El fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
Constitución de Cádiz (1812). Artículo 13.
En los últimos días estamos escuchando a distintos “cerebros”, que solo atienden por el oído de la derecha, poner el grito en el cielo porque “esto no puede ser”. ¿Qué no puede ser? El Ingreso Mínimo Vital.
La ofensiva contra esta conquista de la democracia y la justicia social en nuestro país tampoco debería sorprendernos. Son los mismos poderes fácticos, la misma derecha política y mediática que está culpabilizando al movimiento feminista y a las manifestaciones del 8-M de las muertes causadas por el coronavirus (obviando que aquel día había miles y miles de fieles en misa, decenas de miles de hinchas en campos de fútbol, una convención de Vox en Vistalegre…).
No puede ser, decía, dicen, que “esa sopa boba” (así se refieren a un ingreso mínimo que ayudará a salir de la pobreza a cientos de miles de familias en situación de extrema necesidad) vaya a costar 3.000 millones de euros a las arcas públicas. Parece que las vidas (salvo las de los “no nacidos”) de las personas más vulnerables no importan. No les importan. Pero, ¿recuerdan lo que nos costó rescatar a la banca durante la anterior crisis? 66.577 millones, según el Tribunal de Cuentas. Unos cuantos ingresos mínimos vitales, sin duda. Solo en “salvar” Bankia se fueron 22.427. Sí, Bankia, la caja de las amistades del Partido Popular, en la que tantos metieron la mano.
No debería sorprendernos (aunque cueste lo suyo creerlo) porque son los mismos herederos del franquismo represor que ahora glayan reclamando ¡libertad! Los mismos, por cierto, que orquestaron el linchamiento contra los sindicatos de clase durante la anterior crisis.
Reclamo la memoria. ¿Por qué se puede salvar a la banca y no hacerlo con las personas? Pues sí. Fue lo que hizo Mariano Rajoy como presidente, cuando el Partido Popular gobernó nuestro país entre 2011 y 2018. A los pocos meses de llegar al Ejecutivo impuso una reforma laboral asfixiante para la clase trabajadora cuyos objetivos no eran otros que la devaluación salarial, facilitar y abaratar el despido, el debilitamiento de la negociación colectiva, el incremento del poder empresarial en detrimento de la representación legal de los trabajadores… a mayor gloria y beneficio de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales.
Mientras tanto, fruto precisamente de esas políticas antisociales, impuestas por la derecha política para satisfacer a la derecha económica, y alentadas y aplaudidas por la derecha mediática, la desigualdad y la pobreza se disparaban en nuestro país. Imágenes de personas buscando comida en los contenedores de las grandes ciudades dieron la vuelta al mundo. Las de personas desahuciadas de sus hogares no se quedaron atrás.
Pero hubo mucho más: la derecha aplicó sangrantes recortes en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia), en las prestaciones por desempleo, en las pensiones, a los salarios de las empleadas y empleados públicos…
Para rematar la ofensiva, y en “previsión” de la ola de protestas que iban a desencadenar esas medidas, con Comisiones Obreras a la cabeza, incluyendo la convocatoria de dos huelgas generales, el Partido Popular se sacó la “ley mordaza”, concebida para acallar y penalizar la justa y pacífica reivindicación ciudadana.
Lo sabemos por experiencia. Hay maneras y maneras de afrontar una crisis. Sufrimos aquella y ahora estamos viendo cómo, desde el primer gobierno de coalición de izquierdas, se encara de otra manera esta que enfrentamos: atendiendo la emergencia sanitaria, procurando no dejar a nadie atrás con medidas paliativas como los ERTE para evitar despidos o el ingreso mínimo vital, reconociendo el valor del diálogo social… Colocando al Estado como escudo.
Y los sindicatos, CCOO particularmente, como primera organización de este país, estamos siendo actores principales. Pese a que fuimos criminalizados se nos privó de recursos económicos legítimos, sufrimos campañas desmedidas de descrédito y vimos reducido -con las reformas laborales- nuestro poder contractual en las empresas. Seguimos representando a millones de trabajadores y trabajadoras y siendo influyentes para defender otro modelo social, más justo e igualitario. De hecho, varias de nuestras propuestas iniciales han sido recogidas y puestas en marcha, como, por ejemplo, que las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo que no hayan cotizado suficientemente cobren prestación, o los subsidios para empleadas del hogar, entre otras.
Aunque no es suficiente. Incluso hemos subrayado que, con ser un hito, el IMV ha llegado tarde y no colma nuestras aspiraciones. Queremos que el Congreso tramite, tras cuatro años aparcada, la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos por una prestación de ingresos mínimos, más ambiciosa que la ayuda que se acaba de aprobar.
Y sí, este Gobierno sigue teniendo importantes asuntos pendientes, como derogar la reforma de pensiones y la laboral -sus aspectos más lesivos son todos-, revertir los recortes y privatizaciones en el Estado del bienestar, enterrar la “ley mordaza”, una política efectiva de vivienda que de una vez por todas garantice el acceso a este bien básico, a este derecho constitucional que viene ahogando a las familias españolas desde que recordamos. Son muchos los deberes que quedan por delante: recuperar los derechos laborales arrebatados, apostar por unos servicios públicos de calidad o impulsar de manera decidida la intervención del Estado en el tejido económico, al menos en los sectores estratégicos, para que estén al servicio de la mayoría y no solo de los accionistas.
Es también esperanzador que Europa haya cambiado de registro y empiece a guiarse por la política y “no por el espíritu del Consejo de Administración de un banco” como ha escrito Sami Naïr. Lo veníamos exigiendo: con austeridad no vamos a salir de esta.
Y no hay otra alternativa: para llevar a cabo esas políticas que reclama la emergencia social que vivimos hace falta un sistema fiscal robusto, progresivo y redistribuidor. No queremos limosnas, ni donaciones ni filantropía, queremos justicia y equidad. Y no debería tardar.
