Asturies fue pionera en la introducción del ingreso mínimo vital

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

22.000 hogares reciben en Asturies el salario social básico. La cantidad económica depende del número de personas que vivan en ese hogar, siendo el mínimo 442, en el caso de una sola persona, y el máximo 772 euros, para hogares de 6 o más personas. Si bien el salario social básico se puede cobrar por un tiempo ilimitado, su percepción está condicionada a la suscripción de un programa personalizado de inserción laboral. Es decir, está lejos de la idea de incondicionalidad de la renta básica universal, pues el fin último del salario social es que esa persona termine teniendo un puesto de empleo. Sin embargo, puede seguir cobrándose de forma ilimitada si no lo encuentra. Esto no es común en otras rentas mínimas autonómicas, que suelen tener un tiempo límite. Vendría a ser pues algo parecido a un subsidio de desempleo sin fecha de finalización. Es compatible con otras ayudas sociales autonómicas y locales. Nadie se hace de clase media con el salario social, ni permite salir de la pobreza, pero supone una tabla de salvación muy importante para muchos asturianos y asturianas que se han quedado sin nada, cubriendo los mínimos vitales de las personas paradas de larga duración.

IU sería la impulsora del salario social durante su primer gobierno de coalición con el PSOE. Ya en 1989 desde la oposición había impuesto la introducción de un ingreso mínimo para personas paradas de larga duración, como condición para apoyar los presupuestos al PSOE. Ahora, sentada en el Gobierno, la coalición pretendía ir más allá. Quería convertir el salario social en un derecho subjetivo mediante una ley autonómica. Francisco Javier Valledor y Jesús Iglesias estaban en aquel momento al volante de la coalición de izquierdas, y Vicente Álvarez Areces lideraba el PSOE. “Tini no quería de ningún modo que se convirtiera en un derecho subjetivo. Se oponía tajantemente”, recuerda Manuel García Fonseca “Pole”, que por aquel entonces era Viceconsejero de Bienestar Social. El PSOE accedía a elevar la cantidad destinada al salario social pero no estaba dispuesto a convertirlo en un derecho subjetivo sin límite presupuestario que cualquier asturiano que cumpliera las condiciones pudiera reclamar. Los socialistas contaban además con el respaldo del PP, poco aficionado a este tipo de ayudas, y que también se oponía a que no hubiera tope en la admisión de demandantes. Sin embargo, la aprobación de la Ley era una condición impuesta por IU para blindar la medida, y que no estuviera así condicionada al presupuesto y el gobierno de turno. “Nos decían que aquello crearía vagos que vivirían para siempre de la ayuda. La información que sin embargo teníamos nosotros del País Vasco y Navarra es que la mayoría de los receptores no se alargaban más de tres años. Lo normal es que la gente aspire a mejorar sus condiciones de vida si tiene la más mínima oportunidad” apunta Fonseca.

“Tini no quería que se convirtiera en un derecho subjetivo. Se oponía tajantemente”, recuerda Manuel García Fonseca “Pole”, ex viceconsejero de Bienestar Social.

La tensión dentro del Gobierno se trasladaría a IU. Dentro de la coalición de izquierdas algunas voces eran partidarias de aflojar para evitar una ruptura del pacto de gobierno. El PSOE cedería elevando el presupuesto para el salario social. A cambio IU renunciaría a la exigencia de que fuera reconocido como un derecho subjetivo. “Ahí fue clave Churruca y la gente de IU de Gijón. Lanzaron una campaña por el salario social como derecho subjetivo y zanjaron la discusión interna dentro de IU” apunta el ex viceconsejero. Noemí Martín, primero diputada de IU y luego Consejera de Bienestar Social (2008 -2011) recuerda que el PSOE ofrecía un presupuesto de 15 millones. “Con ese dinero no habríamos podido hacer frente a la avalancha de solicitudes que llegaron con la crisis”, explica la ex consejera. La presión de CCOO de Asturies, en aquel momento liderada por Alberto Rubio, sería también clave, tanto con respecto al PSOE como en el seno de IU.

Finalmente la Ley del Salario Social Básico sería aprobada en octubre de 2005. IU ganaba la partida. Asturies cuenta desde entonces con una de las leyes más avanzadas a nivel autonómico. Al menos sobre el papel. Sin embargo en la práctica la aplicación del salario social siempre ha tenido grandes límites burocráticos que han dejado a muchos de sus potenciales demandantes fuera. Los atascos y el retraso en la tramitación de las ayudas han acompañado al salario social desde sus inicios, pero se multiplicarían con el inicio de la crisis de 2008 y el crecimiento de sus demandantes. Según Martín “Hay demasiada burocracia y falta personal. La gente puede llegar a tardar hasta un año en recibir la prestación. Eso pervierte su carácter de ayuda de emergencia. Además los retrasos desincentivan a la gente a aceptar empleos temporales. Si dejas de cobrar el salario para aceptar un empleo temporal puedes encontrarte con que a lo mejor tardas meses en volver a cobrar el salario social. Conclusión: no coges ese trabajo por miedo a estar luego meses tirado esperando a que se te conceda la solicitud”

Noemi Martín, ex consejera: “Hay demasiada burocracia y falta personal. Los retrasos desincentivan a la gente a aceptar empleos temporales”

Martín se muestra satisfecha con la Ley, a pesar de sus deficiencias en la aplicación. “Fue un salto cualitativo y se nota en las cifras de pobreza comparadas con la media estatal”, señala la ex consejera, en la actualidad trabajadora social y retirada de la política. Asturies sigue siendo uno de las cuatro regiones españolas con menos pobreza, pero esta ha crecido en la última década. El nuevo escenario económico aún agravará más esta situación. Desde las organizaciones sociales se lleva años reclamando más recursos para acelerar la concesión de las ayudas. En los próximos meses se verá de qué modo se va a relacionar el nuevo ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno con las diferentes rentas autonómicas.

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