Asturias, pandemia, vivienda (I): “No se está pensando en las personas sin hogar”
En los últimos días de 2020, después de meses de toma y daca en el seno del Ejecutivo, se prohibieron los desahucios sin solución habitacional hasta que termine el estado de alarma. Para muchos es ya demasiado tarde. Y es que más allá de la miseria extrema de quienes viven en la calle, el verdadero rostro de la pobreza en Asturias, el más extendido y sangrante, es el de las miles de familias que viven en situación de “dificultad habitacional”. Esto es: dificultades para pagar el alquiler, familias enteras hacinadas en pisos minúsculos e incluso en habitaciones, viviendas insalubres e infraviviendas…
Existe una realidad que no figura en las estadísticas del Principado de Asturias ni de la Seguridad Social y que emergió a la fuerza en los meses del confinamiento:
“Fue tanta la gente que estaba en una presión tremenda por no poder pagar…”, recuerda Pilar Lobo, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo, “gente que trabajaba en B y en la economía sumergida, gente sin papeles. Es otro mundo, gente que está tratando de buscarse la vida con muchas ganas y que al llegar el confinamiento se quedó en una situación de precariedad terrible. Había familias completas viviendo en una sola habitación, y encima con la amenaza de que les echasen”.
Manuel Carrero, también de la PAH de la capital asturiana, abunda en el retrato de las personas que se quedaron desamparadas al decretarse el estado de alarma en marzo:
“La mayoría de casos que nos llegaban eran de familias monomarentales, de mujeres con dos hijos que, o habían perdido su empleo, o bien no podían seguir trabajando en la economía sumergida en empleos precarios. También personas que estaban en una situación de vulnerabilidad desde antes, y la pandemia la ha empeorado más aún”.
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Esa es precisamente la historia de Elsy Molina Bernal, colombiana de 40 años, en España desde hace 20. Divorciada en plena pandemia y con dos hijos de 9 y 5 años a su cargo. Molina era vecina de Oviedo hasta su desahucio del pasado 4 de noviembre, tras el cual ha debido mudarse a Posada de Llanera para poder permitirse un alojamiento. “Me mudé el 6 de noviembre en la miseria total: sin ingresos económicos, sin seguro, sin nada. Así nadie te alquila, pero he encontrado a una persona muy buena que confía en que le pague”, cuenta Molina. Sus problemas empezaron como los de otros miles de personas en Asturias:
“Ya en febrero teníamos una situación precaria. Tanto yo como mi pareja éramos autónomos y empezó a faltarnos el trabajo. Empezamos entonces a tener algún impago en el alquiler. Pagábamos 600 euros por nuestro piso en el barrio de Teatinos y en marzo, cuando llegó el confinamiento, la casera nos dijo que no había problema si no podíamos pagar. Pero la cosa empezó a agravarse, y en abril ya no entraba nada de dinero en casa. Es entonces cuando empiezo a moverme por asociaciones, a buscar asistencia social, a pedir ayuda en la cocina económica…Empiezo a gestionar el subsidio de 430 euros y logramos que nos ingresen ese dinero, para pagar facturas y mantener cuatro bocas. Mientras tanto, seguimos hablando con la casera y ella sigue aguantando, a ver qué pasa. A finales de abril la situación ya es muy precaria”.
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“El gobierno dijo, durante el confinamiento, que no se podía desahuciar con situación sobrevenida”, cuenta Lobo, “pero estas personas han tenido una presión, de mejor o peor manera, por parte de los arrendadores. Hubo una presión tremenda, con amenazas serias e incluso hubo gente que terminó dejando la casa por miedo”. Es lo que Manuel Carrero define como “desahucios invisibles, los de aquellas familias que dejan su vivienda ante las presiones de sus caseros y porque no pueden seguir pagando. El panorama es de emergencia habitacional”.
Las medidas tomadas en aquellos meses, tanto por parte del gobierno central como de los autonómicos, se aprobaron pensando únicamente en las personas que perdieron su empleo o que estaban en un ERTE a consecuencia directa del estado de alarma. Y eso supuso, cree Carrero, “dejar fuera a las familias que estaban malviviendo, que ya arrastraban deudas de antes y a las que la pandemia ha terminado de hundir. Y hablo de familias que tienen un DNI o una tarjeta de residencia, pero también se olvidaron de las familias migrantes en proceso de regularización. Estas, debido a su situación administrativa, no pueden acceder a ninguna ayuda”.
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A finales de abril, Elsy Molina acude a la PAH en busca de ayuda y asesoramiento, “y allí me tranquilizan, porque me dicen que no va a haber desahucio”. Al mismo tiempo, “la casera empieza a ponerse muy nerviosa , mi situación familiar se agrava y me divorcio. Poco después, mi casera denuncia a la persona que tiene el contrato, que es mi esposo, y a partir de que se levanta el estado de alarma empiezo yo mi guerra con los servicios sociales”.
Con lo que se topó entonces Molina fue con una burocracia exasperante y con una administración al borde del colapso, incapaz de enfrentar la avalancha de trámites atrasados por los meses de confinamiento: “La respuesta era `no tienes este expediente aquí´, o `no perteneces a Oviedo´ o `la compañera que te corresponde está de baja´”. La casera de Elsy empezó a acosarla para que pagase, “a mandarme gente a casa, a violentarme con los niños, y yo pasé mucho miedo”.
Acude a la policía, “y no recibo ningún tipo de ayuda. Hay un juicio rápido, pero ella sigue con las amenazas, sigue llamándome okupa, sigue con las agresiones verbales…En los servicios sociales tampoco me hacen ni caso, y ya en agosto la situación se puso muy fea, porque pasamos hambre. Pregunté por ayudas de emergencia y me dijeron que no había, que las buscase yo por mi cuenta en Internet. Y me puse a llorar, desesperada. Sentí mucha desconfianza por parte de la asistenta social”.
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Para situaciones como la de Elsy Molina aprobó el Principado en abril unas ayudas especiales al alquiler contra la crisis del covid. A finales de noviembre, según la Consejería, de las 7.682 solicitudes de ayudas extraordinarias de alquiler presentadas, se habían concedido 1.857, denegado 1.963, y estaban “pendientes de subsanación” 3.862. “Resolvieron muy pocas solicitudes, y tardaron muchísimo en pagar”, lamenta Pilar Lobo, “han llegado a muy poca gente”. Cuenta Carrero que “el Principado presumía de haber sido la primera comunidad en aprobar estas ayudas, pero siete meses después nos encontramos familias que no saben si su solicitud ha sido aprobada. Otras familias que han estado meses soportando la presión de los caseros, y no se les pagó hasta octubre o noviembre”.
Y otros casos aún más sangrantes, cuenta Lobo: “Hubo gente a la que le acabaron concediendo la ayuda al alquiler covid, pero cuando se lo notificaron ya habían dejado la vivienda por la presión del arrendador. Y otras familias no pudieron solicitar la ayuda porque su problema venía de antes, no era sobrevenido con la pandemia”. Para Carrero eso prueba que la administración se vio “desbordada, ¿cómo se pueden tardar siete meses en resolver una solicitud de ayuda de emergencia?”.
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Las semanas pasan, y Elsy Molina sigue sin saber qué será de ella y de sus hijos: “Ha habido muchas bandadas por parte de los servicios sociales. Yo seguía solo un salario de 430 euros, y daban por hecho que con eso tenía que vivir”. Ya durante el verano, a comienzos de septiembre, empiezan a llegarle cartas del juzgado avisándole de que el desahucio era inminente. Molina puede hablar con conocimiento de causa:
“Los desahucios en plena pandemia se siguen efectuando, y sin ningún escrúpulo”.
Y, mientras se acercaba el lanzamiento, la administración seguía sin ayudarle ni ofrecerle alternativas. “De la ayuda de emergencia”, asegura, “nadie me habló hasta que llegó el desahucio. Me la empezaron a gestionar después, cuando debería haber estado en octubre. Parece que no están abiertos ni a dar información ni a agilizar la tramitación para que la gente acceda a los organismos de ayuda”.
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La situación de las familias con una orden de desahucio es ahora “de espera”, como resume Pilar Lobo: “Hay una cierta suspensión del lanzamiento, y no saben cuándo van a venir a efectuarlo”. Para Carrero, si las administraciones “no garantizan el derecho a la vivienda va a haber un problema social similar al de la crisis del 2008. Porque las medidas son insuficientes”. Aunque se hayan paralizado los desahucios, “si no se toman medidas efectivas que ayuden a hacer frente al pago de los alquileres, si no se facilita una vivienda alternativa, sobre todo a las personas” es como si no se hubiese hecho nada.
Otro de esos “problemas invisibles”, relata Carrero, es el de la brecha digital. “Eso es tremendo”, cuenta, “pensamos que vivimos en una sociedad digital y es mentira. Al cerrar los registros presenciales durante el estado de alarma, las familias vulnerables tenían muchísimas dificultades para entender el papeleo burocrático que les exigían”.
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Dos días después de su 40 cumpleaños, seis policías y un juez echaron abajo la puerta de su casa. Era la mañana del 4 de noviembre, los hijos de Elsy estaban en el colegio y ella escuchó los golpes de un mazo contra la puerta.
“Rompí a llorar. Entró el juez, me leyó mis derechos y me dijo que era un desahucio. El juez me decía que era una okupa y yo le decía que no, que no era un okupa. Yo entré en la casa teniendo un contrato, estaba allí empadronada y había pagado la fianza. Pero me decía que era una okupa. Todo esto con la puerta abierta, con toda la casa mirando. Eso sobraba, era por meter terror. Fue traumático, y se lo dije al juez: ¿hace falta todo esto?”.
La intención del juez en un principio era darle dos horas para dejar la casa, “pero, al tener un precontrato para irme a una casa nueva, esta en Posada de Llanera, me dio tres días. Esa casa tuve que buscármela por mi cuenta y por mis medios, porque todavía no había recibido respuesta de los servicios sociales. Ahora he tenido que empezar de nuevo en otro concejo, con otro ayuntamiento. La asistenta social de aquí no da crédito a lo que me hicieron en Oviedo, que me echasen de casa teniendo dos hijos y las manos vacías”.
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“El gran problema es que no hay viviendas de emergencia”, lamenta Pilar Lobo, “en Oviedo, por ejemplo, no hay ni una”. Carrero corrobora su impresión: “Las familias que se van a la calle no encuentran vivienda ni pública ni social, porque no hay. En Asturias hay 9700 viviendas públicas, un parque ridículo comparado con la media europea”. En estos casos, la administración le paga a las familias desahuciadas, durante dos o tres meses, un alquiler que no sobrepase los 300 euros. “Y no hay alquileres a ese precio”, dice Carrero, “da la sensación de que han perdido todo el contacto con la realidad”.
“Ahora hay una familia solicitante de asilo que está buscando”, cuenta Lobo, “y por ese precio es imposible. Sin tener aval ni nómina es difícil. Entras en un círculo del que eres incapaz de salir, y es difícil encontrar una alternativa”.
“Con esto de la crisis y de los okupas”, dice Elsy, “alquilar un piso es casi peor que comprarlo. Hay más desconfianza de los caseros y mil trabas para alquilarlo”. Manuel Carrero lanza una propuesta para remediar este problema: “El gobierno del Principado debe actuar o bien avalando a esas familias ante los arrendadores, o bien alquilando directamente, en el mercado libre, y poniendo las viviendas a disposición de esas familias que, de otra forma, no tienen una alternativa asequible a su alcance”.
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Ya desahuciada, en un nuevo concejo, Elsy Molina tiene que volver a lidiar con la inoperancia y la lentitud de la administración. “Hasta que no lleve seis meses aquí no cuento como habitante”, explica, “y hasta entonces no me van a escuchar, no me pueden dar nada. Ya me dijeron que lo iba a tener muy difícil, que ahora está todo muy limitado. Hay una crisis grande de funcionarios, mucha limitación y hay que gestionar. Hay mucho protocolo, mucho papeleo, pero la vida continúa.”
