La empresa pública postal afronta unos días decisivos. La prórroga para negociar la modificación del convenio finaliza el 30 de junio, sin que la Directiva haya reculado en sus pretensiones de amazonizar Correos. La polémica no se circunscribe a una mera trifulca laboral, sino que expresa una contienda entre modelos. La huelga convocada por CGT el próximo 27 de junio posiblemente sea la última oportunidad para evitar que el veneno de la desregulación laboral -propia del sector privado- llegue al corazón de otro servicio público.
En las últimas semanas, Correos ha vuelto al foco político-mediático. Y aunque estamos hartos de vernos salpicados por los desmanes del bipartidismo, no haré referencias a la figura de Leire Díez que tanto interés ha suscitado. La plantilla pública más grande de este país tenemos problemas demasiado graves y urgentes, como para distraer nuestra atención. Sin embargo, no se ha hablado en los medios únicamente de posibles corruptelas, sino también de acuerdos políticos que sí tienen un impacto directo en el devenir de la compañía postal.
En la reforma del régimen económico y fiscal canario recién aprobada en el Congreso de los Diputados, se incluyó una enmienda presentada por el grupo socialista encaminada a “reordenar Correos y que la empresa vuelva a la senda de la rentabilidad”. Mediante esta, la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) que finalizaba el 31 de diciembre de este año, se amplía hasta 2030. Asimismo, queda aprobado que Correos dispense Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo, financiero y, en su caso, de seguridad o emergencia.
Y hasta ahí las buenas noticias, siempre y cuando consideremos que asegurar el SPU tan solo cinco años más, sea para descorchar botellas. Como contrapunto, lo más doloroso se ubica en la “Disposición adicional octava. Servicios de interés económico general prestados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E.” donde se nos excluye una vez más de manera directa y poco disimulada de la posibilidad de que se nos aplique el Estatuto Básico del Empleado Público, a pesar de que vamos a prestar servicios reservados para la AGE: “8. No será de aplicación al personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuando se le asignen la prestación de servicios de interés económico general desarrollado en esta disposición“.
En el mismo texto, se recoge que “si del análisis de rentabilidad de la red de oficinas resultara necesario cerrar dos oficinas cercanas, se considerará que permanece abierta la que genera más ingresos”. Si a este hecho le sumamos el anuncio por parte de Correos del lanzamiento de una red de puntos -denominados de conveniencia- para la entrega y recogida de paquetería, hallamos un terreno propicio para prescindir de sucursales y personal de atención al público. Así lo procura embellecer la empresa en su sala de prensa: “De este modo, miles de negocios de barrio -tiendas, papelerías, quioscos, librerías, entre otros- se convertirán en puntos de recogida de envíos”. Qué generosidad la de Pedro Saura y sus directivos, que permitirán a la gente recoger un paquete en la frutería de Loli, a cambio de dejar a otro pueblo sin oficina de Correos.
¿Qué modelo para qué futuro?
“La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, al igual que otros operadores postales del mundo, se está enfrentando a importantes desafíos estructurales que han desequilibrado su operación y su negocio y exigen acometer una transformación profunda y urgente de su modelo de negocio.
Correos necesita, sin más demora, realizar esa transformación, dado que su excesiva dependencia del servicio postal, la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un ebitda negativo recurrente que actualmente condiciona su viabilidad económico-financiera”. Este extracto forma parte de la justificación de la enmienda presentada por el PSOE y sirve para situar la discusión sobre cómo construir un Correos del s.XXI.
Este debate en ningún caso se está produciendo sobre los ejes modernización vs inmovilismo. Semejante falacia tan solo es invocada ocasionalmente por directivos y sindicalistas pro-empresa, con el objeto de deslegitimar cualquier crítica al proceso de reconversión de Correos dictado desde arriba. Al contrario, la disputa gira en torno a si modernizar la compañía postal ha de hacerse en clave privada, copiando el modelo de Amazon y arrojando a los trabajadores al torbellino de la competencia extrema, o en su lugar, reforzando decididamente el carácter social de Correos, mejorando los servicios públicos que prestamos actualmente e insertando otros nuevos que respondan a los desafíos y necesidades de nuestro país en las próximas décadas.
La disputa gira en torno a si modernizar la compañía postal ha de hacerse en clave privada, copiando el modelo de Amazon, o reforzando decididamente el carácter social de Correos
En marzo conocíamos que PostNord (operador estatal danés), cesará la actividad postal tradicional a finales de año, arrojando a cerca de 1500 trabajadores a la calle. Esa situación no es un mal inevitable, sino la consecuencia de no haber tenido miras públicas a la hora de diseñar un proyecto de futuro y plagiar las dinámicas de las empresas privadas. Sin ir más lejos, ese mismo mes saltaba la noticia de que DHL (empresa matriz de Deutsche Post) suprimirá 8000 empleos en Alemania como parte de su estrategia de ahorro.
No se trata, por tanto, de aferrarse a las cartas y los sellos, ni de nostalgia del cartero con zurrón. Sino de conservar la perspectiva de trabajo al servicio de la ciudadanía, ampliando las utilidades públicas que podemos ofrecer a la comunidad. Una cosa es evolucionar y otra muy distinta transmutar en algo diferente.
“Permanentemente, se nos habla de la relevancia de diversificar la actividad de Correos. Pero lo cierto es que, siempre que enuncian ese concepto se están refiriendo a actividades vinculadas al sector privado. Seguros de AXA, venta de todo tipo de merchandising, productos de parafarmacia, etc. Así es como los de arriba llenan de significado “diversificar”. Y cada vez que rebatimos esa interpretación y les hablamos de nuevas iniciativas públicas, destacando entre todas ellas la Banca Postal, nos tildan de utópicos, cuando estamos rodeados de ejemplos.
Hablando de los servicios bancarios, es curioso cómo incluso el Presidente Saura reconoce que los operadores europeos –esos que nos dicen que funcionan de maravilla y son ejemplos a seguir- generan beneficios y se mantienen gracias a la actividad de sus filiales y/o segmentos bancarios. Se les llena la boca hablando La Poste francesa (inmersa en un escandaloso caso de represión sindical) o de Poste Italiane (de capital mixto) y aplauden su supuesta capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero a la hora de la verdad, no tienen más remedio que reconocer que no es lo postal ni la paquetería lo que genera la bonanza económica, sino precisamente, una actividad bancaria propia.
Las Directivas que hemos tenido en las últimas décadas se han comportado como sectas. Intolerantes ante cualquier disidencia de la profecía neoliberal y completamente refractarios ante propuestas e iniciativas que no comulgaran con su credo. Implementan todo lo relacionado con las prácticas liberalizadoras y la desregulación de las condiciones de trabajo –aumentando la explotación sobre la plantilla- pero se niegan en rotundo a emular lo relativo a la prestación de servicios bancarios a partir de una entidad propia, no vaya a ser que el oligopolio privado español vea peligrar la barra libre que posee actualmente. No hay que molestar a los súper ricos.
Así pues, quienes plantean que el problema de Correos se limita únicamente a la gestión, o bien no comprenden el marco completo o pretenden enfrascarnos deliberadamente en una discusión superficial, que no cuestione el camino de debilitamiento de nuestro objeto social seguido durante las últimas dos décadas y construido sobre la falsa premisa de que la paquetería –si los costes de explotación eran suficientemente bajos- sostendría financieramente el servicio postal.
El final se acerca ya
A todas aquellas personas que duden de las intenciones de Pedro Saura y su directiva, mi recomendación es que escuchen su comparecencia el pasado 28 de mayo en la Comisión de Hacienda. En especial, cuando dice literalmente “si hay un fallo de mercado, se resuelve el fallo de mercado con la aportación pública”, se pone de manifiesto que para nuestro actual mandatario, el Estado, lo público, está para salvar lo privado, para ocupar los espacios que el mercado deja libres. Nos suena el rescate bancario con dinero de todos ¿verdad?
Hace ahora seis meses, publicaba en este medio un artículo titulado “Correos y la guerra del convenio”. Si bien el contexto general y la exposición del conflicto se mantienen inalterados, medio año después, parece que nos acercamos al desenlace definitivo.
Habiendo explicado el motivo por el cual no estamos ante una batalla estrictamente laboral, sino que lo que está por decidirse en Correos ostenta una dimensión mucho más amplia. Detrás de cada medida anhelada por la Directiva (calendario estacional y jornada irregular, salarios vinculados a objetivos empresariales, nuevos turnos que invaden el fin de semana, recorte bestial del gasto en personal salvaguardando a los de arriba a pesar de ser la parte improductiva, etc.) se esconde un mismo objetivo: Descomponer nuestros derechos por completo, para así poder competir con las empresas privadas en igualdad de condiciones. Es decir, en precariedad.
Obviamente, quienes pretenden acometer este atentado histórico, procuran desviar la atención hacia otros elementos del Acuerdo Marco que, en apariencia, resultan menos lesivos. En concreto, buscan que la conversación general se enfoque en el plan de salidas incentivadas para el personal laboral y un próximo ciclo de empleo. Ninguno de estos dos procesos ha sido ni tan siquiera definido con detalle, pero ambos arraigan en diversas esperanzas de parte de la plantilla. Las prejubilaciones son vistas por el personal fijo veterano como una tabla de salvación a sabiendas de que trabajar hoy en Correos se ha convertido en un suplicio. A su vez, la posibilidad de un empleo fijo es el trofeo ambicionado por quienes llevan años laborando como eventuales en una empresa que cada año bate records negativos en contratación.
No obstante, estos temas no solo se priorizan por la empresa y los sindicatos firmantes (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre) para ganar adeptos, sino para fracturar el bloque de oposición a un nuevo marco laboral sustancialmente peor que el existente. “Divide y vencerás” sigue siendo la consigna principal de quienes mandan. Son conscientes de que, si bien solo CGT se ha movilizado desde el minuto 1 contra nuevos recortes y pérdida de derechos, grandes sectores de la plantilla han secundado los paros generales y protestas en lo que va de año. Cuando estamos a pocos días de una huelga general que puede ser histórica (o al menos debería serlo por la trascendencia del momento), promueven contradicciones en forma de choque de intereses corporativos que nos enfrenten a unos contra otros y así debilitar la movilización general.
Llegamos pues, al momento crucial, donde solo puede haber dos resultados: O triunfa la voluntad de la Directiva con el necesario refrendo de los sindicatos que están dispuestos a que todos caigamos al foso de la amazonización con tal de alimentar la maquinaria de las academias y los cursos de formación el tiempo que les sea posible o la plantilla digna conseguimos frenar esta brutal ofensiva y forzamos a un replanteamiento del futuro de Correos donde los trabajadores y la ciudadanía tengamos algo que decir. A la vista está, que ellos nos quieren en el centro de la explotación, pero en los márgenes de los derechos. La huelga estatal del viernes 27 -con manifestación centralizada en Madrid- debe ser un clamor para lograr evitarlo.
