Uno de sus sobrevivientes estuvo en el PAV-DDHH de Asturias.
21 meses después de aquella barbarie (posteriormente sentenciado como Crimen de Estado), fuimos testigos y acompañantes del primer intento de retorno.
Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 el corregimiento de El Salado fue víctima de una de las masacres más atroces y violentas perpetrada por paramilitares, en complicidad con los estamentos militares.
Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, 450 paramilitares, apoyados por helicópteros, dieron muerte a 79 personas en estado de total indefensión.
Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, 7.000 habitantes, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma.
Y, ¿qué vimos 21 meses después? Lo contamos en su momento.
“2 de noviembre, Día de los Muertos… ¿Por eso se escogió la fecha? No, aunque tal efeméride fuese comentada por el cura católico que ofició la misa de retorno, como un acto de acompañamiento en el que también participaron representantes de la Alcaldía, de la Personería, de la Procuraduría, de la ONG de DDHH ANDAS, así como periodistas del departamento…
¿Y qué vimos al llegar?
Un pueblo fantasma, inundado por la manigua, desaparecidas por la vegetación sus calles, sus plazas, sus buenas casas, en los 21 meses de huida forzada de la población.
La historia: ha de tenerse en cuenta que estamos hablando de todo un corregimiento, el de Villa el Remedio, es decir, una entidad semimunicipal grande, que es más conocida por El Salado en alusión a sus aguas.
Un pueblo rico, altamente productivo, de tabaco y frutales, de gente laboriosa y social.
Este pueblo sufrió un primer desplazamiento en 1997, y en aquella ocasión los paramilitares “sólo” les mataron a cinco personas.
A los pocos meses los pobladores negociaron con las autoridades el Retorno protegido y pactado para que esas tierras, modos de vida, recursos y comunidad no se perdieran. Y regresaron, y reiniciaron sus vidas rotas por el desplazamiento.
El Gobierno, sin embargo, no les cumplió.
El 18 de febrero llegaron de nuevo los paramilitares y estuvieron tres días enteros cometiendo masacres increíbles. Mantuvieron a una niña de seis años atada al centro de la plaza sin beber ni comer en medio del sol inclemente… hasta que murió. Asesinaron y descuartizaron a 79 personas (a 48 de las cuales al tercer día, para aliviar el hedor, las enterraron a escasa profundidad en cinco fosas en medio del pueblo). Celebraron con licor y bailes sus hazañas mientras mantenían recluidos y horrorizados al resto de la población. Saquearon las tiendas, robaron los víveres, destrozaron el instituto de bachillerato, la casa de cultura, el preescolar…
¿Y los militares? El Gobierno seguía sin hacerse presente.
Finalmente obligaron a huir al resto.
¿Alguien puede creerse que tales bestialidades pueden hacerse durante tanto tiempo, con tal alevosía, complacencia y tranquilidad, sin que exista complicidad absoluta del ejército colombiano, que tiene sus bases a 5 minutos de helicóptero y a una hora de camión del Carmen de Bolívar? ¿La protección negociada con las autoridades no significó en realidad una mayor indefensión ante la barbarie paramilitar?
Nuevo éxodo. Y los sobrevivientes no tuvieron más remedio que desplazarse nuevamente girando errantes durante otros 21 meses, atreviéndose algunos a realizar denuncias del caso, y optando otros por la invisibilidad y el silencio, aterrorizados porque los papeles oficiales hasta el momento sólo provocan más muertes, más señalamientos para sus familias.
El retorno.
En 21 meses el camino se ha deteriorado con las lluvias. De los nueve carros camperos de la caravana que salió temprano de El Carmen de Bolívar, llenos de gente hasta los topes, a cada rato se atasca uno y hay que bajarse y sacarlo de las zanjas. El natural alegre de los costeños se va alterando en este viaje tan peculiar y las bromas de los conductores y ayudantes no logran la complicidad habitual de la mayoría.
Finalmente, en un recodo del camino aparece un cartel tapado por los arbustos, “bienvenidos al corregimiento de Villa El Remedio“.
A un costado señalan el cementerio, pero no se ve porque la maleza lo ha superado. En otro recodo una señora señala el lugar donde asesinaron y rajaron el vientre de su hijo.
Y en el lugar donde está el pueblo propiamente hay que desbrozar a machete caminitos para llegar a cada casa, destruidas las más, con pintadas e insultos paramilitares, vacías…
Un viejito recoge de la que fue su vivienda una muñequita, único superviviente.
¿Por qué vuelven?
Habitualmente el desplazamiento forzoso de poblaciones en Colombia no se resuelve con retornos, simplemente porque no hay condiciones. A la Alcaldía desde luego que le interesa “deshacerse” de tanta población desplazada que no tiene medios para atender… Pero ¿se dan condiciones especiales para el retorno al Salado? Parece que no todas, o casi ninguna.
El ACNUR no se ha hecho presente, aunque ha ofrecido algunas baratijas. El Gobernador del departamento no envió a nadie. La única “protección” internacional (de forma casual) es la de Pachakuti. La Red de Solidaridad Social, que es una instancia del gobierno, no ha llegado, pero en cambio Redepaz regaló una cruz de madera para la iglesia. Entonces, la decisión de Retorno Digno es arriesgada y es fruto también de la desesperación de la comunidad, que no sabe para dónde tirar y no quiere tampoco perder definitivamente sus tierras y su pueblo.
¿Qué hacer? En esta nota de campaña tratamos de hacer un señalamiento de responsabilidades pasadas y de lo que pueda ocurrir: están todavía en investigación los hechos ocurridos. ¿En investigación? ¿Acaso no están ahí mismo las fosas comunes, los testimonios de los sobrevivientes, los cientos de denuncias de diversas organizaciones?
En realidad, ¿cuál autoridad militar es a la que le corresponde responder por estos crímenes? Porque ese es el único miedo. De lo que ocurra en El Salado, antes y ahora, es responsable el Gobierno colombiano. De que prosperen o no las reivindicaciones, las denuncias de los pobladores, a razón de las leyes colombianas, es responsable el Gobierno colombiano. De que se restituyan los recursos, el centro de salud, el colegio, la casa de cultura, etc., es responsable el Gobierno colombiano, el gobernador de Bolívar, la Alcaldía de El Carmen.
¿Que qué cosa es el paramilitarismo en Colombia?
Pues es la misma barbarie de El Salado repetida mil veces, siempre, siempre para que las tierras y riquezas de los campesinos pasen a manos de los terratenientes.
Con el consentimiento, la complicidad, la cobertura, el apoyo decidido del ejército colombiano, que burla todas las leyes nacionales e internacionales, y destruye la nación a marchas agigantadas.
Y el desplazamiento, ¿qué cosa es?
Bajo ese nombre tan “suave” se esconde una tragedia masiva, que en Colombia siempre, siempre tiene raíces en el enriquecimiento de unos pocos, a costa de la vida de cientos de miles.
El desplazado es un personaje que es llevado a niveles de degradación social por quienes provocan bestialmente el desplazamiento y por las autoridades que no cumplen la Constitución y las leyes, y ocultan los padecimientos de millones de personas.
Corregimiento El Remedio. Carmen de Bolívar, a dos horas de Cartagena, la tacita de plata. Colombia. Noviembre 2001.”
Después, Lucho Torres, que lideró aquel primer intento de retorno (en el que nadie se quedó a dormir en El Salado), volvía con su gente a intentarlo meses más tarde, y algunos cientos de habitantes regresaron.
Lucho antes y después sufrió amenazas de muerte. Estuvo protegido 6 meses en Asturias, regresó a Colombia, volvió a España y recibió el refugio, pero no aguantó tanta tristeza y de nuevo retornó.
Una sentencia posterior obligaba al Estado a pedir perdón, a hacer un monumento de Memoria (que fue destruido), y a hacer un documental.
Los jefes paramilitares fueron “contando” los hechos, para acogerse a mayor impunidad. Solamente 15 de ellos fueron enjuiciados, y sólo un capitán de marina recibió escasa condena.
Mientras los paramilitares realizaban los hechos de terror, un helicóptero sobrevolaba el caserío disparando contra las viviendas.
Los crímenes se produjeron cada media hora mientras los pobladores estaban reunidos en la plaza bajo el potente sol y veían como la plaza se llenaba de cadáveres mientras los paramilitares festejaban.
Ni las tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5, al mando del coronel Harold Mantilla Serrano; ni las del Batallón de Contraguerrilla No. 31, al mando del Teniente Coronel Jorge Castañeda; ambas adscritas a la Brigada No. 1 de Infantería de Marina, al mando del General Rodrigo Quiñones; ni la Policía del Departamento de Bolívar o Sucre, hicieron algo para prevenir la incursión armada, mucho menos para detener la masacre. Su aquiescencia y complicidad con estructuras paramilitares fue mimetizada a través de los medios de información.
La sevicia paramilitar estuvo dirigida a causar el mayor dolor físico y mental para las víctimas y familiares quienes fueron reunidas en la cancha central del pueblo para “ser testigos” de ese acto de crueldad.
En enero del año 2006 la Asociación de Desplazados del Salado Bolívar (ASODESBOL) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) elevaron petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María. Petición que fue admitida por la Comisión.
“La Corte Suprema de Justicia determina que todos los delitos que están relacionados con la masacre El Salado deberán ser declarados de lesa humanidad”
De la mano de ANDAS y con su presidenta Gloria Mansilla, una delegación asturiana visitaba El Salado, 21 meses después de la masacre.
En el año de la masacre de El Salado, el Plan Colombia, que suponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, estaba comenzando.
Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. La embajada de EEUU caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”, en su primer informe sobre El Salado.
La Corte Suprema de Justicia determina que todos los delitos que están relacionados con la masacre El Salado deberán ser declarados de lesa humanidad.
Otra sentencia, determinaba responsabilidades en el Ministerio de Defensa, la Armada y Policía por dejar en estado de indefensión a los pobladores de El Salado, también ordenaba al Centro Nacional de Memoria Histórica que realice un documental en el que difunda la realidad de lo ocurrido en la masacre de El Salado.
