Los sindicatos lamentan que el partido de Pumares anteponga el interés económico de una minoría y reclaman un acuerdo sobre el “derecho fundamental” de la llingua.
La presión social y política logró que en 2019 el Principado abaratara el precio de las matrículas, anticipándose a la bajada general que el Gobierno ha pactado ahora con las comunidades autónomas.
Sofía Castañón y José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Alu Ibérica, reclaman que la SEPI tome el control hasta que se encuentre un inversor privado.
Podemos e IU Asturies también exigen a la SEPI la “intervención inmediata” de la fábrica para evitar el ERE de extinción planteado por el administrador concursal.
