de incentivar junto al resto de técnicos agrónomos la dinámica favorable a las transformaciones que el campesinado, los pueblos indígenas y afros llevan siglos demandando.

Herramientas útiles son también las del Acuerdo para la Paz, aunque hasta ahora hayan estado oxidadas y paralizadas por el uribismo-latifundismo.

En Colombia retoña la paz

Desde Asturias reiteramos nuestra admiración al pueblo colombiano por su capacidad de mantener la movilización, la unidad y la alegría necesarias para sobrevivir a la guerra sucia, a la estigmatización, a las amenazas, a la persecución, al destierro, a la cárcel, al terror de Estado, a tanta muerte impune.

Hace seis años la Colombia que sufre la guerra y el mundo solidario que la acompaña, nos emocionamos ante lo que parecía imposible: la firma en La Habana de un Acuerdo de Paz con la poderosa guerrilla de las FARC.

Firmada la paz los niveles de violencia bajaron en las regiones en las que las FARC tuvieron el control por décadas, pero muy pronto fueron reemplazadas por el ELN, por las disidencias y por los grupos paramilitares que sirven intereses de las multinacionales del narcotráfico, los agro-negocios y las minero-energéticas, afanadas en hacerse con los territorios y someter a la población.

Al tiempo que empresarios, políticos y altos mandos militares evitaban comparecer ante el tribunal de la Justicia para la Paz y ante la Comisión de la Verdad, se intentaba desmontar a punta de mentiras y plomo la esperanza de paz,  y armaban, servilmente, el tinglado para invadir a Venezuela, siguiendo el libreto y los intereses de los Estados Unidos.

No hubo voluntad política y por poco acaban con el Acuerdo de Paz 

La violencia se recrudeció en el gobierno de Iván Duque (2018-2022) que se propuso de manera deliberada hacer trizas los acuerdos de paz omitiendo o simulando su cumplimiento, como lo constató la Oficina de la ONU en Colombia, las organizaciones sociales y la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en sus últimos seis Informes.

Duque siguió la estela del gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) quien, una vez firmado el Acuerdo de Paz, desarmadas las FARC y recibido el Premio Nobel, abandonó asuntos cruciales como la protección de la vida de los desmovilizados, la inversión pública y las garantías políticas.

Por poco acaban con el Acuerdo de Paz.

Al propósito de continuar la guerra y deslegitimar el Acuerdo de Paz contribuyó la gran prensa colombiana, gringa y europea.  

Los medios de comunicación se han encargado, por años y sin tregua, de intoxicar a la ciudadanía con propósitos guerreristas, justificando los ataques mortales contra exguerrilleros, contra la dirigencia social y contra las multitudes movilizadas a las que no consideran “gente de bien”, sino hordas de vándalos desprovistos de los “valores democráticos” que se atribuyen los dueños del país y de la prensa.

A pesar del terror la población colombiana se movilizó de manera creciente y sostenida, por años, y mantuvo al centro sus anhelos de paz negociada y de justicia social.

La juventud, los pueblos indígenas, el campesinado, las comunidades negras, las mujeres, los sindicalistas, ambientalistas y gentes diversas, las víctimas del conflicto, los presos políticos y los marginados de todo, los “nadies”, tejieron la unidad y la resistencia al torvo propósito de las élites interesadas en seguir la guerra.

La guerrilla de las FARC cumplió y se desmovilizó. Entregó las armas a la ONU, creó el partido Comunes, logró representación en el Congreso de la República para sí y para las víctimas de la guerra, pactó una reforma rural orientada a la legalización de las tierras en manos del campesinado y la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz –que está funcionando-, y la Comisión de la Verdad, que entregó en julio/22 su Informe Final, presentado en el parlamento asturiano hace un mes.

Resultaron evidentes las intenciones de los gobiernos de Santos y de Duque por desmontar o ralentizar avances en el cumplimiento del Acuerdo.

La esperanza de paz de millones de personas ha sido burlada, ensangrentada por el bloque de poder dominante que demonizó el Acuerdo de Paz para continuar con la rentable estrategia de acumulación de tierras y de capital por despojo.  

Por eso el gobierno de Duque no adoptó el plan de acción para combatir y desmantelar el paramilitarismo, pero intentó “entrampar” a exdirigentes de las FARC con montajes de la Fiscalía y de la DEA para apresarles con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por lo mismo no quiso atender los mandatos de la Corte Constitucional que -en sentencia de comienzos de este año- señaló la ausencia de voluntad política del gobierno para proteger la vida de quienes firmaron el Acuerdo, ni cumplió las órdenes que con el mismo propósito le dio la Jurisdicción Especial para la Paz ante el asesinato de 347 firmantes del Acuerdo.

No hay plata para la paz, pero la hay para invadir a Venezuela

El compromiso de inversión pública contenida en el Acuerdo era del orden del 10% del PIB y el gobierno de Duque sólo se destinó un 0,8% bajo la lógica de sabotear la paz y reducirla a desmovilización guerrillera. 

Buena parte del mermado presupuesto que destinaron a la paz se lo robaron los aliados del gobierno y sus redes clientelares, incluidos recursos de la Unión Europea sobre los que no hizo auditoría.

El conflicto armado interno no terminó, se reconfiguró y se degradó más debido al sabotaje de los dos últimos gobiernos.

Como complemento de la guerra eterna de las élites criollas y sirviendo de peones a la estrategia del aparato industrial y militar de los Estados Unidos, comenzaron a generar la matriz de opinión necesaria para desatar otra guerra, esta vez afectando el área Centroamericana y Andino-Amazónica, al amenazar con invadir a Venezuela desde Colombia, único “socio global” de la OTAN en América Latina.

De la guerra eterna al sueño de la PAZ TOTAL

Viejas formas de sometimiento y de control de la población civil y nuevas alianzas y dinámicas de guerra, un Estado de Derecho roto y un país copado por las deudas, por la corrupción y por la impunidad, son la herencia abominable que recibió –el 7 de  agosto- el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez (2022-2026).

Este gobierno ha expresado una voluntad clara de cumplir el Acuerdo firmado con las FARC y de alcanzar la paz total, iniciando –el pasado 20 de octubre/22 en Caracas- los diálogos con la guerrilla del ELN, mientras avanzan en los territorios los contactos con los grupos paramilitares para su sometimiento a la justicia.

La tarea es enorme, pero se cuenta con una población organizada, valiente y decidida a no dejarse robar la esperanza de paz con justicia social.

Lejos van quedando los planes imperiales de invadir a Venezuela. Los gobiernos de Colombia y de Venezuela restablecieron las relaciones hace pocas semanas y avanzan en una agenda común de hermanos y buenos vecinos, que no pasa por pelear guerras ajenas.

En las regiones colombianas veintidós grupos armados han expresado interés en sumarse a la PAZ TOTAL del gobierno.

En Caracas el ELN reagrupó su equipo de negociadores y el gobierno envió el suyo, incluyendo al jefe de los terratenientes. Están dialogando. Cuba, Noruega y Chile son países garantes, Chile y España son acompañantes.

Un primer paso urgente es el fin de las hostilidades y la declaración del cese al fuego multilateral, que permita normalizar la vida cotidiana y facilite la participación de las comunidades y de sus organizaciones en los diálogos.  

Se entiende que conquistada la paz total el país estará en condiciones de proteger la vida de los dirigentes populares y de preservar los potentes procesos organizativos que hicieron posible el cambio político y que son imprescindibles para que avancen las reformas estructurales contra la inequidad, contra la impunidad, contra la devastación de las selvas y contra el exterminio de las culturas milenarias que las cuidan.    

La paz de Colombia es gran parte de la paz de Nuestra América y tiene una segunda oportunidad. Asturias la sigue acompañando con disposición solidaria e internacionalista.

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