Para Rafael Martín del Peso, excelente juez. Justo, riguroso e independiente, una limitación para su
carrera profesional, destacada, larga y brillante, pese a ello. Un hombre bueno que amaba a los libros, a su
familia y a sus amigos, que éramos muchos y no encontramos consuelo.
Es imposible reformar la Constitución. Está blindada para garantizar la pervivencia de la Monarquía y de la unidad de España, que es lo que realmente protege y no derechos sociales o cívicos, auténtico papel mojado. Parece inevitable que, más tarde o temprano, los demócratas críticos con este frustrante inmovilismo político e institucional acabemos pidiendo su supresión. No parece haber otra opción.
Algunos artículos cuyo incumplimiento es flagrante, sin que haya esperanza alguna de que dejen de serlo, deberían ser suprimidos de inmediato. Mantenerlos en la Carta Magna, más que una broma de mal gusto, parece una provocación. Basten un par de ejemplos.
Empezaría a provocar hilaridad, si no fuera porque afecta a un problema que impide el desarrollo vital de los jóvenes españoles, el contenido del artículo 47 de la Constitución española, que comienza afirmando que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. El cachondeo continúa en las siguientes líneas, que aluden a la obligación de regular el suelo “de acuerdo al interés general para impedir la especulación”. También garantiza, se ve que la ingenuidad o el sentido del humor de los padres constituyentes eran enormes, que “la comunidad participará en las plusvalías” del sector del ladrillo.
Ya saben lo que tienen que hacer los jóvenes españoles que pagan cantidades sobrecogedoras de dinero por cualquier cuchitril en cualquier ciudad, la mayor parte de lo poco que ganan: denunciar su alquiler o la compra de su vivienda ante el Tribunal Constitucional. Seguro que sus señorías, elegidas a dedo por los partidos políticos, les dan la razón, condenan a los especuladores y acaban con la limitación vital que padecen. Tan grande que impide que tengan una vida digna, como la de los miembros del Tribunal, los padres de la Constitución e incluso los suyos, entre los que me encuentro, que a su edad podíamos acceder a una vivienda sin hipotecar nuestra existencia.
Otro artículo a suprimir es el 14, un enunciado cuyo contraste con la realidad no es menos curioso: “los españoles son iguales ante la ley”. Se ve que, cuando abordaron más tarde la redacción del artículo 56, los padres de la Constitución habían perdido la memoria, las sesiones fueron tan largas y prolongadas que es de entender la contradicción. Aquí redactaron : “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Aparentemente, el error se podría corregir sin problema con un pequeño añadido en el artículo 14: “los españoles son iguales ante la ley, menos el Rey”. Pero no es solución, porque tampoco son iguales ante la ley otras 250.000 personas que están aforadas en España. La mayoría, 232.000, son los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen otro privilegio con la aberrante ley mordaza. El resto son jueces, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional, el de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y una enorme cantidad de políticos con cargo público. Todos ellos no pueden ser juzgados por un Juzgado ordinario como usted y como yo. Con lo bien que nos vendría a los periodistas estar aforados para impedir denuncias sin fundamento, presentadas solo para acabar con la paciencia, la moral y el dinero de los denunciados, a causa de investigaciones y publicaciones periodísticas. Lo sé por experiencia y padecen ese atropello otros muchos compañeros ahora mismo.
El aforamiento para los políticos nació con la moderna democracia parlamentaria en Gran Bretaña, cuando era necesario protegerlos de la presión de los grandes poderes de la época, como la Monarquía y la aristocracia. Se trataba de defender a la institución y a los cargos públicos, no a las personas, en una democracia que daba sus primeros pasos. Dos siglos después la situación se ha invertido. Son los políticos los que se han constituido en casta y suponen un peligro para la democracia. Ahora se trata de proteger a las instituciones de personas poco ejemplares. El ejemplo de los aforados es muy ilustrativo y los casos recientes, esperpénticos.
José Luis Ábalos recuerda a un personaje de una obra teatral costumbrista de posguerra, un truhan antiguo y casposo. Mujeriego, putero, embaucador, de voz y tono cazalleros, un caradura con traje y corbata, ese canalla que puede hacer gracia en la ficción, pero muy poca en la piel de un ministro socialista acusado de cobrar comisiones y enriquecerse con el dinero público junto a un grupo de compinches. No abandona el Congreso de los Diputados, arrastrando su soledad por los pasillos. Tampoco participa en la vida parlamentaria ni renuncia a su apetitoso sueldo para seguir aforado y enredar todo lo que pueda el proceso judicial. Solo lo puede juzgar el Tribunal Supremo.
Lo de Miguel Ángel Gallardo, también del PSOE, se engloba en otro género, el de la picaresca. Con el político extremeño la degradación de la figura del aforado llegó a extremos inconcebibles y constituye una narración inverosímil, si no llega a ser porque aparece fielmente documentada en los medios y en los documentos públicos. Imputado en el Caso de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por haberlo enchufado supuestamente desde la presidencia de la Diputación para acceder a un empleo, su estrategia para alcanzar el aforamiento es realmente sofisticada.
Un día antes de que la jueza decidiera dar luz verde al juicio oral, Gallardo renunció a la presidencia de la Diputación para ser diputado autonómico y lograr el aforamiento. Para ello tuvo que dimitir una diputada y renunciar a su sucesión cuatro personas que iban en la lista electoral. Todo un espectáculo público para ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Hasta los miembros de este Tribunal se abochornaron, al ser puestos en evidencia, y vieron fraude en la jugada. Pero Gallardo se guarda otra baza. Es el candidato socialista a la presidencia de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo mes. No llegará a ella, su cara en los carteles electorales es una gran baza para el PP y Vox, pero el aforamiento será corroborado, objetivo tan importante como el cargo.
La situación de Carlos Mazón resulta patética, sin que llegue a provocar compasión o pesar, porque son las víctimas quienes lo merecen, más de doscientas personas fallecidas en un desastre previsible en su comunidad valenciana, mientras el presidente se pasaba la tarde en un restaurante con una supuesta periodista. El dirigente del Partido Popular parece el actor de un clásico cinematográfico, el del boxeador que se mueve torpemente en el cuadrilátero, aturdido por los golpes, hasta hincar la rodilla en la lona. Una sonora derrota profesional, preámbulo de otra humana aún más despiadada que lo arroja a una espantosa soledad.
Pero antes de la brutal y definitiva caída Mazón resiste como puede, aferrado a la toalla del aforamiento que le arrojan desde una esquina del ring, que impide que sea investigado por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, una árbitra justa y ejemplar en el combate jurídico amañado para el expresidente.
Estos son tres casos recientes de aforamiento y de célebres aforados a los que también podríamos denominar amorrados, porque morro no les falta. Pero hay una lista interminable de políticos de diferentes partidos, cargos e ideologías, si es que los corruptos tienen alguna más allá del dinero y el poder. Eluden al Juzgado que les corresponde y lleva el caso al que se les vincula para ser juzgados por otros tribunales superiores, el Supremo o los Superiores de Justicia, donde ven más posibilidades de salir bien parados, poniendo así en evidencia a sus componentes.
Lo hacen porque los políticos son los responsables de nombramientos en esos tribunales a través del sistema de cuotas de partidos que rige en el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo o el Constitucional, además de en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Como la Constitución, la separación de poderes también es papel mojado en España, donde en los años 80 Alfonso Guerra presumía de haber asesinado a Montesquieu: el poder judicial está sometido al legislativo.
El gobierno de Pedro Sánchez anunció una reforma del aforamiento para limitarlo, pero es dudoso que la aborde siquiera y menos que se llegue a aprobar con la actual situación política. Y no parece tener voluntad alguna de abordar el problema, más bien de poner un parche y limitar los daños de una escandalosa injusticia que desprestigia enormemente a la Justicia. Seguirá habiendo amorrados, este sistema perverso parece tan blindado como la Constitución que lo ampara. Y si hubiera reforma sería tibia, no acabaría con el amorramiento eliminándolo de raíz ni tendría efecto retroactivo. Juan Carlos I puede respirar tranquilo. Es el Rey del aforamiento. No es igual a los demás ciudadanos ante la Justicia ni ante Hacienda.
La crisis de la democracia, amenazada por el auge de la extrema derecha que ya gobierna en muchos países, entre ellos el más poderoso de la Tierra, los Estados Unidos, se debe a factores externos, pero también internos. Demanda reformas radicales y urgentes para poner freno a su degradación, un agujero por el que se cuelan los ultras que ya la están carcomiendo. Pero ni están ni se les espera y la democracia se parece cada vez menos al gobierno del pueblo, que le está perdiendo aprecio. Y no solo los amorrados contribuyen a la desafección, aunque la exhibición impúdica de sus privilegios resulte especialmente irritante.
