Nortes ha tenido acceso al auto judicial, emitido por el Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid el pasado 27 de abril, que decreta la intervención por parte de “funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de la Intervención General de la Administración del Estado” de Alcoa.
La jueza dispone esta medida cautelar, a petición de los sindicatos personados en la causa por la venta de las plantas de Alcoa, por apreciar “la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos”.
Asimismo, el auto afirma que es posible “identificar una operación que evidenciaría la descapitalización de las empresas“, que pasaría por “detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos”.
Para Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CC.OO, es “una buena noticia, y un paso importante”. Para el sindicato, este paso debería ir seguido de “una intervención plena, en la que el SEPI controle no solo la parte económica, sino la organización productiva, que ahora mismo no existe, para que se garantice el futuro de la actividad”.
