Para Carlos Fernández el 2020 ya estaba siendo extraño desde un poco antes de empezar. La mañana del 31 de diciembre de 2019 entró a vivir en un piso de Cáritas en Oviedo junto a Ibrahim, un marroquí de veinte años, al que conoció ese mismo día y con el que terminó pasando los meses de cuarentena haciendo ejercicio en el salón, enseñándole español y ayudándole a sacarse el carnet de conducir.
“Yo lo tenía todo”, cuenta este barcelonés de 50 años, monitor de defensa personal y exfutbolista profesional, “pero de la noche a la mañana acabé en la calle”. “Tenía una vida normal”, insiste, “era deportista; tenía estudios y trabajo”. Y de pronto se vio durmiendo en el albergue municipal de Avilés, a mil kilómetros de su casa, en una ciudad en la que no conocía a nadie y nadie le conocía a él.
“Me acuerdo de pasear con mi pareja y pasar cerca del albergue y ver a la gente…Y ves las pintas, y piensas mal”, recuerda ahora. Poco después de divorciarse tras una década de matrimonio, con una hija de doce años de por medio, Fernández conoció a una mujer asturiana, se enamoró y vino a vivir a Cudillero. “La cosa no era lo que yo esperaba”, lamenta. Carlos discutió y rompió con su familia de Barcelona y más tarde rompió también con su nueva pareja.
“Estas cosas yo las veía por la tele, pero nunca pensé que me fuera a tocar a mí”. Sin nada ni nadie que le acogiera solo le quedó el albergue municipal de Avilés: “En teoría entré para cuatro días, pero no sabía qué hacer después. Allí la gente va a dormir dos o tres noches y luego se van. Fue difícil, porque pasé de vivir muy acomodado a compartir habitación un día con una persona, otro día con otra…”.
Los cuatro días se convirtieron en un mes, y del albergue pasó a la casa de acogida de Valliniello, conviviendo con otras catorce personas:
“Creo que soy fuerte mentalmente, y lo llevé como pude. Tuve un trato cordial con la gente e incluso hice un amigo, un buen amigo. Es una persona de Santander con una historia parecida a la mía, que se divorció y de golpe y porrazo se quedó en la calle. Ahora ha encontrado trabajo y se va a ir a un piso…
Mira, en 49 años no había fumado jamás. Mi exmujer fumaba y yo nunca lo hice, pero en Valliniello empecé a fumar. Estás allí y todos fuman y por más fuerte que seas…Te ves envuelto ahí y empecé a fumar”.
Carlos no piensa en volver a Barcelona, “pues allí pagaba 600 euros por una habitación la última vez que estuve, y las cosas con mi familia no funcionan bien del todo. Aquí todo está más barato”. Ahora Carlos quiere reconstruir su vida en Asturias, una vida nueva para una persona distinta.
“Mi exmujer me lo dice mucho: `cómo has cambiado´. He visto que la gente cuanto menos tiene es más generosa. Lo que tenga te lo da. Esto me ha cambiado el chip y los estereotipos”.
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Ya desde antes de la emergencia social creada por la pandemia la precariedad y la pobreza eran un serio problema en Asturias, y un problema que empeoraba año tras año. Hace unas semanas se publicó el X Informe Anual sobre el Riesgo de Pobreza y Exclusión (AROPE) realizado por AEPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los datos del informe, recogidos en 2019, reflejan que Asturias presenta “el peor desempeño de cualquier comunidad autónoma en la última década”.
Y es que solo el año pasado la tasa de pobreza económica de Asturias creció un 57%. Eso supone que un 20,7% de los asturianos, uno de cada cinco, está en situación de pobreza: 9009 euros anuales por persona, 750 al mes. En cuanto a la pobreza severa, la de aquellos que no disponen de más de 500 euros mensuales, creció en 2019 en 64.000 personas, de un 6,7% hasta un 13,1. Y desde marzo hasta ahora las cosas no han hecho más que empeorar.
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Candela Herrera es la secretaria de Luar, una asociación ovetense que trabaja con jóvenes en situación de “exclusión severa, algunos de ellos sin hogar”. De los meses del confinamiento recuerda “un trabajo muy difícil. La administración tardó mucho en reaccionar, aunque hay que reconocer que era un momento difícil y se vieron desbordados. Fue una situación caótica”.
En los primeros días del estado de alarma en marzo el gobierno del Principado habilitó dos espacios de acogida especiales para que las personas sin techo pasasen la cuarentena: el polideportivo de La Tejerona en Gijón y un albergue juvenil en el Cristo de Oviedo.
“Muchas de esas personas sin techo no tenían acceso, porque no sabían o no se habían enterado”, recuerda Herrera, “no tenían forma de acceder a las ayudas. Nosotras íbamos por la calle y nos encontrábamos con gente que se había quedado tirada. Les trasladábamos su situación a la Delegación de Gobierno, pero allí tardaban mucho en contestar o daban respuestas que no solucionaban el problema. No era un tema de primera importancia”.
Manuel Carrero, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo, afirma que en Asturias hay “sobre 500 personas sin techo. En el confinamiento el Principado habilitó unos alojamientos temporales bastante precarios e insuficientes, que no cubrían las necesidades. Lo de La Tejerona en Gijón eran unos catres en la pista del polideportivo, y la gente estuvo ahí tres meses. No hubo soluciones dignas, estables ni suficientes. Yo personalmente he ido a estos centros a buscar alojamiento para personas que estaban en la calle, y no hubo manera”.
Tanto la Delegación de Gobierno como el Principado de Asturias, cuenta Candela Herrera, “daban por sentado que esas personas tenían libertad de elegir si iban al albergue o se quedaban en la calle. Esos albergues que se habilitaron pusieron una serie de condiciones que vetaban a personas con unas características que suele tener este colectivo. Por ejemplo, no podían ir a estos albergues personas que consumiesen drogas o que tuviesen problemas mentales”. En la práctica, concluye, “no tenían muchas opciones”.
Carrero comparte en buena medida su punto de vista. “El discurso oficial decía que todas las personas sin techo estaban en esos dos sitios, y no es verdad. La explicación que dio el Principado fue que las policías municipales hicieron una ronda y muchas de estas personas desaparecieron o se escondieron. Pero el problema fue que en el comité de emergencia que se formó entre la Delegación de Gobierno, el Principado y los ayuntamientos no estaban representadas las asociaciones que trabajan con estas personas y las conocen”.
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Quienes que se quedaron en la calle, sin poder acceder a los centros habilitados por el Principado, estuvieron en condiciones incluso peores a las habituales. En primer lugar, porque a ojos de la policía estaban incumpliendo la ley solo por estar en la calle. “Hubo muchas multas”, asegura Candela Herrera, “hasta tres por persona, y se las ponían con la excusa de que ellos habían decidido estar en la calle. Con esas multas lo que hacen estas personas es acumular deuda con la administración, y el día que consigan trabajo o ganen algo de dinero van a perderlo en pagarlas”. Las multas por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma eran, según un documento del Ministerio de Interior, de un mínimo de 601 euros en caso de que no hubiese “circunstancias concurrentes”. En caso de que “el infractor” mostrase “menosprecio” hacia el agente, la sanción se elevaba hasta los 2000 euros.
“Además”, continúa, “para evitar contagios se cerró en Oviedo el centro de día del Cano Mata. Allí es donde pueden ducharse y lavar la ropa. Esta gente tuvo que estar dos meses sin poder ducharse ni lavar su ropa”. Para Carrero, todo esto sugiere que “el Principado no tiene ninguna sensibilidad hacia este problema. Están instalados en la autocomplacencia de repetir que Asturias es la segunda comunidad con mayor número de viviendas sociales por habitantes. Y es cierto, pero no sirve de mucho si esas viviendas no son suficientes para cubrir necesidades”.
Unas necesidades que cada vez mayores y más acuciantes. “Desde marzo hasta ahora se han quedado en la calle en Oviedo unos 18 o 20 chavales de 30 años como máximo”, cuenta Herrera, “hay algunos a los que Luar les paga una habitación de alquiler, porque no hay otra forma de que consigan una vivienda”. Sus expectativas de salir adelante son ahora casi nulas.
“Es muy complicado, porque no han podido recuperarse en estos meses. Vienen de un mundo marginal y no tienen las mismas oportunidades. Todo les cuesta el doble y vuelven a caer al pozo. No se está pensando en las personas sin hogar. Son gente que está en la cuerda floja y se caen muy fácilmente”.
Diego Fernández Alonso, ovetense de 44 años, lleva una década viviendo en las calles de Gijón y durmiendo en los albergues de la ciudad. Es el presidente de la Plataforma Sin Techo Gijón, “un proyecto literario sobre la vida de un indigente en el que estoy yo solo”, y mantiene un blog en el que cuenta sus vivencias como sin techo y sus problemas con la administración. Sus preocupaciones sobre lo que ha pasado estos últimos meses son muy disintas:
“Yo no noto que haya más gente viviendo en la calle desde marzo”, cuenta, “pero sí echo en falta a mucha gente que vivía en la calle y conocía de antes y ahora no sé dónde están. Si pregunto por ellos en servicios sociales, aunque sepan quién soy yo y sepan que ellos son amigos míos o que les estoy ayudando, no dan información. Y ya se sabe que somos los mismos de siempre…”.
Asturias, pandemia, vivienda (II): Desahucios invisibles y una administración colapsada
