La UE reforzará su industria frente a terceros países con un arancel medioambiental

Partidos, sindicatos y patronal coinciden en que defenderá a la industria asturiana frente a quienes producen más barato contaminando.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

Las instituciones de la Unión Europea han llegado este martes a un acuerdo histórico para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han pactado la creación de un “mecanismo de ajuste de carbono en frontera”, que forma parte del paquete “Fit for 55” presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.

La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

En particular, este gravamen se aplicará a partir del 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión. También se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.

El acuerdo provisional alcanzado por las instituciones europeas —que todavía está sujeto a más negociaciones sobre aspectos técnicos que deberán cerrarse en los próximos días― contempla que el mecanismo comience a funcionar a partir de octubre de 2023. En una primera fase solo supondrá obligaciones de información sobre los productos importados para poder recopilar los datos necesarios para aplicar la tasa de forma gradual. Se estima que se empezará a cobrar a partir de 2026 o 2027. Paralelamente, dentro de sus fronteras, Europa también eliminará los derechos gratuitos de emisiones que reparte a algunas de sus industrias para evitar esa llamada fuga de carbono, una medida que todavía está en negociación.

Manifestación vecinal y ecologista contra la contaminación en Xixón.

Los flecos que quedan por negociar en los próximos días se refieren precisamente a eso, a la forma en la que se terminará dentro de las fronteras comunitarias con los derechos gratuitos de emisiones que reciben algunas factorías para poder aplicar completamente el nuevo arancel, según ha explicado este martes en conferencia de prensa el parlamentario y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin. Según ha dicho el eurodiputado francés, para la aplicación de la tasa se necesitarán tres años más, debido a la complejidad de este instrumento. Canfin ha calificado la medida de “histórica” y ha recordado que no existe ninguna tasa similar en todo el mundo.

Los expertos pronostican que las importaciones de Rusia, Turquía, China y Reino Unido serán las más afectadas en términos absolutos. No es descartan que la imposición de este mecanismo genere algún tipo de guerra comercial. No obstante, la UE sostiene que su tasa será compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y otros países se plantean aplicar medidas similares.

¿Unanimidad asturiana?

GOBIERNO DEL PRINCIPADO-. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha celebrado la decisión de la UE. “Por fin. Tres años y medio después de que Asturias lo reivindicara y a su vez España lo planteara ante la Unión Europea, se consigue algo que es justo y beneficia a la industria asturiana”, ha expuesto Barbón a través de uno de sus perfiles en las redes sociales tras conocer la decisión adoptada.

En un comunicado, el Ejecutivo asturiano ha lamentado que “la burocracia comunitaria” haya tardado tres años y medio en lograr un consenso sobre esta medida, “demandada desde el inicio de la legislatura” por Barbón y también por el Gobierno de España, si bien ha destacado que la decisión “beneficia al sector empresarial regional”.

Para el Principado, el acuerdo alcanzado en Europa es “justo y beneficioso para la industria asturiana” porque “contribuye a eliminar la desventaja competitiva de las empresas responsables que favorecen la lucha contra el cambio climático a nivel comunitario”.

UGT-. El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT de Asturias, Marino Fernández Reinaldo, ha afirmado que el establecimiento del arancel climático en la UE es “una medida positiva”, pero ha remarcado que “no debe ser la única” para garantizar la competitividad y la autosuficiencia de Europa.

Fernández Reinaldo ha remarcado que “el producto que llega de fuera de Europa debe pagar lo mismo que los europeos” porque “no es lógico que una tonelada producida en Europa sea mucho más cara”. Sin embargo, ha insistido en que son necesarias “varias medidas para que la empresa europea sea competitiva y autosuficiente” y ha remarcado que “la descarbonización debe ser a nivel global”.

CCOO-. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha subrayado que la decisión de la UE de establecer el arancel climático es una “buena noticia” que contribuirá a dar “mayor estabilidad” y “garantía” a los puestos de trabajo de la industria asturiana. “Se trata de una medida necesaria que llevábamos reivindicando muchos años”, ha señalado el dirigente sindical, quien ha subrayado que este gravamen debe ser un “acicate” para que la actividad industrial “pueda tener mayor estabilidad y futuro”.

CSI- Para Manuel Pulgar, delegado de CSI en ArcelorMittal, “es una buena noticia, nos alegramos con la idea de reducir la huella del carbono para rebajar la contaminación de las zonas industrializadas. Si vas a exigir esa reducción, conlleva que los precios de las materias como el acero, también suban. Parece del todo lógico que se impongan esas medidas contra los países que producen y no reducen la huella de carbono. Lo decimos con cierta cautela”.

FADE-. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, también ha celebrado la decisión de la UE, porque permitirá reducir “la brecha de competitividad” que sufre la industria comunitaria, y por ello ha reclamado celeridad en su puesta en marcha. Calvo ha recordado que se trata de una medida reivindicada desde hace tiempo ante el “importante e injustificable agravio comparativo” que sufría la siderurgia europea frente a aquellos países extracomunitarios que no están sujetos a penalizaciones económicas a causa de las emisiones de CO2. “Ahora que el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un pacto debemos pedirles celeridad a la hora de hacer efectiva esta medida” porque es “una necesidad inaplazable”, ha reclamado la presidenta de la patronal asturiana.

IU-. La diputada asturiana de IU, Ángela Vallina, celebró que este arancel.” Es una buena noticia. Izquierda Unida Asturias lleva mucho tiempo pidiendo iniciativas de este tipo por parte de la Unión Europea para evitar tanto el dumping social como el medioambiental. Vallina lo considera como “un paso adelante, tanto para la protección del sector industrial, asturiano y europeo, como para obligar a que las medidas para luchar contra el cambio climático sean generales. Más vale tarde, que nunca”.

PODEMOS-. Para el diputado Rafael Palacios “se trata de un elemento positivo, en la línea de atacar por múltiples y diferentes frentes la crisis ecológica”. A juicio del portavoz parlamentario, “es un mecanismo que puede ser útil, en el marco de las transformaciones estructurales que son necesarias impulsar para hacer frente al cambio climático”. Según Palacios, “lo que estamos haciendo al ponerle un precio (en forma de arancel) a las emisiones asociadas a la importación de ciertos productos, es precisamente internalizar esos costes medioambientales; visibilizar, a través de un precio, el coste medioambiental que tiene la producción y el comercio de dichos productos”.

PP-. Por su parte, Teresa Mallada, portavoz del grupo parlamentario del PP, publicó un comentario en su cuenta de Twitter en el que indicaba: “Sabemos por experiencia de la incapacidad de los Ejecutivos socialistas para aprovechar y gestionar las ayudas europeas, y sobre todo, para tomar la iniciativa y poner en marcha medidas que favorezcan al tejido industrial”.

Foro-. También Adrián Pumares ha celebrado la decisión, si bien considera que llega tarde, y ha recordado que desde su partido llevan tiempo reivindicándolo.

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