Acoso y calvario laboral en la Fundación Cajastur

Laila Bermúdez fue víctima y testigo de la liquidación por Manuel Menéndez de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros.

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

La Fundación Cajastur es el último reducto de la antigua obra social y cultural de la caja de ahorros asturiana, liquidada para convertirse primero en Liberbank y posteriormente en Unicaja. La fundación es la actual propietaria y administradora del patrimonio del banco, antaño utilizado para promover el tejido económico y social asturiano. El funcionamiento actual de la fundación es muy distinto, como demuestra el caso de Mayte Montes, la empresaria que lleva varios meses con su negocio (un centro de salud y gimnasia para embarazadas) cerrado porque la Fundación Cajastur, propietaria del local, no se hace cargo de la reparación de las tuberías.

Estado en el que se encuentra el local que tiene alquilado Mayte Montes a la Fundación Cajastur

La historia de la liquidación de la obra social y cultural de la entidad viene de atrás, y no solo afecta a los inquilinos de sus locales. También los derechos laborales se resintieron en el proceso de privatización, y Laila Bermúdez fue víctima y testigo de todo ello. “Empecé a trabajar en la obra social en el año 91, cuando se abrió el Palacio Revillagigedo como centro de arte”, explica Bermúdez, “yo venía de Historia del Arte, con un máster en museografía, y al mismo tiempo que a mí contrataron a otros técnicos especialistas en diferentes materias: cine, arte…”.

El contrato inicial era de tres años en prácticas, tras los cuales la fundación decidía si hacía fijos a sus empleados o prescindía de ellos. Bermúdez se fue por voluntad propia en el 94 para montar, junto a otro compañero, una pequeña empresa de gestión cultural. Dos años después, cuenta, “la caja convocó una especie de oposición restringida a las 14 ó 15 personas que habíamos trabajado allí para quedarse con 3 ó 4 como técnicos fijos. Yo fui una de las elegidas con un contrato indefinido dentro de la fundación”.

Sin embargo, la fundación se negaba a equiparar su convenio con el del banco: “Nuestros salarios eran ridículos y había una gran desigualdad laboral. Nuestro horario, en teoría, era el de la caja, de 8 a 15, pero solíamos trabajar micho más. Era una situación tremenda, y decidimos hacer un colectivo sindical. A mí me eligieron como delegada, y aquello fue como ponerme una cruz encima”.

Acoso laboral

A partir de ese momento, cuenta Bermúdez, comenzó “un acoso laboral a niveles tremendos. Contra mí y contra otra compañera muy reivindicativa. En el 99 convocamos dos días de huelga y solo la secundamos ella y yo. Los demás nos dejaron vendidos porque les ofrecieron integrarse en la Caja como trabajadores fijos. En ese momento nos quedamos mi compañera y yo como el único personal de la obra social”.

El siguiente episodio fue en los tribunales, donde Laila y su compañera ganaron: obtuvieron una equiparación salarial y de condiciones. Pero en paralelo fue aumentando “la presión por parte de los directivos”: “A mi compañera, y a mí me lo hicieron más tarde, la llevaron a la torre del Palacio de Revillagigedo. No podía hacer llamadas ni salir sin permiso. Denunció y el tema llegó al Tribunal Supremo, y lo ganó. La tuvieron que indemnizar”.

Al poco tiempo ella se jubiló, y Bermúdez se quedó como la única trabajadora de la obra social. “Ya desde 2008 yo veía los planes para cerrar la obra social. Cada vez había menos actividades, y el deterioro de la relación laboral absoluta. Me tenían sola en otra parte, aislada de todos los demás. Fue cuando vino un nuevo jefe, Carlos Siñériz, que es el actual director de la Fundación Cajastur”. Siñériz es a día de hoy el único empleado de la Fundación, y percibe un sueldo de 44.750 euros brutos anuales.

Fundación Cajastur. Foto: Alisa Guerrero

Desde su llegada a la caja, asegura Bermúdez, “empezaron a hacerme faenas y encargos imposibles de cumplir. Lo hice, pero a costa de mi salud, pues sufrí dos infartos debidos al estrés”. Poco después, coincidiendo con la fusión de Cajastur en Liberbank, le hicieron un ERE del 70%, que Bermúdez recurrió ante los tribunales y ganó: “Esto derivo en un año sin trabajo efectivo, estando detrás de un biombo sin nada que hacer”. Todavía era la obra social de Cajastur.

Fundación y despido

“La Fundación se crea en julio de 2014, prácticamente el mismo día que me despiden”, recuerda Bermúdez, “el día que iba a solicitar mis vacaciones Siñériz me llama a su despacho, donde tiene a dos abogados que, sin previo aviso, me ponen la carta de despido, el finiquito y me dicen que me vaya”.

“Mucha gente piensa que la fundación no tiene ánimo de lucro, que es para cubrir necesidades sociales y esas cosas”, explica Bermúdez, “pero la fundación es una figura muy especial en la reunificación bancaria, pues es la depositaria, como entidad jurídica, del negocio bancario en las antiguas cajas. La fundación es un poder fáctico gigantesco, y las personas que están dentro son de la máxima confianza del cerebro de todo esto, que es Manuel Menéndez”.

Manuel Azuaga y Manuel Menéndez. Foto: Unicaja.

“Aunque el banco ya no existe, sí que existe el dinero del banco, que está en manos de la fundación. Todo lo que tenía Cajastur, tanto dinero como bienes muebles e inmuebles, era de los asturianos, y ahora es la Fundación Cajastur”, recuerda Laila.

Tras ser despedida, Bermúdez denunció a la caja y contó con el apoyo de la Corriente Sindical de Izquierda. No tuvo buenas experiencias con otros sindicatos dentro de la caja: “Con dinero es muy fácil comprar voluntades. Además, el mismo Siñériz era de la UGT”. Antes de llegar a juicio, la todavía Liberbank le ofreció entrar a trabajar en el banco para llegar a un acuerdo: “Yo tenía tres niños pequeños y acepté. Ellos querían cambiarme de categoría profesional pro, tras un tira y afloja, me la bajaran un poco, pero no tanto como pretendía. Me blindaron durante cinco años, pero hubo algo que no tuvimos en cuenta: el tema de la antigüedad, así que entré a trabajar con cero antigüedad”.

Fruto de todo aquello, “en 2016 tuve otro infarto por estrés sostenido, tengo informes médicos que lo avalan. Y ahí he estado hasta el ERE de extinción en el que, de los 30 años que debería tener de antigüedad, me despiden con dos años de paro y una indemnización”.

Durante años, asegura Bermúdez, “he visto cómo la mala gestión y los abusos pasaban por delante de mis narices. Siñériz te amenaza con lo que quiera: recuerdo cómo, cuando la Inspección de Trabajo nos citó, él vino con su abogado y se puso a gritarle a la inspectora de trabajo en plan usted no sabe quién soy yo, a mí usted no me dice eso…A ellos les da igual que denuncies porque, como se dice en Asturias, será por perres. Van siempre con unos abogados buenos de Madrid, y yo ahora estoy en el paro”.

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