Reformar un Estatuto de Autonomía no debería suponer ninguna experiencia traumática en un sistema autonómico y democrático que se dice consolidado. La reforma estatutaria es un proceso garantista y sirve para adaptarse a cambios institucionales, competenciales, desarrollar el autogobierno y dar respuesta a los cambios sociales.
En la lucha para lograr la oficialidá del asturianu siempre hemos sufrido la disonancia entre la sociedad y la Junta General. El asturianu como idioma es víctima de una situación de desigualdad histórica. No reconocerlo es ponerse una venda en los ojos. Podríamos analizar desde la represión en la escuela franquista, la tibieza institucional de las políticas de normalización hasta que hoy en día no se pueda defender una tesis escrita en asturianu. Frente a esta situación anómala de marginación y desigualdad histórica, debemos reconocer el gran trabajo militante que el movimiento por los derechos lingüísticos realiza desde hace décadas en diferentes ámbitos: asociativo, político, cultural, etc. Sin toda esa lucha no hubiese sido posible irrumpir de esta forma en la agenda política asturiana, ni llenar bajo un lema las calles de Uviéu y Xixón.
“Hoy nadie se plantearía la aprobación de una Ley de Igualdad o del matrimonio igualitario a cambio de rebajas fiscales”
Los derechos no se mercadean: se conquistan, se defienden y se protegen. El tablero político asturiano permite en esta legislatura que cuatro fuerzas políticas con posicionamiento programático favorable al reconocimiento de los derechos lingüísticos (PSOE, Podemos, IU y Foro Asturias) sumen los escaños necesarios para reformar el Estatuto de Autonomía. La teoría suena muy bien, pero la práctica demanda hacer política con mayúsculas y exige responsabilidad a los y las representantes de la ciudadanía asturiana en la Junta General. En primer lugar, creo que correspondería al partido mayoritario asumir el liderazgo propositivo en la reforma más allá de buenas intenciones verbales. Me atrevo a calificar de anormalidad democrática que el segundo partido de Asturias, el PP, no quiera sentarse en la mesa a hacer política. En mi opinión, Podemos e IU han mostrado madurez y altura de miras, exigiendo un calendario, con voluntad y capacidad propositiva y mostrándose abiertos a la negociación. El último actor, es Foro Asturias, su diputado fue acosado de forma deleznable por la extrema derecha reaccionaria, creo que es motivo suficiente para no ceder adentrándose en sinuosos caminos fiscales.
Quizás en una sociedad política madura cuando hablamos de derechos deberíamos anteponer el bien común a la propaganda electoral. Madurez política también implica combatir y aislar los discursos de odio. Es una pena que entre el ruido no haya tiempo para un debate sobre una reforma más amplia del Estatuto de Autonomía: modelo de oficialidá, quizás debatir sobre el 25 de mayo como Día de Asturias, introducir la figura del decreto-ley, reformar el artículo 25 con relación a la convocatoria de elecciones anticipadas y duración de la legislatura o debatir sobre los aforamientos. Quiero imaginar que hoy nadie se plantearía la aprobación de una Ley de Igualdad o del matrimonio igualitario a cambio de rebajas fiscales y creo que no es positivo mezclar política fiscal y derechos lingüísticos, quizás sea necesario reflexionar políticamente sobre esto.
Es el momento de estar a la altura, ni levantarse de la mesa ni dar pasos en falso, la política también demanda agotar tiempos y vías de diálogo. Las fuerzas políticas deben tener claro que la sociedad asturiana demanda un acuerdo. Fracasar sería un error histórico, una victoria para la minoría del odio. Frente al odio, conquistemos un derecho. Oficialidá, sin excusas.
