El fracaso del neoliberalismo en Asturias

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

Asturias no levantará cabeza hasta que no se desprenda de la empresa pública. Ese fue el mantra que durante más de 30 años un nutrido coro de profesores de Universidad, políticos, empresarios y periodistas de reconocido prestigio nos repitieron machaconamente. La crisis de Asturias se debía a su excesiva dependencia económica del Estado. Éramos “INI-landia”, “Albania”, “el último país del socialismo real”… La industria pública, el papá Estado, nos había hecho a los asturianos holgazanes y acomodaticios, poco dados a arriesgar y emprender. Cuanto antes nos liberásemos de ese corsé, antes podríamos desarrollar una economía diversa, moderna y avanzada. Así de fácil, como suelen serlo las explicaciones basadas en una sola causa. Dato importante: gran parte de los que sostenían ese discurso no eran neoliberales derechosos, sino personas que se autoidentificaban como progresistas, en muchos casos incluso muy cercanos al PSOE.

Éramos “INI-landia”, “Albania”, “el último país del socialismo real”…

Llegados a 2020 apenas queda rastro de la empresa pública en Asturias, pero tampoco se ve por ninguna parte ese dinamismo empresarial que supuestamente habría estado taponando el sector público. En Asturias un emprendedor sigue pareciéndose más a alguien que pone cafés y cañas detrás de la barra de un bar, que a un startuper que opera en la economía digital y del conocimiento. La hostelería y el autoempleo han sido la principal tabla de salvación para muchos trabajadores que veían cerradas sus posibilidades de empleo en otros sectores. El mito del emprendedor contrasta con la realidad de un país en el que el Estado blinda a los rentistas inmobiliarios mientras sigue regateando las ayudas públicas a los autónomos obligados a cerrar por la crisis sanitaria.

El final de la minería supuso la ocasión de oro para probar la hipótesis del Estado tapón que lastraba el desarrollo del empresariado asturiano. Oportunidades para la “colaboración público-privada”, y en condiciones muy favorables para la parte privada, no faltaron. El balance que sin embargo arroja haber dejado la reindustrialización de las cuencas mineras en manos de la iniciativa privada, a la que se entregó el grueso de los Fondos Mineros, no puede ser más que desolador. Escasas apuestas industriales de largo recorrido y por el contrario demasiadas empresas que duraron lo que duró la subvención pública.

El metal es otra historia. Lo tenía más fácil que otros sectores gracias a la existencia de una moderna siderurgia integral que los trabajadores habían ido arrancando al Estado gracias a dos décadas de permanente movilización por el futuro de ENSIDESA.

Después de su privatización en 1997 la industria siderúrgica ha seguido siendo una fuente de empleo para miles de asturianos, pero ahora con los resortes del sector en manos de ArcelorMittal. La multinacional sigue en Asturias gracias a las generosas inyecciones de capital público que recibe sin más contrapartida que la promesa de no deslocalizarse. Acaba de enviar a 320 trabajadores a casa, sin empleo ni sueldo. ¿El motivo? Hacer huelga. Solo una empresa que se siente en una enorme posición de fuerza se permite un cierre patronal que es un auténtico pulso a sus trabajadores y a toda la sociedad asturiana.

En los años 80 y 90 Asturias dependía de las decisiones que se tomaban en Madrid, en el Instituto Nacional de Industria, hoy esas decisiones se toman en centros de poder todavía más alejados y sobre los que no existe ningún tipo de control democrático. Mientras otros países europeos como Francia o Alemania tuvieron la prudencia de conservar algunos paquetes de acciones públicas en industrias estratégicas, en España ese tipo de prevenciones no existieron. Con este desparpajo se refería en una larga entrevista concedida a La Nueva España el economista asturiano Álvaro Cuervo sobre su papel como asesor del Gobierno de José María Aznar: “Fui miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones del Gobierno a finales de los años noventa y fue una experiencia muy positiva. El criterio era muy sencillo: privatizar todo y cuanto antes”.

Los beneficios anunciados por Cuervo y otros defensores de las privatizaciones siguen sin notarse en Asturias dos décadas más tarde. Hoy la región tiene menos industria y más dependiente del exterior, siempre sujeta a la amenaza de cierres y deslocalizaciones. A pesar de ello, ni Cuervo ni ninguno de aquellos gurús han rectificado sus opiniones, que han seguido presentando como verdades científicas incuestionables ante auditorios complacientes, poco dados a formular preguntas incómodas o a practicar el saludable ejercicio de contrastar hipótesis con hechos.

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