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La receta alemana para retener su industria gana partidarios en Asturies

Podemos quiere que Asturies imite a la región alemana de Baja Sajonia, que controla el 20% del accionariado de Wolkswagen.

Tras el proceso de privatizaciones iniciado durante los gobiernos de Felipe González y acelerado en los dos mandatos de José María Aznar, España es a día de hoy el país de la UE con menos empresas públicas. Una tendencia que podría empezar a revertirse con la reciente activación por parte del Gobierno, del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un fondo dotado de 10.000 millones de euros para el rescate público de empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Iberia, la antigua aerolínea del Estado, privatizada durante el primer gobierno de Aznar, es una de las principales candidatas a ser rescatada con dinero público, ante el desplome del tráfico aéreo con la pandemia.

El objetivo de este fondo es, en palabras del Gobierno, “aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas estratégicas”. El fondo contempla la posibilidad de que uno de los mecanismos de apoyo se base en la entrada de la SEPI directamente en el accionariado de empresas estratégicas en apuros, como un inversor más. ¿Qué consecuencias tendrá la puesta en marcha de esta herramienta para Asturies? CCOO, UGT y USO ya han reclamado la intervención de la SEPI para salvar a Alú Ibérica del cierre. IU y Podemos también. La formación morada ha destacado en Asturies por su defensa de una participación pública en el accionariado de las principales empresas asturianas. Uno de los ejemplos que inspira esta posición es el caso de Volkswagen y el estado alemán de Baja Sajonia. Con un 20% de las acciones, la región es el segundo accionista más importante del Grupo Volkswagen, el principal fabricante de coches del mundo. El objetivo de esta participación pública es blindar los intereses regionales en el consejo de administración del gigante automovilístico, por ejemplo frente a proyectos de cierres y deslocalización de las fábricas alemanas a otros países, asegurar carga de trabajo y buenas inversiones para las plantas ubicadas en este land alemán, así como aumentar los ingresos de Baja Sajonia cada vez que se reparten beneficios. No es una cuestión menor. En 2019 el grupo ganó 13.346 millones de euros. Baja Sajonia comparte la dirección empresarial con los principales accionistas privados del grupo Porsche, principal accionista, y Qatar Holding.

Sede de Volkswagen, principal fabricante mundial de coches, en Wolfsburgo, Baja Sajonia.

Wolkswagen fue una empresa pública desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. A partir de esa década se inició su privatización, muy contestada por los poderosos sindicatos alemanes, partidarios de seguir manteniendo el control del Estado. El acuerdo adoptado por los dos grandes partidos de la entonces República Federal de Alemania, la CDU y el SPD, y reflejado en la Ley Volkswagen de 1960, sería una privatización parcial y con muchas condiciones. La República se quedaría el 20% de las acciones y el estado regional otro tanto. El 60 % restante debía distribuirse de manera muy fraccionada entre accionistas privados. Además, para proteger a la empresa de opas hostiles de inversores capitalistas extranjeros, la Ley Volkswagen autoriza al Gobierno alemán y al Gobierno de Sajonia a nombrar a dos representantes en el consejo de vigilancia, en el que también están representados los sindicatos. Estas condiciones cambiaron parcialmente después de una sentencia en 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la UE contra Alemania, que obligaba al Parlamento alemán a modificar la Ley Volkswagen. Según el fallo judicial, favorable a los intereses del principal accionista privado, Porsche, la ley de 1960 restringía la libre circulación de capitales en la Unión Europea. En 2008 el Estado federal vendería sus acciones, permitiendo así a los accionistas privados aumentar su peso, e iniciaría la modificación de la Ley para ajustarla a la normativa europea. Una reforma que en todo caso ha permitido a Baja Sajonia conservar, e incluso aumentar, su participación empresarial, asegurando así cierto control público de una empresa que genera miles de puestos de empleo en este estado regional y en toda Alemania.

Fábrica Volkswagen en Dresde, capital de Sajonia.

La participación pública en las empresas no es una receta mágica e infalible frente a la supresión de puestos de trabajo, de hecho Volkswagen anunció en 2016 su intención de reducir 3.000 empleos en Alemania, pero sí introduce un cierto elemento de freno frente a cierres de plantas y deslocalizaciones. Francia, que también posee acciones en Renault y el grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS y Opel) anunció con el inicio de la crisis, su intención de dar prioridad a las fábricas francesas e iniciar la relocalización de su producción automovilística, algo que podría amenazar a los trabajadores españoles de marcas francesas. La apuesta del Gobierno PSOE-UP por reforzar el capital de la SEPI con 10.000 millones de euros parece inscribirse en este contexto internacional de desglobalización y nuevo proteccionismo industrial. La portavoz de Podemos Asturies en el Parlamento autonómico, Lorena Gil, ha celebrado la creación del Fondo para la SEPI porque “abre posibilidades de futuro para el mantenimiento del empleo y la actividad industrial en compañías actualmente en riesgo de cierre o deslocalización y, por tanto, abre posibilidades de futuro para Asturies que tenemos que aprovechar”. La formación morada aboga por un frente común a nivel político y sindical para asegurar que este fondo se destine a reforzar la participación pública en el sector industrial asturiano, de forma total o parcial, para evitar cierres de empresas como Alu Ibérica y reforzar la participación en la gran industria asturiana con riesgo de deslocalización.

Lorena Gil interviene en el pleno institucional. FOTO: Iván G. Fernández

Desde Podemos Asturies se insiste en que países como Francia y Alemania llevan tiempo con estrategias de relocalización industrial orientadas a que plantas industriales que operaban en terceros países vuelvan a desarrollar su actividad industrial dentro de sus territorios. La portavoz de Podemos Asturies, ha manifestado que España “estaba siendo una anomalía” en relación a la participación pública en el sector industrial, “lo que nos hacía más débiles en el terreno económico”. Desde Podemos abogan por tener una cartera de participaciones industriales que generen un dividendo social, ya que los rendimientos de las inversiones se ingresarán en el Tesoro Público y podrán ser reinvertidos para apuntalar la reindustrialización asturiana y asegurar la creación de empleo de calidad. Alú Ibérica es a día de hoy la empresa ubicada en Asturies que tiene más papeletas para ser intervenida por el Estado. Mientras crece el consenso en torno a esta opción, el ejecutivo autonómico presidido por Adrián Barbón guarda una posición ambigüa, tratando de evitar tanto la confrontación con los sindicatos, partidarios de la entrada de la SEPI, como con el Gobierno de Pedro Sánchez, que aún no se ha pronunciado.

Diego Díaz Alonso
Escrito por

Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

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